En los años recientes, digamos desde que la 4T llegó al poder, daba la impresión, o, mejor dicho, tenía yo la impresión, de que la jerarquía católica estaba pasmada frente a la llegada de López Obrador y Morena al poder. Los obispos no fueron los únicos, pero sí probablemente los que menos supieron qué hacer ante la llegada del populista que se decía seguidor de Cristo, durante varios años. Un factor importante fue precisamente este discurso de AMLO, medio de la teología de la liberación, medio reivindicación izquierdizante, pero lleno de tonos tradicionalistas conservadores y retocado con aspectos esotéricos, de new age y neomexicanistas. No supieron qué hacer con él. A algunos les habrá parecido bien incluso que sacara una estampita del sagrado corazón de Jesús, en plena pandemia de Covid. Otro factor fue el acercamiento, más bien coqueteo, con algunos líderes evangélicos, incluido el Partido Encuentro Social. Luego los mismos protestantes le explicarían a AMLO que estos no eran representantes de toda la feligresía evangélica. El resultado fue que la jerarquía católica, insisto, quedó pasmada; no sabían qué hacer frente a este fenómeno político, que tenía supuestamente sus bases ideológicas en Benito Juárez y Jesús de Nazaret. Particularmente callados estuvieron los arzobispados de Guadalajara y Ciudad de México, los más importantes del país.
Las cosas comenzaron a cambiar con el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en la Tarahumara. Desde ese momento comenzó a gestarse una postura más abiertamente crítica hacia el gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, la Iglesia católica en el país estaba sufriendo de males congénitos y nuevos, que le impedían ser escuchada como antes: vocaciones a la baja, feligresía en disminución y además disputada por Morena, que hasta con ese nombre competía por el símbolo guadalupano. Propusieron un compromiso por la paz al que Sheinbaum no se adhirió. Los documentos del episcopado empezaron a ser más críticos, hasta que vino el centenario del inicio de la llamada guerra cristera, el 31 de julio pasado. Coincidentemente, y en política casi nunca hay coincidencias, vino de visita el secretario de Estado de la Santa Sede. El motivo, me parece, fue empujar la agenda eclesial. ¿Cuál es ésta? Creo que muy fácil saberlo. Se resume en un párrafo del documento citado y que aquí reproduzco: “Decimos con serenidad y sin agravio que la libertad religiosa en México aún no es plena. Persisten restricciones que no corresponden a una democracia madura: límites al ejercicio ordinario del culto fuera de los templos, la imposibilidad de que las asociaciones religiosas accedan a concesiones de radio y televisión, restricciones a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos ante la imposición de modelos educativos sin consenso, y una actitud de la clase política que no ha asimilado la nueva cultura constitucional de la libertad religiosa permaneciendo en un clima de desconfianza e impidiendo que los creyentes defiendan y vivan en el ámbito público sus convicciones. Más grave aún es cuando el Estado permite que el crimen organizado se convierta en un gobierno paralelo que controla territorios, donde se anulan todos los derechos humanos: secuestra, extorsiona, asesina, deforma la conciencia de los jóvenes”. Por si no quedara claro, más adelante el documento señala: “Nuestra patria vive fracturada por la violencia, la desaparición de personas, la impunidad, la desigualdad que humilla y una polarización provocada por estrategias políticas que causa la división entre los mexicanos y que ha hecho del adversario un enemigo”. Puede usted estar de acuerdo con ella, pero, me parece, la agenda es clarísima.
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