De la justicia a la diversidad: cuatro décadas de “guerras culturales” en Estados Unidos

Camilo Ruiz Tassinari

Apenas y recordaríamos a Pat Buchanan como una figura muy menor de la extrema derecha estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, de no ser porque, en la elección del 92, compitió contra Bush padre en las primarias del Partido Republicano. Cerca de tres millones de votantes le dieron su apoyo, a pesar de las controversias que lo seguían desde años atrás: había dudado del genocidio de los judíos y apoyado a criminales de guerra nazis llegados a Estados Unidos. Pero el legado de Buchanan no fue tanto el 23% de votantes que logró convencer, sino el discurso que dio en la Convención Republicana en la que confirmó su apoyo a Bush. Luego de hablar de los males que aquejaban a la nación, y que solo Bush podría mantener a raya —el aborto, la educación laica, los conflictos raciales, el ambientalismo—, Buchanan cerró con una famosa arenga: “En este país estamos en medio de una guerra. Es una guerra cultural, tan crítica para definir qué tipo de nación seremos como lo fue la Guerra Fría, puesto que la guerra es por el alma de Estados Unidos”.

Unos meses después, Bush perdió las elecciones ante Bill Clinton, pero Buchanan ganó su guerra. El término guerra cultural y su derivado woke estructuran nuestro modo de entender los cambios sociales y culturales. El término woke —despierto, avispado, pilas— se volvió un término despectivo, que la derecha logró asociar con un supuesto totalitarismo cancelador. (Su origen es antiguo: en los años sesenta designaba a los beatniks blancos que imitaban el habla y la música de los negros). Nadie sabe en qué consisten exactamente las guerras culturales estadounidenses, pero nadie puede prescindir del término para aprehender todo conflicto que tenga que ver con las reivindicaciones identitarias, desde la enseñanza de la literatura hasta los debates en torno a los derechos de las personas trans. Peor tantito: esas guerras culturales ya no son sólo estadounidenses. La influencia de Estados Unidos en el resto del mundo ha exportado las preocupaciones sobre la raza, la corrección política y la acción afirmativa al planeta entero: un verdadero Plan Marshall cultural-académico.

Traigo a cuento dos puntos. El primero es que toda la parafernalia terminológica con la que aprehendemos estos fenómenos —la guerra cultural, lo woke o, más reciente y de manera escandalosa, el marxismo cultural— es en sí una victoria, en el dominio de la cultura, de la derecha antimoderna estadounidense: las respuestas que escandalizan en América Latina y Europa son, irónicamente, elaboraciones del guión de Buchanan. Por tanto, el vocabulario de la guerra cultural es una guía conceptual pobre para entender los cambios y los debates —serios unos, otros paranoicos— en torno a la discriminación y las injusticias sociales. Lo segundo es que en una sociedad atravesada por profundas desigualdades sociales y, más importante, por ejes de discriminación excepcionales, como lo es la sociedad estadounidense, las políticas de reivindicación identitaria y de acción afirmativa han sido impulsadas por las élites empresariales y políticas. Ante la demanda de justicia, estas élites han entregado diversidad.

Vale la pena describir la batería de políticas y gestos inclusivos que uno encuentra cotidianamente en Estados Unidos. Empecemos con los land acknowledgements, que podríamos traducir como reconocimientos de desposesión: no es raro que un evento o conferencia —yo lo veo más a menudo en el cineclub— inicie con la lectura de un texto que reconozca que la tierra en la que uno se encuentra parado pertenecía a tal o cual comunidad indígena, que fue expulsada a la fuerza, y de la cual debería ser la propietaria legítima. Hasta hace dos años, las políticas de diversidad e inclusión estructuraban las interacciones sociales en las grandes empresas y en la gran mayoría de las universidades. Estas instituciones abrieron oficinas enteras, a veces con decenas de empleados, abocadas a acabar con la discriminación de género o racial.

Estas burocracias organizan cursos de sensibilización o talleres para entender el uso de pronombres personales y, si tienen un director enérgico, pueden influir en los procesos de contratación y en las decisiones salariales para reducir la brecha de ingresos. En las universidades que se comprometieron a fondo con las políticas de diversidad e inclusión, los estudiantes tienen que tomar alguno de estos cursos como parte de su programa, al tiempo que las oficinas de diversidad animan la creación de sociedades de estudiantes latinos, afroamericanos, asiáticos, etc. Hay que mirar con cinismo la batería de programas antidiscriminación, como poco más que un proyecto de las grandes empresas para legitimarse ante la sociedad. No es casualidad que hayan sido empresas hiperexplotadoras, abocadas a destruir los intentos de sindicalización de sus empleados, como Uber y Amazon, las que hayan dirigido estas campañas, y en cuyas oficinas se encontraba el destilado más puro del wokismo que tanto temen sus detractores.

Éste es un punto que es importante subrayar y que los críticos latinoamericanos y europeos de la importación del “veneno americano” no parecen entender: el tono, el estilo y el vocabulario de los vengadores de la justicia social del día de hoy son en esencia un invento del mundo empresarial estadounidense, con los grandes líderes de tecnología de California a la cabeza. Estas empresas enarbolaron estas políticas, en la primera presidencia de Donald Trump, como un modo de legitimarse ante una sociedad mayoritariamente liberal sin pelearse con ese gobierno y sin reducir sus ganancias. Los CEO no serían sólo tipos con trajes finos y salarios de millones de dólares: serían asimismo luchadores por la justicia social, defensores de los derechos de los homosexuales, enemigos de la National Rifle Association, etc. Estas campañas conllevaron un esfuerzo financiero significativo: un autor calcula que la filantropía gastó 23 mil millones de dólares en programas para combatir la discriminación racial tras el movimiento Black Lives Matter. Pero ocho años es mucho tiempo. Jeff Bezos, quien en el 2018 estuvo a la cabeza de la justicia social empresarial, hoy financia la biopic de Melania Trump. Las empresas dejaron atrás su interés por la justicia social más rápido de lo que la hicieron suya.

El fervor justiciero empresarial no es toda la historia. Para entender su otra dimensión, es necesario advertir una serie de cambios legales e intelectuales que afectaron, sobre todo, la educación. Mientras que países como Brasil y Sudáfrica han desarrollado políticas explícitas de acción afirmativa basada en cuotas raciales, en Estados Unidos la medida justiciera de las cuotas raciales fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1978. Sin embargo, la acción afirmativa en sí misma no lo fue, y el resultado de un fallo en particular complejo y dividido de la Corte no fue la prohibición de toda política antidiscriminatoria, sino un vacío político y burocrático en el que las universidades se dieron rienda suelta para implementar mecanismos para seleccionar estudiantes de acuerdo con los criterios que consideraran apropiados, mientras no fueran abiertamente raciales.

A inicios y mediados de los ochenta, en plena revolución neoliberal, el resultado fue que las universidades impulsaron la noción de la diversidad racial como un activo institucional. Aceptar a estudiantes afroamericanos y latinos no sería deseable como una medida de justicia social, porque estas comunidades han tenido históricamente poco acceso a la educación superior, sino porque tener un cuerpo estudiantil multicolor es bueno para la universidad en su conjunto: vivir con un chico asiático y compartir el pan con un guatemalteco prepararía a los egresados para navegar mejor el mundo. Esta concepción buscaba sublimar la desigualdad racial en el ideal de la diversidad. En la medida en que los estudiantes afroamericanos continuaron siendo admitidos a tasas más bajas que su proporción demográfica, era una concepción que tenía en su centro a los estudiantes blancos: serían ellos quienes, por decirlo con poca elegancia, habrían de beneficiarse de foguearse con las minorías.

Sospecho que todos los que hemos vivido en Estados Unidos y hemos estado en esos espacios académicos o profesionales en donde floreció el identity politics guardamos una historia truculenta e inaudita. Tengo muy presente la mía, porque tuvo lugar a una semana de mi llegada a Estados Unidos. En mi primerísima clase en el posgrado, discutimos un pasaje de El Capital sobre la colonización británica. Un colega afirmó que era absurdo buscar motivos económicos al deseo del hombre blanco de dominar al otro. Dos o tres de entre los asistentes a la clase respondimos que importaba situar el colonialismo en lógicas sociales y económicas concretas. La discusión me pareció acalorada sin ser agresiva. Sorpresa me llevé cuando un par de horas después me vi acusado, en redes sociales, de ser… ¡un supremacista blanco! En apariencia, afirmar que detrás del colonialismo podría haber otra cosa que no fuera el odio racial de los europeos hacia el resto del mundo me hacía portador de ese mismo odio. Mi error de novato consistió en asumir que el acusador era, él, blanco. En realidad, afirmaba ser indígena iroqués, afroamericano, judío e indígena mexicano (pero cuando le pregunté a qué grupo pertenecía, no me supo decir nada). Llegué a la jaula de los locos, pensé.

Con el paso del tiempo, me di cuenta de que estos episodios son poco comunes y que gente loca hay en todos lados. La denuncia, tanto en Estados Unidos como fuera, de lo que los franceses llaman le wokisme es poco más que un empaquetado de ansiedades reaccionarias: ansiedad ante la influencia de la academia anglosajona, ansiedad ante no hablar el idioma de las generaciones más jóvenes; en más de un caso, ansiedad ante la posibilidad de haber escrito o cometido una infamia y ser traído a cuentas. Con esto no quiero decir que el tono y la dirección de las distintas campañas por la diversidad y la inclusión sean fructíferas, ni que el sentido común de muchos espacios académicos sea fértil. En la medida en la que han adquirido el cariz de sentido común institucional, la función de estos actos y este lenguaje consiste en proteger a las instituciones y en amplificar el poder de sus líderes, verdaderos performers de la identidad.

Termino con lo más importante y con un punto que la gran mayoría de críticos de las guerras culturales estadounidenses rara vez menciona. En 1992, Los Ángeles fue el escenario del ciclo de revueltas y protestas más intenso en muchos años, luego de que cuatro policías fueran exonerados tras haberle propinado una golpiza a un muchacho afroamericano. Éste es el contexto del famoso discurso de Pat Buchanan, citado arriba. Buchanan relata su viaje a Los Ángeles como parte de su campaña electoral. Entró al cuartel, desde donde la Guardia Nacional y el Ejército coordinaban el aplastamiento de la revuelta; ahí conoció a cuatro soldados de veinte años, quienes le contaron cómo la noche anterior se enfrentaron a una turba armada que, al darse cuenta de que los soldados no se arredraban, dio marcha atrás. “Así como esos muchachos recuperaron las calles de Los Ángeles, cuadra por cuadra, nosotros debemos recuperar nuestras ciudades, recuperar nuestra cultura y recuperar nuestro país”. El discurso de la guerra cultural nació en medio de enormes protestas de la comunidad afroamericana, y revivió en el 2020 con la siguiente gran explosión de indignación. Pocas ideas pueden conectarse de manera tan transparente a un episodio político y a un sentimiento de ansiedad racial por parte de los que ven sus privilegios en riesgo.

Recuerdo a un colega latinoamericano quejarse de la “obsesión americana con la raza” y pensar: ¿y por qué no estarían obsesionados? La dominación racial que se vive en Estados Unidos es más brutal y transparente de la que existe en cualquier otra sociedad. Estructura los mercados laborales, los espacios urbanos, el sistema de justicia, la educación, la esperanza de vida; estructura incluso el mercado matrimonial. No se trata de que sea más poderosa que la clase, sino que la raza es la modalidad en la que se vive la clase, como dijo Stuart Hall. Es ingenuo esperar que un sistema de dominación tan amplio no hechice a la sociedad que lo produjo, a oprimidos y opresores, que no determine sus productos culturales y sus creaciones intelectuales. El resto del mundo, que consume estos últimos, ha importado también la interpretación reaccionaria de Estados Unidos, directo de Pat Buchanan: viviríamos una crisis de valores, expresada en una obsesión identitaria, en donde una turba de jovencites de género indeterminado, con medio cráneo rapado cancela todo producto que no trate de la raza y el género. Parece exagerado, pero las denuncias de buena parte de los intelectuales latinoamericanos y europeos escandalizados no distan mucho de lo anterior. Durante las últimas cuatro décadas, y hasta la segunda presidencia Trump, Estados Unidos buscó sublimar sus diferencias raciales a través de la diversidad. El resultado no fue ni la justicia ni la diversidad, pero sí la creación de una casta de burócratas de la inclusión, con un pie en el mundo empresarial y otro en la academia. Es posible que ese mundo haya llegado ya a su fin y, si es el caso, lo extrañaremos poco. Pero la noción de que este lenguaje era una expresión y una distorsión seguirá ahí, y producirá otras expresiones culturales, así como otros proyectos para superarlo.