En la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, realizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ocho de cada 10 participantes se manifestaron en contra o dejaron clara la incertidumbre que les genera una propuesta que puede convertirse en una herramienta de control de los medios.
En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar y Leonardo Núñez hicieron el ejercicio de analizar los datos y hay hallazgos muy interesantes.
El 66% de los participantes señaló riesgos como la censura y para la libertad de expresión; 34% considera la propuesta paternalista; 24.6% advierte del Estado como árbitro de la verdad; 14.8% ve a la CRT como juez y parte, y 11.5% reprocha que al gobierno no se le someta a los mismos criterios.
Las consultas en general sirven para poco, porque las decisiones están tomadas de antemano, pero será interesante conocer los argumentos con los que van a descalificar a las opiniones ciudadanas, porque eso es lo que ocurrirá.
Dirán: la mayoría se manifestó en contra, pero seguramente fue por inspiración de la derecha, e insistirán en que se tiene que tutelar a las audiencias debido a que no saben distinguir entre información y opinión. ¿En serio?
Lo más complejo, por supuesto, es esa predisposición para controlar el relato y sus términos, y más aún en un panorama en el que los problemas se le van sumando al gobierno cada día.
Los lineamientos no van a quedar como estaban planteados y habrá modificaciones en el tema de las multas, porque es lo que negociaron con la CIRT.
Pronto conoceremos los términos específicos de lo que sí se implementará, pero todo indica que en este caso, la Presidencia de la República no dará su brazo a torcer.
Para cómo están las cosas, sería prudente dar marcha atrás a un asunto en el que no habrá beneficio social alguno y sí se genera la percepción de que en realidad lo que se pretende es controlar o por lo menos fastidiar a los medios de comunicación.
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