Traición a la patria, un asunto tan grave que no hay condenas recientes al respecto y las más cercanas son tan lejanas que solo suenan en los nombres de Miguel Miramón y Tomás Mejía, con remate en el cerro de Las Campanas, en Querétaro, y el fusilamiento también para el embaucador: Maximiliano de Habsburgo.
Era 1867 y desde esa época no se atrapaba a traidores de semejantes vuelos.
Acusaciones, por otro lado, hay muchas, las de rigor, contra expresidentes, y que no llevarán a ningún lado como no sea el de inflamar el sentimiento contra los señalados.
Investigaciones de la FGR hay dos, la que se integra contra Joaquín Guzmán López por el secuestro y traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos y la que ahora atañe a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua señalado por la participación de agentes de la CIA en el aseguramiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la sierra Tarahumara.
Lo del hijo de El Chapo Guzmán es un expediente sin futuro, porque ya está colaborando con el FBI y la DEA, y la utilidad que tiene en las averiguaciones es más poderosa que cualquier reclamo desde México.
Lo de Jáuregui, quien ya está detenido, es distinto porque enfrenta, de igual manera, acusaciones de la institución que dirigió por omisiones graves en el mismo asunto.
Es decir, las fiscalías coinciden en que se cometieron delitos, y graves, pero en la escala hay una diferencia enorme: la que va de la sanción por el ejercicio ilegal del servicio público, por una operación con la participación de extranjeros, sin los acuerdos de colaboración respectivos, a la que, desde el ámbito federal, sostiene que la patria fue traicionada.
La carrera de Jáuregui, quien era uno de los aspirantes del PAN a la alcaldía de Chihuahua (aunque con posibilidades remotas de obtener la postulación) está terminada, pero las consecuencias de su detención, y sobre todo de la acusación de traición a la patria, apenas inician.
Lo que ocurrirá, de inmediato, es que se inhibirá la colaboración con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Ningún fiscal o policía se arriesgará a perder la libertad y mucho menos a ser acusado de una conducta que, además de la pena posible, que puede llegar a 40 años tras las rejas, lleva una connotación de repudio total.
Vendrá, es irremediable, la tajada política, la narrativa del blanco y del negro. La nación y la patria en peligro. ¿De veras?
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