“En ciertas naciones que se creen libres, cualquier agente del poder puede violar la ley impunemente, sin que la Constitución del país conceda a los oprimidos el derecho de quejarse ante los tribunales. En estos pueblos no hay que considerar ya la independencia de la prensa como una garantía, sino como la única garantía que resta de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos”, Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 1840.
El imperio de la libertad de prensa, razonaba de Tocqueville, permitía que se generaran opiniones “muchas veces más permanentes que las que en otras partes se formaban bajo el imperio de la censura”.
Estas reflexiones vienen al calce porque México vive hoy en día momentos complejos en los que la libertad de expresión está en peligro frente a un creciente poder autocrático bajo el cual los pesos y contrapesos constitucionales ya no limitan el poder absoluto. Su consecuencia es que, sin libertad de expresión, se dificulta el ejercicio de las demás libertades. El reciente foro llevado a cabo el 9 de julio en la Cámara de Diputados, “La Defensa de la Libertad de Expresión”, es indicio de malestar cuando diputados federales de oposición consideran necesario manifestar que la protección constitucional expresada en el Artículo 6 no es respetada.
Las libertades de pensamiento en las sociedades donde impera la democracia liberal se caracterizan por una libertad de expresión que da curso a la libertad de prensa y se cumple el derecho humano a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, sin censura. Es la base de las sociedades libres y de la rendición de cuentas. En la democracia liberal un Estado que pretenda silenciar está obligado a justificar por qué calla la voz de los ciudadanos.
Sin libertad de expresión no hay democracia posible. Esta permite el diálogo, el debate y la crítica al poder sin represalias ni condicionamientos. Cuando no hay cortapisas a la información, la opinión pública puede tomar decisiones que, en el plano de equilibrio de poderes, hace posible la libre elección de los gobernantes. Se protege el derecho a disentir de quienes piensan distinto al Estado sin censura. La censura a la información se ha dado en México en diversos planos: eliminando al Inai sin causa justificada y recurriendo a auditorías a modo, reservando información pública sobre programas y proyectos federales, eliminando la evaluación de políticas públicas, desapareciendo las auditorías al desempeño, blindando información en aras de la “seguridad nacional”.
Se da la “paradoja del micrófono”: “Una democracia que castiga la expresión crítica, pero subsidia la propaganda oficial, descubre que no gobierna: solo monologa. Si solo monologa, deja de detectar errores. Y si no detecta errores colapsa, no por los errores sino por la ausencia de autocrítica y autocorrección”.
El asunto es delicado en un contexto donde impera la tiranía de la mayoría y en que se ahoga la voz de quienes disienten, de los que no acepta el conformismo. En las democracias liberales el mandatario está obligado a informar a la ciudadanía y el ciudadano tiene derecho a la información. No se reserva información de interés ciudadano y mucho menos si ésta aflige a la opinión pública y causa malestar. En las autocracias, se echa mano de la propaganda oficial para “informar”. Y para censurar se recurre a las hordas digitales y otros medios que se convierten en púlpitos para linchar con impunidad. La libertad de expresión cae en “fuera de lugar” dictado por el árbitro de un imaginario partido de futbol que decide y controla el VAR.
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