FGR recurre al delito de traición a la patria en casos ligados a EU y el narcotráfico

La presunta participación de agencias estadounidenses como el FBI y la CIA en operativos contra los cárteles en México ha llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a recurrir al delito de traición a la patria para fijar una postura de soberanía frente a las presiones de Washington y las advertencias del gobierno de Donald Trump.

Bajo los gobiernos de la 4T, la FGR imputó este inusual delito a Joaquín Guzmán López, uno de los cabecillas del Cártel de Sinaloa, y ahora al exfiscal general de justicia de Chihuahua, el panista César Jáuregui Moreno.

En el primer expediente, en 2024 responsabilizó penalmente al hijo de Joaquin “El Chapo” Guzmán por el secuestro y traslado aéreo del capo Ismael "El Mayo" Zambada --supuestamente en coordinación con el FBI --para que fuera juzgado en tribunales de Estados Unidos, en un acto que tanto Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum reprobaron y calificaron de “injerencia extranjera”.

En el segundo, se investiga a Jáuregui Moreno por presuntamente permitir la colaboración no regulada de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un mega laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua.

El recurso de esta figura por parte del Ministerio Público de la Federación (MPF) no registraba referentes de alto impacto en la historia jurídica moderna.

Uno de los casos emblemáticos en los que se invocó este delito data de 1945, en contra de Carlos A. Madrazo, relevante líder del PRI y posterior gobernador de Tabasco, a quien se acusó de formar parte de una red de traficantes de "braceros", como se conocía entonces a los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

De acuerdo con investigaciones sobre el político mexicano publicadas por El Colegio de México (Colmex) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Madrazo fue encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri, aunque finalmente fue liberado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Respecto a los cargos federales contra el exfiscal de Chihuahua, Samuel González, ex zar antidrogas y especialista en materia penal, considera que el punto crítico radica en determinar si la FGR ha acreditado con solidez técnica que las conductas corresponden efectivamente al delito de traición a la patria, o si el Ministerio Público está trasladando un conflicto de soberanía y un tema de cooperación internacional al terreno judicial.

Esta imputación de la FGR contra Jauregui, ya con Ernestina Godoy Ramos como titular de la institución, no es aislada, sino la confirmación de un criterio iniciado por su antecesor Alejandro Gertz Manero, en el caso contra Guzmán López. 

En aquel expediente el Ministerio Público de la Federación echó mano del Artículo 123 del Código Penal Federal para acusar de "traidor a la patria" al hijo de "El Chapo", no por un acto de conspiración contra el Estado mexicano, sino por la entrega de “El Mayo" Zambada a la justicia estadounidense.

Aunque en ese asunto, un juez federal negó en 2024 la orden de aprehensión contra Guzmán López por dicho ilícito.  

Sin embargo, la operación contra un narcolaboratorio en la sierra del Pinal, en Chihuahua --que se presume pertenece al Cártel de Sinaloa-, lleva ahora a la FGR a recurrir de nuevo a una acusación de traición a la patria. 

Se le atribuye al exfiscal haber permitido la intervención de agentes de la CIA en actividades de seguridad que correspondían a autoridades mexicanas, sin contar con la autorización federal necesaria.

La FGR sostiene que la intervención de agentes extranjeros en actividades reservadas a la Federación afecta la soberanía nacional, el pacto federal y la distribución constitucional de competencias.

No obstante, “no toda violación a la distribución constitucional de competencias equivale a traición a la patria”, advierte Samuel González.

Considera que el problema es si la FGR ha demostrado que existe una conducta que corresponda al delito de traición a la patria o si ha trasladado una controversia de competencia, seguridad y cooperación internacional al terreno “de un delito excepcional con consecuencias penales y políticas desproporcionadamente graves”.

Ante los casos de 1945 y de 2024, el experto señala que actualmente el desafío es que en el sistema constitucional mexicano se debe limitar rigurosamente el delito de traición a la patria.

González indica que 81 años después del caso Madrazo, “se tiene que evitar que la protección legítima de la soberanía se confunda con la protección de intereses gubernamentales o con la criminalización de controversias institucionales”.