Una de las razones principales del movimiento revolucionario que nos llevó al régimen constitucional creado en 1917, y supuestamente aún vigente, fue la tenencia de la tierra. “La tierra es de quién la trabaja” y “tierra y libertad” son frases célebres que identifican la Revolución mexicana y a sus principales representantes.
La famosa reforma agraria y la creación, reconocimiento y dotación de ejidos son cuestiones jurídicas que aún más de 100 años después siguiente siendo regulados por nuestras leyes y analizados por nuestros tribunales.
En este siglo XXI, donde la mayor parte de la población de México habita regiones urbanas y en una de las más grandes metrópolis del mundo, el problema de la titularidad de la propiedad y la seguridad jurídica sobre la misma es, increíblemente, uno de los principales conflictos vigentes a lo largo y ancho del territorio nacional.
En los años 70 y 80 en el país se generaron las actividades de “paracaidismo”, organizadas políticamente para obtener más votantes en zonas urbanas independientemente de la afectación a los legítimos propietarios de los terrenos.
En la reforma constitucional durante el sexenio del presidente Salinas se modificó el “intocable” artículo 27 constitucional para permitir el paso de tierras agrícolas y ejidales a propiedades susceptibles de ser transferidas y registradas como propiedad privada mediante procedimientos que hoy ya son arcaicos.
En el año 2025 se denunciaron alrededor de 35 mil despojos ante las fiscalías del país. Ese número de denuncias solito consumiría para su investigación el total de agentes del Ministerio Público que apenas llegan a una décima parte de ese número.
El 27 de diciembre de 2013 se publicó la facultad constitucional al Congreso de la Unión para expedir la ley general que pudiera homologar la organización y funcionamiento de los registros públicos de las entidades federativas. Cuestión que, hasta la fecha, no ha acontecido.
En una época donde los mapas electrónicos en internet pueden ubicar de forma exacta cada metro cuadrado de la extensión territorial del país, la certeza jurídica y púbica de la tenencia de la tierra tendría que ser, por lo menos, una realidad.
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