El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 llegó la semana pasada y con él una oportunidad para leer las prioridades reales del gobierno, no en sus discursos, sino en sus números. Si los analizamos con detenimiento, podemos concluir que México está construyendo un gobierno de papel: uno que reconoce cada vez más derechos en la Constitución, pero no necesariamente construye las capacidades institucionales para que esos derechos puedan ejercerse.
El artículo 1° constitucional no le pide al Estado simplemente abstenerse de discriminar, lo obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. En términos simples: el Estado no cumple al reconocer un derecho, cumple cuando genera las condiciones para que ese reconocimiento se convierta en realidad. Combatir la discriminación no consiste en declarar que todas las personas son iguales. Requiere prevenirla, atenderla, investigarla y generar condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos.
Podemos tener una Constitución impecable, leyes modernas y lemas que conectan con todos, pero si simultáneamente quitamos recursos, capacidades, mecanismos de participación y herramientas de verificación, esos derechos se quedan en el papel. Entre el derecho escrito y el derecho ejercido hay algo que necesita existir: instituciones que funcionen, servidores públicos con capacidad y presupuesto suficiente.
El caso del CONAPRED resulta ilustrativo. El proyecto para 2027 plantea asignarle apenas 1.1 millones de pesos, frente a casi 134 millones este año, una reducción cercana al 99%. La institución no desaparece jurídicamente, sigue existiendo en la ley, conserva su nombre, pero pierde buena parte de su capacidad para cumplir aquello para lo que fue creada.
Una transferencia puede aliviar una desigualdad, pero no necesariamente elimina la barrera que la produce. Si una persona recibe una pensión pero sigue sin poder acceder a transporte, empleo, justicia o espacios públicos accesibles, el derecho existe en el papel, pero la igualdad sustantiva sigue incompleta.
Un Estado constitucional no debería medirse por todo lo que promete, sino por cuánto de eso puede hacer realidad.
Recomendar Nota
