Este sábado se cumplen 41 años del terremoto de 1985 y nueve del de 2017. Como cada 19 de septiembre desde entonces, se realizan ceremonias cívicas para conmemorar ambos acontecimientos, además de los simulacros y ejercicios preventivos que ya son costumbre en estas fechas.
Conviene, sin embargo, tener presente todo el año y no solo hoy, cuáles son las mejores condiciones para reaccionar frente a una catástrofe natural, ya sea un movimiento telúrico o un fenómeno hidrometeorológico. México se sitúa, por su geografía, en una posición de vulnerabilidad importante frente a este tipo de eventos, por lo que es indispensable no solo generar conciencia, sino contar con la preparación suficiente para hacer contención en una situación de esta naturaleza.
Vale la pena hacer una breve recapitulación de cómo se fue construyendo, de manera reactiva, el sistema de protección civil del país. El terremoto que azotó la Ciudad de México en 1957 es recordado, entre otras cosas, porque derribó al Ángel de la Independencia. Casi una década después, en octubre de 1966, el desbordamiento de los ríos Pánuco y Tamesí, provocado por el huracán Inés, dejó severas afectaciones en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. De esa emergencia nació la primera aplicación del Plan DN-III-E, el instrumento del Ejército para auxiliar a la población civil. Fue, sin embargo, el sismo de 1985 el que evidenció con mayor crudeza la falta de coordinación institucional, y ese aprendizaje doloroso dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil que hoy conocemos.
Ese patrón, el de construir instituciones a partir de la tragedia y no de la anticipación, sigue vigente. En marzo de 2015, en Sendai, Japón, los países miembros de la ONU adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, con vigencia hasta 2030. Su aporte central, señalado por especialistas en la materia, fue desplazar el énfasis de la gestión de desastres hacia la gestión del riesgo, es decir, dejar de organizar a los Estados en torno a la respuesta posterior a la catástrofe para colocar en el centro a la prevención y a la reducción del riesgo antes de que ocurra. Desde entonces, buena parte del mundo ha reorientado sus políticas públicas de protección civil en ese sentido.
Desde marzo de 2024, hace ya más de dos años, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, pensada justamente para transitar de un enfoque reactivo a uno centrado en la prevención y la gestión del riesgo, en línea con los principios del propio Marco de Sendai. La minuta se envió entonces al Senado, donde continúa sin dictaminarse. Dos años de parálisis legislativa sobre una ley diseñada, en el papel, para anticiparse a los desastres, es una paradoja que ilustra bien el problema de fondo.
No basta con simulacros los días 19 de septiembre ni con discursos conmemorativos. La experiencia mexicana, de 1957 a 2017, ha demostrado que aprendemos casi siempre después de contar a nuestros muertos, no antes. Si la nueva ley que busca poner el énfasis en el riesgo y la prevención sigue esperando dictamen en el Senado dos años después de haberse aprobado en la Cámara baja, entonces seguimos exactamente en el mismo lugar del que decimos querer salir. La prevención no puede seguir siendo, también ella, una tarea pendiente.
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