La falta de regulación abre la puerta a fraudes académicos y otros riesgos; mientras la UNAM enfrenta irregularidades en su examen de admisión, la SEP se refugia en discursos vacíos
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La falta de regulación abre la puerta a fraudes académicos y otros riesgos; mientras la UNAM enfrenta irregularidades en su examen de admisión, la SEP se refugia en discursos vacíos
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta una crisis inédita tras detectar irregularidades en su examen de admisión en línea, donde un aumento atípico de aciertos encendió las alarmas de fraude masivo, dado que el examen esta vez se hizo a distancia. Expertos señalan que el uso de inteligencia artificial y plataformas que proveyeron respuestas en tiempo real pudieron haber alterado el proceso, obligando al rector Leonardo Lomelí Vanegas a ordenar una investigación técnica y presentar denuncia penal. El caso, que involucra a más de 158 mil aspirantes, expone la fragilidad institucional de la educación pública mexicana frente a la ausencia de regulación tecnológica.
Mientras la UNAM intenta blindar su prestigio, el gobierno federal presume modernización digital sin establecer normas claras que garanticen transparencia y equidad. El mismo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en conferencia de prensa advirtió sobre riesgos de salud mental por el uso excesivo de redes sociales en adolescentes, pero sus campañas se quedan en buenas intenciones y carecen de políticas efectivas que regulen algoritmos o protejan a los jóvenes.
Delgado Carrillo alertó que el uso intensivo de plataformas digitales puede derivar en depresión, estrés y hasta autolesiones en la población juvenil. Sin embargo, más allá de la advertencia, no existen medidas regulatorias que obliguen a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos ni políticas públicas que prevengan el impacto negativo en la salud mental. El discurso oficial reconoce el problema, pero se queda en diagnósticos mediáticos sin acciones concretas.
En paralelo al escándalo de la UNAM, el Congreso mexicano discute iniciativas para crear una Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial, impulsada por legisladores del PRI. La propuesta contempla la creación de una Agencia Nacional de Supervisión y un Registro de Sistemas de Alto Riesgo, con el objetivo de vigilar aplicaciones críticas de la IA en sectores como educación, salud y seguridad.
Aunque existen normas sectoriales que obligan a las empresas a explicar algoritmos, instalar mecanismos de apagado (“kill-switches”) y garantizar revisión humana frente a decisiones automatizadas, el marco regulatorio sigue siendo fragmentado y poco aplicado en ámbitos educativos. Esto deja a instituciones como la UNAM expuestas a fraudes tecnológicos sin respaldo legal sólido.
La Secretaría de Educación Pública, por su parte, organizó una consulta nacional sobre IA generativa en la que participaron más de 1.5 millones de estudiantes y 166 mil docentes. Los resultados revelaron que ocho de cada diez universitarios ya utilizan estas herramientas en su vida académica, lo que confirma la urgencia de una regulación que acompañe la realidad tecnológica y evite que la modernización digital se convierta en vulnerabilidad institucional.
La UNAM actúa con denuncias penales para proteger la meritocracia académica, mientras el Estado se limita a advertencias sobre redes sociales y a iniciativas legislativas aún en discusión. La narrativa oficial es demagogia cuando la falta de regulación abre la puerta a fraudes académicos y vulnera la equidad en la educación pública.
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