Italia acaba de enviar un mensaje contundente sobre los límites de reformar la justicia desde el poder. El referéndum constitucional celebrado el 23 de marzo se convirtió en el primer freno institucional al gobierno de Giorgia Meloni. No fue una votación sobre procedimientos, fue un voto sobre poder: sobre quién define realmente la independencia de jueces y fiscales en una democracia contemporánea.
La reforma buscaba rediseñar el gobierno interno de la magistratura italiana. Proponía dividir el Consejo Superior en dos órganos —uno para jueces y otro para fiscales— y cambiar su composición para dar mayor peso a perfiles con respaldo político. Ello habría incrementado la incidencia del Parlamento y del Ejecutivo en decisiones clave como nombramientos, ascensos, evaluaciones disciplinarias y trayectorias profesionales dentro del sistema judicial. No era solo una reorganización administrativa: buscaba condicionar los incentivos de la judicatura y acortar la autonomía que permite a los tribunales actuar como contrapeso frente al poder político.
El segundo eje de la reforma era aún más sensible. En Italia, los fiscales forman parte del mismo cuerpo que los jueces y gozan de una autonomía considerable, lo que les ha permitido históricamente investigar a actores políticos de alto nivel. El gobierno defendía que el cambio era necesario para hacer el sistema más eficiente, reducir dinámicas corporativas y evitar una “excesiva judicialización de la política”. Sus críticos, en cambio, advertían que acercar a los fiscales al Ejecutivo podía debilitar la independencia de las investigaciones penales en casos políticamente relevantes.
El triunfo del “no” en el referéndum constitucional —con 54% de los votos— fue más que el rechazo a una reforma judicial. Expresó desconfianza hacia una clase política percibida como dispuesta a rediseñar, en función de sus propios intereses, las instituciones llamadas a controlarla. La movilización urbana y juvenil bloqueó el cambio y evidenció un reflejo democrático cada vez más extendido: ante el riesgo de concentración de poder, los contrapesos pesan más que las promesas –a veces dudosas– de eficiencia, modernización o ahorro de recursos.
La comparación con México es inevitable: mientras en Italia los votantes frenaron una reforma que amenazaba el equilibrio institucional democrático, en México avanzó una reforma que traslada la justicia al terreno político con efectos profundamente negativos. Lejos de resolver problemas históricos como la lentitud procesal, la burocratización o la desconfianza frente a la corrupción, la reforma los ha agravado y ha añadido nuevas capas de incertidumbre. La selección y permanencia de juzgadores quedaron expuestas a dinámicas de competencia política, debilitando la percepción de independencia judicial y volviendo la justicia más vulnerable a presiones y decisiones discrecionales. El impacto trasciende lo jurídico: erosiona la confianza en la imparcialidad con la que se aplica la ley y alimenta dudas entre ciudadanos e inversionistas sobre la solidez real de los contrapesos institucionales.
El episodio italiano no sólo ilustra los riesgos de reformar la justicia desde el poder; también deja una advertencia incómoda para México. Allí, una parte relevante de la sociedad logró frenar a tiempo un rediseño percibido como amenaza a los contrapesos democráticos. Aquí, la reforma judicial forma parte de una secuencia de reformas impulsadas desde el poder que han mermado derechos y debilitado gradualmente los límites institucionales democráticos sin encontrar frenos efectivos.
Los contrapesos no desaparecen de golpe: se erosionan cuando dejan de defenderse. Cuando el poder logra reformar sin resistencias las instituciones llamadas a vigilarlo y limitarlo, el desafío deja de ser sólo técnico o jurídico. Pasa a ser cívico y democrático. La tarea es impedir que la democracia se convierta en una simulación que termine encubriendo una autocracia.
Recomendar Nota
