Terminó en 36 horas la aventura del retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura; no así sus problemas y, mucho menos, los desenlaces que habrán de esperarse.
En primer lugar, destacan las indagatorias de la FGR sobre el homicidio de Melesio Cuén y el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con el expediente del caso, al que tuvo acceso el reportero Ignacio Alzaga de La Aurora, gatilleros del grupo criminal de Los Chapitos dispararon contra el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y ordenaron trasladar su cuerpo —o a quien estaba todavía herido— fuera de la finca San Julián, en Huertos del Pedregal. Luego vendría la instrucción de elaborar un montaje para simular que la muerte había sido producto de un asalto en una gasolinera.
Las consecuencias de esta historia siguen su curso: a partir de ese momento se establece con precisión el inicio de una guerra de larga duración entre las facciones más importantes del Cártel de Sinaloa y su colusión con diversos servidores públicos.
Pero el gran problema de Rocha Moya no radica únicamente en ese episodio, por lamentable que sea, sino en las indagatorias hechas en Estados Unidos. Estas derivaron en que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitiera una orden de captura en su contra, sostenida en evidencias que lo vinculan con bandas criminales. El centro de la acusación radica en las componendas para que el Cártel de Sinaloa apoyara la candidatura de Rocha Moya y actuara el día de la elección secuestrando a operadores electorales del PRI y amenazando candidatos para que renunciaran en tiempo real a través de la radio.
Una aspirante a diputada fue obligada a anunciar "las bondades de la 4T" al aire, mientras la presionaban con el secuestro de su hermano. Esta y otras piezas evidencian el terror de esos momentos.
Ese es el elemento central: tensiona la relación con agencias de seguridad como el FBI y la DEA, y estuvo a un paso de conducir a un desastre por el inoportuno, aunque breve, retorno de Rocha Moya a la gubernatura.
Recomendar Nota
