Tarde o temprano, la nueva autocracia mexicana habría de visitar la cultura de la cancelación como medio para concentrar el poder a través de la censura, es decir, la supresión de información, ideas y formas diversas de libertad de expresión por parte de una autoridad. El origen de la censura se remonta a la antigua Roma, que en su marco jurídico adoptó la figura del censor, un magistrado investido de poderes para vigilar la moral pública y llevar a cabo el censo de la población. En su función antigua, el censor no sólo contaba ciudadanos, investidos de derechos superiores a la población, sino que también evaluaba su conducta y podía castigar faltas de moral pública.
En la actualidad, la cultura de la cancelación consiste, según Brad Lips, en “un mecanismo diseñado para moldear el debate público, aislar, retirar plataformas de información o intimidar a los oponentes”. Su objetivo final es imponer la conformidad del pensamiento y reducir el espacio para cualquier crítica que no cuente con la aprobación de los consensos mayoritarios de las élites progresistas. Este fenómeno se sostiene en la captura institucional por parte del Estado, no sólo de los entes públicos que lo integran, sino también de universidades, medios de comunicación y corporaciones tecnológicas. En este contexto, el tribalismo digital premia la indignación moral inmediata y el linchamiento virtual por encima de la presunción de inocencia, el diálogo y el debate informado. El Estado de derecho estorba.
La permisividad de los poderes constituidos de la República frente a la cultura de la cancelación pavimenta el camino hacia formas masivas de comunicación que explotan el colectivismo identitario y el socialismo cultural. Estas ideologías desplazan los derechos del individuo para priorizar narrativas colectivistas que, por su propia naturaleza, rechazan el pluralismo político y el derecho a disentir, al equipararlos con “daños emocionales” que deben ser extirpados. En este proceso, las dinámicas de las redes sociales mutan en estrategias alentadas por el Estado para silenciar la disidencia: exhibir, descalificar y cancelar se convierten en expresiones modernas del ostracismo político: “No te destierro, sólo te cancelo”.
Se cancelan no sólo proyectos como Texcoco, sino también ideas, opiniones, argumentos, iniciativas, la historia y sus referentes, las tradiciones y las libertades. Se cancela la persona humana. En un afán por “proteger al pueblo” se pretende purificar el debate y con ello se cancela lo que estorba al régimen. La transparencia es kriptonita pura para la autocracia mexicana. Con ello se profundiza en un mal que puede alcanzar incluso a las religiones y a la libertad misma. La paradoja “a la Popper” de la cancelación autocrática puede formularse así: “La autocracia que cancela todo aquello capaz de refutarla, termina por cancelar lo que necesita para sobrevivir”. En el extremo, la autocracia puede cancelarse a sí misma.
El uso político de la cultura de la cancelación tiene como fin reprimir actitudes o comentarios inaceptables para la nomenklatura. Cuando las consecuencias de una cancelación son desproporcionadas provocan un fuerte “chilling effect” o efecto gélido en las comunidades que dan curso a la libre expresión de sus ideas. El despido laboral, la terminación anticipada de contratos, el acoso masivo, la imposición de sanciones civiles y penales y la pérdida reputacional provocan que las personas se abstengan de ejercer un derecho legítimo, guarden silencio y oculten sus opiniones por temor a las represalias. Recordando a Timoty Garton Ash: “La censura más efectiva no es prohibir, sino lograr que la gente crea que es riesgoso”.
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