El gobierno estadounidense contempla contratar agencias privadas para ubicar a migrantes deportados y exigirles el pago de multas impuestas por violaciones a las leyes migratorias
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El gobierno estadounidense contempla contratar agencias privadas para ubicar a migrantes deportados y exigirles el pago de multas impuestas por violaciones a las leyes migratorias
Mexicanos que ya fueron deportados de Estados Unidos podrían ser localizados en territorio nacional para exigirles el pago de multas migratorias pendientes, algunas de ellas por montos millonarios, como parte de una nueva estrategia de la administración de Donald Trump.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró esta semana una convocatoria para contratar empresas privadas que se encarguen de localizar fuera de Estados Unidos a personas que mantienen deudas por sanciones migratorias.
México figura entre los países prioritarios para esta búsqueda, junto con Guatemala y Honduras. Las compañías contratadas deberán ubicar a los deudores, confirmar su identidad, notificarles el monto pendiente y facilitar el proceso para cubrir la sanción.
La medida amplía el alcance de las acciones migratorias estadounidenses más allá de sus fronteras, pues las autoridades pretenden recuperar adeudos incluso después de que los migrantes hayan sido expulsados del país.
De acuerdo con documentos de CBP citados por medios estadounidenses, 66 mil 387 personas deportadas acumulan más de 423 millones de dólares en multas civiles migratorias pendientes.
Entre las sanciones se encuentra una multa de 998 dólares por cada día que una persona permaneció en Estados Unidos después de recibir una orden para abandonar el país. También existe una sanción de 15 mil dólares para determinados casos de ingreso no autorizado.
El tamaño de las multas puede crecer de manera considerable cuando la persona permanece durante largos periodos en territorio estadounidense después de recibir una orden de salida.
Un caso citado en la información oficial es el de una mujer mexicana con hijos estadounidenses, quien recibió recientemente una notificación de cobro por 1.82 millones de dólares.
La estrategia contempla que las empresas contratadas realicen labores de localización directamente en México y otros países.
Una vez que encuentren a una persona, deberán entregarle información sobre la sanción y orientarla para realizar el pago. También deberán proporcionar evidencia que permita demostrar ante las autoridades estadounidenses que localizaron al deudor correcto.
Entre los mecanismos contemplados para comprobar la identidad y ubicación de los migrantes se encuentran registros laborales, documentos públicos, recibos de servicios y fotografías del domicilio, de acuerdo con la convocatoria difundida por CBP.
Los deudores podrían cubrir el monto completo o establecer un esquema de pagos, según las opciones disponibles para cada caso.
La medida coloca a miles de mexicanos deportados ante un escenario distinto al que enfrentaban al regresar al país: la deuda migratoria estadounidense podría seguir siendo reclamada aun después de su expulsión.
El programa representa además un nuevo frente de la política migratoria de Trump, que ahora busca recuperar recursos directamente en los países de origen de los migrantes.
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