Ya son varias las investigaciones, artículos y publicaciones que dan cuenta de cómo altos funcionarios del régimen obradorista ofrecen información a EU a cambio de ser vistos como aliados y no como amenaza.
Lo sabíamos por la investigación de tres periodistas del New York Times (Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer), publicada el 27 de junio, en la que sus fuentes confirmaron que al menos una decena de funcionarios de alto nivel, la mayoría morenistas, buscaron acercamientos con Washington para congraciarse antes de que las investigaciones los alcanzaran.
El audio dado a conocer el lunes por el periodista mexicano Héctor de Mauleón confirma lo publicado en el Times. Se escucha a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ofrecerle a supuestos agentes del FBI ayuda sin condiciones, incluso les dice: "Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad". Mesas que, por cierto, manejan información que tiene el carácter de confidencial y de Estado.
En la misma conversación expresa, preocupada y nerviosa: "¿Me están diciendo que me quieren llevar de extradición?", después de que sus interlocutores le advierten de posibles acciones legales.
A la gobernadora, señalada de ser investigada por autoridades norteamericanas, le cancelaron la visa el 10 de mayo de 2025, después de que cancelaran la de su entonces esposo, Carlos Torres. Desde entonces se han filtrado a los medios audios de sus gestiones con abogados y representantes de agencias estadounidenses. El primero, del 21 de junio, la muestra con abogados que le explican cómo recuperar la visa; ella misma reconoció su autenticidad. En esta segunda filtración, también reconocida, aunque cuestionada por una supuesta edición fuera de contexto, ya no hay ambigüedad. Hay cooperación ofrecida, extradición, cargos y sanciones sobre la mesa.
Marina del Pilar desmonta así la farsa de un régimen que se presume protector de la soberanía nacional y acusa de traición a quien coopera con Washington sin su permiso, mientras una de las suyas lo ofrece de viva voz.
Hay registros de que diversas agencias de EU operan en México en coordinación con autoridades locales. No es un secreto, aunque el grado de apertura cambie según la administración en turno. Existe vínculo estratégico, al más alto nivel entre gabinetes de seguridad nacional. Existe intercambio táctico, de inteligencia y datos. Y existe apoyo técnico y de procuración de justicia, muy negado hoy por el régimen, que tiene que ver con extradiciones y entrega de presuntos delincuentes.
Es una realidad que el gobierno mexicano niega, reconociendo solo lo que llaman cooperación, separándola de todo lo que huela a subordinación, aunque en los hechos suceda.
Pero en los últimos meses hemos visto cómo periodistas de diversas fuentes documentan la negociación para salvar el pellejo. Es informal, fuera de vías diplomáticas, paralela a la oficial, y consiste en entregar información privilegiada, delatar socios, operadores financieros, mecanismos de financiamiento de campañas, dar nombres de otros morenistas aliados al crimen organizado. Todo para negociar reducciones de condena, inmunidad parcial o beneficios.
Las agencias estadounidenses tienen también su propia agenda en todo esto. Buscan por la vía alternativa acumular testimonios, grabaciones y registros financieros incriminatorios. Gracias a personajes como Marina del Pilar, las autoridades del país vecino ya saben qué funcionarios pactaron con qué cárteles. Buscando su propia supervivencia, los morenistas terminan entregándole a Washington información que se usará en contra del propio régimen.
La presidenta y el secretario García Harfuch ya salieron a quitarle peso a los audios. Lo que en realidad sucede es que el flujo de información ya se salió de control, y eso mete al obradorismo en un problema serio. No queda más que negarlo y aguantar. Mientras tanto, seguirán repitiendo que defienden la soberanía de nuestro país.
Recomendar Nota
