La fórmula de la militarización de Culiacán es: 10 años de mandos militares en las corporaciones policíacas locales; muchos rondines y retenes de las Fuerzas Armadas federales, al mismo tiempo que mantiene a la policía municipal y estatal con escasa cantidad de elementos, mal pagados, mal equipados, mal capacitados y con los porcentajes más bajos de certificación policial y de aprobación de los controles de confianza, además de una fiscalía con los menores recursos financieros y humanos del país para investigar y perseguir el delito.
El 1 de mayo pidió licencia Rubén Rocha, tres días después vino García Harfuch y dijo que reforzarían su despliegue en el estado. Es la onceava vez que anuncia reforzamiento, de modo que la presencia militar en Sinaloa está superreforzada. El 9 de mayo, a plena luz del día fue acribillada una casa propiedad del Dr. Rocha. Los atacantes tuvieron tiempo de grabar su atentado para difundirlo en WhatsApp. Dejaron claro que la militarización superreforzada no les ha restado capacidad operativa ni control del territorio.
Poner mandos militares y retenes no compensa la debilidad de las policías locales y de la fiscalía.
La militarización ha fracasado.
Frente a la gobernanza criminal, la respuesta de Quirino-AMLO-Rocha-Sheinbaum-Morena ha sido la militarización. Al mismo tiempo que se han negado a emprender una reforma profunda de policías, fiscalías y el Poder Judicial.
La estrategia de la 4T no ha recuperado el control territorial ni ha reducido de manera sostenida la violencia. Lo que sí ha logrado es debilitar los controles democráticos y normalizar un régimen de excepción permanente. Como dice Jorge Javier Romero, la militarización ha funcionado como sustituto político de la reconstrucción estatal: en lugar de construir capacidades estatales civiles, se despliegan tropas; en lugar de profesionalizar policías, se amplía el ámbito castrense.
El atenuante pretextado para mantener mandos medios cooptados y policías municipales mal pagados, mal equipados y mal capacitados es que su jefe es un general.
La militarización sin fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública no ha creado paz y sí ha establecido un desorden donde los retenes se contradicen y en privado los mandos hablan mal de las otras corporaciones.
El resultado es paradójico: las fuerzas militares son cada vez más presentes y nos obligan a detenernos, a cambiar el polarizado, a abrir las cajuelas, pero cada vez son menos capaces de gobernar, de imponer la ley, de evitar asesinatos, balaceras, robos, que suceden en todos lados y a todas horas.
El estudio de la consultora Lexia aporta un hecho aleccionador: a 35 por ciento de la población de Culiacán le genera tranquilidad la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en las calles, pero a 46% le da miedo.
La militarización ha acompañado un proceso de intolerancia a las voces disidentes. El gobernador, secretarios, senadores, diputados y políticos morenistas insultan a los críticos. Los medios de comunicación les cierran espacios. Pocas excepciones. La eliminación de contrapesos institucionales se aplica con modalidades más autoritarias que las federales.
La sombra de los secuestros impunes de 2021 es una memoria latente. La presencia militar de entonces no impidió aquella violencia política. Hoy, la descalificación sistemática de los críticos parece una advertencia. El que disiente es enemigo de la patria. La autoridad militar es morenista.
Mientras no se fortalezcan las instituciones locales de seguridad pública, se confirma que la militarización, lejos de ser una solución transitoria, es un rasgo permanente del nuevo arreglo político autoritario.
En la militarización de Culiacán, no hay resultados, solo un despliegue cinematográfico que oculta instituciones locales, débiles y cooptadas.
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