El colapso en el proceso de admisión de la UNAM provocó una reacción predecible: atribuir fallas operativas a un villano abstracto. Grupos y colectivos universitarios afines a la cuarta transformación suelen capitalizar el malestar de los aspirantes defraudados para exigir la eliminación del examen de selección, el ingreso masivo sin filtro evaluativo y la salida del rector. En su columna de El Universal, la ministra Lenia Batres se suma a esa lectura y sostiene que las irregularidades y la exclusión de aspirantes son síntoma de un diseño "neoliberal" que mercantiliza la educación superior. Su análisis, sin embargo, confunde la gestión de recursos finitos con la ideología, reduciendo un desafío pedagógico a un eslogan de campaña.
En primer lugar, calificar la escasez de cupos como un constructo “neoliberal” ignora la realidad operativa de las universidades públicas. Ofrecer educación de excelencia exige infraestructura, laboratorios y docentes capacitados; forzar un acceso irrestricto no democratiza nada, sólo masifica las aulas y degrada la enseñanza para todos. La falta de lugares no es culpa del mercado, sino de una restricción presupuestal y física tangible.
En segundo lugar, denostar el examen como filtro “neoliberal" desmantela la herramienta más objetiva para asignar lugares. Sin evaluación estandarizada, la admisión queda a merced de la discrecionalidad, promedios heterogéneos de bachillerato o rifas. Ignorar la preparación previa en carreras exigentes —medicina, ingeniería— sólo traslada la exclusión al interior de las aulas, con más reprobación y deserción.
Finalmente, Batres critica que la UNAM subcontrate empresas privadas para aplicar exámenes, existiendo la supercomputadora Miztli, y lo lee como incapacidad tecnológica. Pero Miztli está diseñada para procesamiento científico masivo, no para logística de ciberseguridad, control biométrico o protección antifraude de exámenes en línea a escala nacional. Contratar proveedores especializados para evaluaciones masivas es práctica habitual de gestión de riesgos: la Suprema Corte contrata empresas tecnológicas para proteger servidores y digitalizar expedientes, y nadie habla de "privatizar la justicia". El debate no es si el proveedor es privado, sino si existen controles de supervisión adecuados.
La crisis de admisión exige procesos eficientes, no una épica anti-neoliberal que disfraza el privilegio de la trampa como conquista social. Al vestir de ideología lo que es un problema organizativo, Batres no defiende el derecho a la educación: condena a la universidad pública a administrar su mediocridad con buena conciencia.
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