En las últimas dos semanas, la comisión técnica tuvo como objetivo abordar el problema de los resultados del primer ingreso a la licenciatura. El 31 de julio, la comisión determinó que, de los 158 mil 712 sustentantes del examen de admisión en línea, solamente 58 mil podrían presentar un nuevo examen de control, de carácter presencial. En ese corte se incluirían a quienes “aprobaron” el examen y quienes, no aprobándolo, tuvieron un puntaje igual o superior a los puntajes mínimos requeridos para cada carrera en los últimos cinco años.
Tras la decisión de la citada comisión, algunas voces públicas azuzaron a los estudiantes involucrados a defender su derecho a la educación superior proponiendo, en aras de la ‘igualdad de oportunidades’, que se suprima totalmente ese examen. Inclusive, muchos aspirantes están acudiendo al amparo de la justicia de la unión para reclamar ese derecho. Semejante posición oculta las variables responsables de la desigualdad y la cadena de causas que la originan. En este caso, se está en presencia de un problema estructural, no solamente administrativo, ni exclusivo de la UNAM.
El examen no genera las diferencias, las recibe. La desigualdad comienza mucho antes del bachillerato, ese nivel que abre la posibilidad de realizarlo. El Coneval ha estimado que solamente 53% de la población, entre 18 y 24 años, había podido concluir la educación media superior. En otras palabras, la mitad de los jóvenes queda fuera de la posibilidad de presentar ese examen.
El acceso al examen no es solamente un asunto de capacidad y esfuerzo individual. Es la historia acumulada de 18 años, agregada a la de los ancestros y donde se conjugan: lugar de nacimiento, la posibilidad de asistir a educación preescolar, la lectura a edad temprana, un vocabulario semejante al usado en las escuelas, la calidad de la educación, la situación laboral y el nivel de ingresos, la brecha digital, y la pertenencia, o no, a sectores históricamente desfavorecidos.
Cuando se divide a la población de 3-24 años (46.5 millones) por nivel de ingreso, en 10 porciones iguales (deciles), los dos primeros concentran un 34% que no asiste a la escuela. Por contraste, en el nivel más alto, solamente 276 mil personas no asisten; casi nueve veces menos que los deciles I y II, de la población más pobre.
En abril de 2026, 55% de la población ocupada trabajaba en la informalidad. Esto significa: ingresos variables, ausencia de seguridad social, horarios impredecibles y una menor capacidad para planear gastos educativos (INEGI).
En 2024, se reportó que el ingreso mensual promedio de las mujeres fue de 7 mil 905 pesos, es decir, percibieron 4 mil 111 pesos menos que los hombres[1]. Además, es común que los progenitores masculinos no cohabiten, ni colaboren en la manutención. Consecuentemente, para promover la equidad educativa, debe evitarse que la economía informal sea la única posibilidad de empleo de 45% de la fuerza laboral activa.
El grupo de pertenencia también afecta el acceso. En 2024, 33% de jóvenes (18-24 años) no logró superar la escolaridad de sus padres. Además, solamente 9% de estudiantes con padres que cursaron primaria, lograron acceder a los estudios profesionales[2].
La UNAM no ha permanecido inmóvil frente a la demanda. Su matrícula aumento 52% entre 2001 y 2024, pasando de 245 mil 316 a 373 mil 682 estudiantes. En 2025, atendió a más de 106 mil jóvenes en el bachillerato. Simultáneamente sostuvo 36 institutos, 13 centros y 14 programas de investigación. La UNAM no sólo sostiene la educación de calidad, también financia ciencia, cultura, hospitales, museos bibliotecas, observatorios, infraestructura nacional y extensión universitaria[3].
El examen de ingreso es la última estación de una trayectoria de marginación, padecida por ocho de cada 10 jóvenes durante 18 años. Resulta indiscutible la importancia de evitar esa enorme sangría de talentos, atendiendo al telón de fondo social, en lugar de suprimir dicho examen.
[1] ENIGH 2016-2024
[2] ENIGH 2016-2024
[3] UNAM, Rectoría (2024). PDI 2023-2027
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