Culiacán, Sin.- Hubo un momento decisorio del rumbo que tomó esta crisis de seguridad que padece Sinaloa.
El 16 de agosto de 2024 renunció la fiscal del estado luego de que la FGR señalara públicamente fallas en la investigación del asesinato con que inició la narcopandemia. Rubén Rocha tuvo que ceder ante la presión de la opinión pública.
La sustitución de la fiscal dependía de un filtro, un consejo de participación ciudadana, que debía seleccionar a cinco de entre 10 aspirantes para que el gobernador eligiera posteriormente a uno de ellos. Ese consejo opera bajo la hegemonía de un grupo de empresarios.
Se postularon como aspirantes los dos vicefiscales de la fiscal renunciante, que habían sido parte de la fallida y sospechosa investigación condenada por la FGR, Zulema Sánchez y Dámaso Castro. El consejo, bajo influencia empresarial. no los eliminó. Rubén Rocha nombró a quien quiso, la vicefiscal Zulema Sánchez pasó a ser la nueva fiscal.
Nadie podía tener menos calificación que quien era parte de un equipo descalificado por la FGR y sospechoso de haber hecho un montaje para dejar impune un asesinato. El otro vicefiscal aprobado para integrar la quinteta finalista es el mismo, Dámaso Castro, que hoy es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hubo posibilidad de que el nuevo fiscal hubiera sido alguien independiente pero el consejo no actuó como contrapeso.
Pudo haberse iniciado una etapa de profesionalismo y reconstrucción de la fiscalía para investigar y perseguir el delito o, al menos, se habría hecho sentir la presencia de un contrapeso al gobernador y la opinión pública hubiera tenido un logro concreto que motivara la participación ciudadana.
Rocha puso a quien quiso y condujo 19 meses de crisis hacia la impunidad y la gobernanza criminal.
Dos son los errores del grupo de empresarios que decidió no ser contrapeso.
Uno, el desdén por las instituciones. Creer que su negociación en corto con los gobernantes sustituye el fortalecimiento de la fiscalía.
Dos, creer que los gobiernos no necesitan contrapesos sino solo colaboradores.
Las mejores prácticas y las experiencias exitosas muestran que son imprescindibles tanto las instituciones fuertes y capaces como los contrapesos que evalúen, critiquen, denuncien y obstruyen las malas acciones gubernamentales.
La mayor demanda de la población de Culiacán a los empresarios es “elevar la voz y exigir fuertemente al gobierno”, según encuesta de Lexia.
La aquiescencia de algunos empresarios posibilitó el narcogobierno.
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