Aunque sea la consejera jurídica de la presidenta, en un país con Estado de derecho Luisa María Alcalde tendría que rendir cuentas por cientos de miles de giros cobrados en efectivo, enviados por el Comité Nacional de Morena encabezado por ella.
Luisa María Alcalde, aprendiz de comisaria de medios de comunicación y principiante de redactora de listas negras de periodistas, tendría que explicar por qué dispersó desde Morena miles de “apoyos sociales” a particulares, vía el organismo público descentralizado Financiera del Bienestar (Finabien).
El trabajo hecho por el periodista Eduardo Buendía, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), no se puede borrar con el chiste de la consejera presidencial de que se trata de “Mexicanos en favor de la corrupción y la impunidad”.
Lo que exime a Luisa Alcalde de rendir cuentas por probables delitos electorales y lavado de dinero es que pertenece a la casta intocable que gobierna México con patente de corso.
En junio de 2022 el CEN de Morena, con Mario Delgado a la cabeza, firmó contrato con Finabien para dispersar 252 mil pagos etiquetados como “apoyos sociales”, que estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024.
Es decir, reparto de dinero en época electoral.
Después de las elecciones y ya con Luisa Alcalde en la presidencia de Morena, ese partido volvió a firmar un contrato con Finabien para dispersar dinero, como lo prueban los contratos obtenidos por el periodista Buendía y dados a conocer por MCCI.
Si hubiera Estado de derecho, la consejera jurídica de la presidenta tendría que explicar.
Por ejemplo, explicar a cuánto ascendió el monto de dinero que repartió Morena a través de Finabien.
Especialistas que fueron consultados por el columnista Francisco Garfias, periodista serio e informado, estiman que Morena repartió, a través de ese mecanismo, alrededor de 600 millones de pesos.
¿Fue más, fue menos? Díganlo, porque los partidos políticos son entidades de interés público, subsidiados por los contribuyentes.
Morena repartió dinero con 140 mil giros enviados por Finabien, cobrados en efectivo, en época electoral, lo que es delito.
Durante la presidencia de Luisa Alcalde se renovó esa práctica, firmada por los representantes legales del CEN de Morena. Ni unos ni otros fueron reportados en los informes de fiscalización obligatorios que el partido debió presentar ante el INE.
¿De dónde salió el dinero que repartieron las directivas de Mario Delgado y Luisa Alcalde?
No se sabe. Y estamos hablando de cantidades estratosféricas. Son varios cientos millones de pesos de origen desconocido.
En los contratos firmados entre el CEN de Morena y Finabien no se especifica la cantidad de pagos ordenados, o el dinero que dispersó el partido de Luisa Alcalde, “por lo que el monto total que transfirió Morena sigue siendo una incógnita”, apunta el periodista de MCCI.
Un dato importante tomado del punto 4 de la auditoría interna de Finabien, observan los especialistas consultados por Garfias, es que en la dispersión de recursos se omitieron las acciones a que obligan los lineamientos para prevenir el lavado de dinero.
No se sabe de dónde vinieron esos recursos ni a quienes llegaron los 260 mil giros, de los cuales 140 mil fueron cobrados en efectivo.
Morena no entregó los contratos solicitados por Buendía a través de transparencia.
De violación a leyes electorales y lavado de dinero hablamos.
La cabeza de Morena cuando se cometieron esos presuntos delitos graves era la actual consejera jurídica de la presidenta: Luisa María Alcalde, aprendiz de comisaria de medios de comunicación y principiante de redactora de listas negras de periodistas.
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