Las próximas elecciones en España se realizarán con una anomalía: 163,355 españoles no podrán votar.
El impedimento afecta a quienes adquirieron la nacionalidad por medio de la Ley de Memoria Democrática (2022).
La prohibición de ejercer el voto es un hecho sin precedentes en una democracia, y el Tribunal Supremo emitió esa medida cautelar ante la queja de la ultraderecha de que, con esas nacionalizaciones, se alteró el padrón electoral.
La denuncia alcanza también a las disposiciones administrativas que establecieron que los solicitantes de la también llamada Ley de Nietos debían contar con la presunción de buena fe, por lo que en muchos casos no se exigieron las probanzas necesarias para acreditar el exilio de sus abuelos.
Lo que está causando mayor impacto es la supuesta utilización del padrón de españoles en el exterior para distorsionar la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
Se parte de la hipótesis de que los españoles de la Ley de Nietos votarán por la izquierda y, en particular, por el Partido Socialista.
Es evidente que no existe una alineación semejante entre los descendientes del exilio, pero la clave está en el porcentaje.
En términos históricos, los españoles en el exterior votan en un 8%. Esto es, de los 163,355 empadronados, pero con prohibición de sufragar, solo lo harían unos 13 mil, cifra totalmente irrisoria en una elección general.
En cuanto al voto exterior, en el que no votan solo los herederos del exilio, en 2023 la participación significó un escaño más para el Partido Popular.
¿Qué pretende Vox? Sembrar la insidia y discriminar, abonando a un discurso que divide a la sociedad española.
Como señala Ramón Ramón en Agenda Pública, “la sospecha no vive de los números; vive de la repetición”.
La narrativa de la ultraderecha no es menor, aunque en términos electorales sea falsa, pues es probable que participe en el próximo gobierno, sobre todo si el PSOE no remonta, lo que parece muy difícil. Es ahí, ya con el mando, donde dará rienda suelta a todas sus perversiones.
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