En entregas pasadas señalé que la soberanía de México debe basarse en un principio de colaboración con el resto de las naciones, particularmente nuestro poderoso vecino del norte. Soberanía sin colaboración es aislamiento.
También hemos señalado que la relación de algunas autoridades municipales o estatales, e incluso federales, con el crimen organizado no es ya una sorpresa para los mexicanos. De la complacencia nace la complicidad.
Ahora el tema es si la persecución penal de las organizaciones criminales puede efectuarse por autoridades distintas al país donde se encuentran sus cabecillas o la sede principal de sus operaciones.
Cualquier estudiante de los primeros años de derecho sabe que incluso nuestra legislación penal federal admite lo que se conoce como el principio de extraterritorialidad de la ley. Por ejemplo, cuando una conducta iniciada en un país produce sus efectos en otro.
Nuestro país incluso persigue de forma cotidiana los homicidios cometidos por mexicanos contra mexicanos en Estados Unidos; particularmente porque los agresores regresan a nuestro país después de cometer el crimen.
Supongo que la legislación norteamericana admite el mismo principio general y, por ende, de forma reiterada y sistemática han perseguido crímenes relacionados con el trafico de drogas en ese país cometidos por mexicanos. Criminales y autoridades de México han sido ya sentenciados por jurados en cortes federales de Nueva York. Muchos de ellos se declararon culpables para obtener sentencias menos gravosas.
Mexico también ha pretendido sancionar conductas iniciadas en Estados Unidos con graves afectaciones aquí. En el famoso caso "rápido y furioso", quien fuera un muy valioso y eficaz funcionario de la policía federal hoy se encuentra enjuiciado por “no haber evitado” el ingreso de armas provocado por autoridades estadounidenses.
Nada nuevo hay en el hecho de que Estados Unidos siga buscando sancionar desde su jurisdicción a quienes afectan con el tráfico de drogas a su sociedad.
Lo que vemos ahora, es que la justicia va alcanzando a quienes creían que la ley no les es aplicable por sentirse moralmente superiores. Esos, en la historia, son los peores.
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