Algo es seguro, la presidenta Claudia Sheinbaum nunca imaginó los términos en los que tendría que construir su discurso cuando está apenas en el segundo año de su mandato.
Lo que dijo y no dijo en el Monumento a la Revolución definirá su mandato.
Ante los suyos, decidió dar un paso más en la defensa de Rubén Rocha Moya y de los coacusados por la Corte de Justicia del Distrito Sur de Nueva York.
La lectura de la mandataria es que las acusaciones, como fueron anunciadas, son un acto injerencia extranjera y que podría tener como finalidad influir en las elecciones de 2027.
“Porque primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”.
Una frase reveladora, que establece con claridad que la presidenta de la República sabe, o al menos intuye, a partir de información de calidad, que son más los personajes que podrían ser sujetos de acusaciones desde Estados Unidos.
Lo otro, es lo que atañe a la política interna: el caso Rocha Moya está costando puntos a la popularidad presidencial y a la de Morena.
La semana pasada, la encuestadora Enkoll, en un trabajo para El País y W Radio, encontró un dato más que importante: 60% de los encuestados quiere que se extradite al gobernador con licencia de Sinaloa; 62% piensa que las acusaciones en su contra son creíbles.
¿Qué nos dice eso? Que el asunto está pegando en segmentos favorables, todavía a Morena y no solo en las franjas de respaldo a la oposición.
Las que han pasado, han sido las semanas más difíciles para la mandataria, la crisis que se desató en Sinaloa no ha hecho sino agravarse, para afectar a todo el ambiente público.
La decisión de defender a Rocha Moya está tomada, quizá porque es una suerte de cinturón de fuego que evitará que el daño se expanda.
El costo es ya alto y puede serlo más. ¿En realidad lo vale? ¿En serio la soberanía está ligada al futuro inmediato de un personaje cubierto de sospechas?
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