En entregas pasadas he insistido que la regulación jurídica sobre el desarrollo urbano es arcaica, limitada y, en la mayoría de los casos, inaplicable.
Supongamos, querido lector, que usted compra un terreno en determinada zona conurbada de la Ciudad de México. Por ejemplo, Atizapán, Naucalpan o Huixquilucan.
Una vez interesado en el terreno tiene que conocer el concepto de “uso de suelo” y la aplicación específica de esas normas al terreno en concreto. Entonces tendría que solicitar a la autoridad municipal el certificado de uso, donde podría aparecer incluso que el terreno respectivo es área natural protegida o, probablemente solo puede ser utilizado para muy determinada actividad comercial. Puede ser un restaurante, pero sin bebida alcohólica, o una tienda de autoservicio, pero sin autorización para vender productos farmacéuticos.
Supongamos que el dentro del uso de suelo autorizado en el plan de desarrollo respectivo señala la posibilidad de hacer un centro médico; probablemente no podría hacer cirugías o terapia intensiva porque el centro médico no es lo mismo que un hospital.
Si lo que quiere es solo hacer una vivienda probablemente sea lo más sencillo, pero nada impide que en los siguientes años le construyan un edificio de siete viviendas al lado de su casa porque el cambio de densidad no implica el cambio de uso de suelo.
Ya que usted ha decidió realizar una actividad autorizada en el terreno respectivo, es tan solo el inicio del viacrucis burocrático. Tendrá que solicitar y pagar la licencia de construcción, la cual solo podrá obtener si tiene la opinión favorable del agua, protección civil, vialidad, etc.
Una vez obtenida la licencia de construcción tiene que apurarse a terminar la obra porque la licencia tiene vigencia. No importa si usted tiene o no recursos suficientes para programar en el tiempo autorizado para culminarla.
Si se logra terminar la construcción entonces tiene que pedir a la autoridad la “terminación de obra”, y si quiere realizar alguna actividad entonces tiene que solicitar la licencia de funcionamiento que, por cierto, debe renovar cada año.
Un régimen administrativo tan arbitrario en una sociedad tan corrupta, simplemente, legaliza la extorsión gubernamental.
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