La revelación pública del accidente en el que perdieron la vida dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos en el estado de Chihuahua reabrió la discusión bizantina sobre la forma y la intensidad de la cooperación en materia de seguridad y, en particular, en el combate al crimen organizado.
El régimen, con un tic de culpa, mueve recurrentemente su línea de flotación entre dos extremos: hay cooperación en inteligencia y capacitación, pero no hay “intervenciones directas” de agentes extranjeros en el territorio.
Ejemplos sobran. La DEA participó directamente en el intento de detención para fines de extradición del hijo del Chapo, que terminó en el infame culiacanazo; aviones militares entran y salen con tropas de fuerzas especiales para entrenamiento; en numerosos operativos recientes, las autoridades estadounidenses han reivindicado los éxitos como propios; el gobierno federal ha reconocido públicamente y en diversas ocasiones, el uso de equipos sofisticados de inteligencia de Estados Unidos, como drones y otras tecnologías.
Pero resulta que cuando la percepción sobre los alcances de esa cooperación roza mínimamente la imagen de “botas estadounidenses sobre el suelo”, el régimen se guarece en que aquí no están ni estarán. Esa esquizofrenia se debe a que, por un lado, Andrés Manuel López Obrador les inculcó la excusa soberanista para que su política de tolerancia criminal no fuera cuestionada desde fuera y, por otro, la administración Trump efectivamente ha azuzado a sus bases políticas con la posibilidad de activar la cláusula de defensa extraterritorial de sus intereses, sobre todo desde que el problema del crimen organizado transnacional fue escalado a una prioridad de seguridad nacional.
El evento de Chihuahua, a diferencia de otros casos similares, incorporó un elemento que no había estado presente en la discusión: ¿La presencia de las agencias norteamericanas se encuentra formalizada en instrumentos que la encausen institucionalmente para definir con certeza y previsibilidad las obligaciones y responsabilidades de cada parte? ¿En su caso, se acatan esos acuerdos para evitar diferencias y tensiones en la relación bilateral? ¿Todas y cada una de las reuniones, intercambios, llamadas telefónicas o comunicaciones entre cualquier autoridad mexicana y el universo de funcionarios extranjeros acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores se informan y se autorizan colegiadamente en un grupo de alto nivel, como establece la reforma de 2020 que promovió López Obrador? ¿El Congreso recibe informes sobre estas autorizaciones a través de la Comisión Bicameral que, aunque parezca una mala broma, no se ha instalado en dos legislaturas? ¿El gobierno federal sabe cuántos son, dónde están y qué hacen? ¿Se incluyen los 85 agentes de inteligencia rusos que ingresaron a México entre 2022 y 2025 o los médicos cubanos entrenados para la ideologización?
Y de pronto, por una situación fortuita, Chihuahua cayó como anillo al dedo. Gobierno de oposición y en la víspera de elecciones. El desorden estructural en la relación, la profunda incomodidad de ciertas facciones del régimen con el cambio de política de seguridad y un régimen legal interno de contacto con agencias extranjeras disfuncional, ineficaz y burocrático necesitaba urgentemente de un pararrayos político que deje en la obscuridad la cuestión central: ¿se va a combatir al crimen organizado con toda la fuerza del Estado y una cooperación bilateral responsable y cierta, o seguirán con eso de que “están aquí pero de lejitos”.
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