La crisis de seguridad que vive México se explica a partir de cuando menos cinco elementos: 1) la enorme demanda de drogas del país vecino y la inmensa capacidad económica de su población para adquirirlas; 2) el flujo de armas de norte a sur y el aliento que desde el poder se da a su producción y venta; 3) la crisis de valores que atraviesan nuestras sociedades; 4) la debilidad de las instituciones mexicanas, y 5) la disparidad económica y política entre ambas naciones. Puede haber más factores; sin embargo, los anteriores son contundentes e inobjetables.
El tráfico de drogas cuesta vidas de adictos en Estados Unidos y provoca en México homicidios, desapariciones, corrupción y violencia. Además, la delincuencia que surge de ese negocio suele apropiarse de otras actividades ilícitas y lucrar con ellas. Incluso, no duda en incursionar en actividades legales. En la región, el problema es responsabilidad de ambos países y, si se quiere una respuesta exitosa y definitiva, se requiere la participación de los dos Estados.
Eduardo Guerrero, uno de los especialistas más serios en la materia, planteó hace algunos años una interesante propuesta que puede coadyuvar a resolver el problema: acordar con Estados Unidos y Canadá un tratado de seguridad para América del Norte. En una conferencia en Georgetown, Americas Institute, afirmó: “El primer paso hacia la integración norteamericana fueron los tratados de libre comercio. Se debe dar un segundo paso teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad”. En esa misma oportunidad agregó que se requiere una colaboración más estrecha y que deben priorizarse el diálogo, la transparencia y el respeto mutuo.
La misma idea fue sostenida por Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, quien, ante el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló: “El tráfico de drogas, armas y personas requiere un acuerdo internacional entre los tres países”.
Hace unos días tuvo lugar una cena de gala de la American Society of Mexico, organización que representa a dos millones de estadounidenses residentes en el país. En ella, su presidente, Larry Rubin, se refirió al tema de la seguridad y propuso un tratado binacional para combatir de manera conjunta al crimen organizado, cooperar para evitar el tráfico de fentanilo, combatir el lavado de dinero y enfrentar otros delitos.
México vive dos crisis: una de seguridad y otra de credibilidad. La nueva postura del gobierno estadounidense encontró terreno fértil en la debilidad de las instituciones de nuestro país y en los malos resultados de la administración anterior. La propuesta de “abrazos, no balazos” de López Obrador se convirtió en una atractiva oferta electoral para las bandas criminales, en una orden de permisividad para los gobiernos de su mismo signo político y en un mensaje de indolencia para el mundo.
La mala fama de México es real y se alimenta de miles de noticias que inundan las redes, así como de la deficiente conducción que Morena ha tenido en esta materia. Los integrantes del partido oficial no entienden, o no quieren entender, que con su actuación dejan numerosos flancos descubiertos y arrastran al país hacia un precipicio de problemas.
En ese sentido, la propuesta merece ser estudiada y puesta en marcha, tanto por las posibilidades de éxito que ofrece como por la despresurización que podría generar en la compleja relación con nuestros vecinos del norte.
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