Hace dos años no cambió el poder en Sinaloa.
Hace dos años descubrimos quién lo tenía.
La detención de Ismael El Mayo Zambada no derrumbó al Estado. Derrumbó la ficción de que el Estado conservaba el control.
Desde entonces hemos visto un gobernador obligado a separarse del cargo temporalmente en medio de investigaciones sin mejorar la situación de Sinaloa en lo absoluto; el asesinato de Héctor Melesio Cuén aun sin aclarar; exfuncionarios llamados a colaborar con la justicia estadounidense; integrantes de la familia Guzmán negociando con Washington; una economía paralizada por la violencia y miles de familias obligadas a cambiar su forma de vivir. El miedo dejó de ser una sensación. Se convirtió en una rutina.
Pero sería un error pensar que todo comenzó aquel 25 de julio de 2024.
Las grandes crisis nunca empiezan con un disparo. Empiezan mucho antes, cuando la política renuncia a ejercer el poder que la sociedad le confió.
Sinaloa tuvo esa oportunidad.
Y la dejó pasar.
Cuando Quirino Ordaz fue postulado para gobernador, muchos entendieron que el estado estaba frente a una posibilidad distinta. No era el político formado durante décadas en las disputas locales. Venía de la iniciativa privada, de la actividad hotelera en Mazatlán, y su trayectoria pública había transcurrido en buena medida fuera de los grupos que durante años definieron la política sinaloense.
No era una garantía de éxito.
Era una esperanza.
Esa esperanza fue tan grande que incluso Manuel Clouthier desistió de encabezar una alternativa opositora. Había quienes pensaban que el cambio podía construirse desde el propio gobierno. Que Quirino tendría la independencia para fortalecer las instituciones, reducir la influencia de los poderes fácticos y devolverle al Estado el espacio que había ido perdiendo durante décadas.
No ocurrió.
Muy pronto quedó claro que el gobernador había elegido otro camino.
Su prioridad dejó de ser construir un liderazgo propio para Sinaloa y pasó a ser, mantener una relación de absoluta sumisión con el nuevo poder presidencial. La cercanía con López Obrador terminó definiendo decisiones políticas fundamentales. La sucesión de 2021 fue el punto de quiebre. Muchos de quienes construyeron su candidatura sintieron que habían sido abandonados. El proyecto de cambio quedó sepultado por una transición política que dejó más preguntas que respuestas. La posterior designación de Quirino como embajador en España terminó por alimentar la percepción de que aquella lealtad tuvo recompensa.
No escribo estas líneas para responsabilizar a un solo hombre por una tragedia que lleva décadas gestándose.
La relación entre política y crimen organizado en Sinaloa no nació con Quirino ni terminará con Rocha.
Pero la historia también juzga las oportunidades perdidas.
Y Quirino representó probablemente la última ocasión en que un gobernador podía fortalecer al Estado antes de que la crisis terminara por desbordarlo.
Hoy Sinaloa enfrenta mucho más que una guerra entre organizaciones criminales.
Enfrenta una crisis de autoridad.
Los estados no se pierden cuando el crimen se vuelve poderoso.
Se pierden cuando la política deja de estar dispuesta a enfrentarlo.
El próximo año se renueva gobernador en la entidad, pero con eso no será suficiente.
Sinaloa necesita recuperar algo mucho más importante que un gobierno: necesita recuperar la convicción de que el poder público debe responder a los ciudadanos y no a los intereses que los mantienen sometidos por el miedo.
Porque los capos no sustituyen al Estado, simplemente ocupan el espacio que la política decidió abandonar.
Ágora
El más reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico no es un botón de muestra de la corrupción e impunidad cuatroteísta, es la marca de la casa.
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