El gobierno de López Obrador le dio contratos millonarios para medicamentos a través del INSABI y del IMSS, con sobreprecios de hasta 1000%
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El gobierno de López Obrador le dio contratos millonarios para medicamentos a través del INSABI y del IMSS, con sobreprecios de hasta 1000%
Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano a Andrés Manuel López Beltrán, además de los contratos millonarios que recibió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también extendió su red de negocios a Estados Unidos.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que registros de la Secretaría de Estado de Texas señalan que el pasado 25 de junio de 2026, Amílcar Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC, en la que figura como único accionista y donde su tía, Teresa de Jesús Olán Rodríguez, funge como agente para recibir notificaciones judiciales.
Ese mismo día, el empresario tabasqueño José Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias –quien de acuerdo con audios difundidos por Latinus sería una operadora de Amílcar en la venta irregular de balasto para las obras ferroviarias de la 4T– registraron en Texas una segunda empresa: Quincar LLC.
El trabajo de Iván Alamillo, señala que Amílcar Olán y Silvia Cárdenas emplearon estas dos compañías para dar a luz el 2 de julio de 2026 a una tercera sociedad llamada Basalt Group LLC, la cual reporta el mismo domicilio que Stone Basaltico LLC en el número 1 de la calle Bordeaux Cir, en la ciudad de Bay City, Texas.
Agrega que, desde diciembre de 2023, MCCI documentó que los negocios de Amílcar se multiplicaron con el gobierno de López Obrador, cuyas empresas han obtenido contratos para abastecer medicinas: 490 millones de pesos con fondos del extinto INSABI y 344 millones de pesos del IMSS, con sobreprecios de hasta mil por ciento.
Las tres empresas –Stone Basaltico, Quincar y su sociedad conjunta, Basalt Group– tienen como organizadora a Alejandra González, una abogada de McAllen que consiguió su licencia de la Barra de Abogados de Texas en abril del año pasado y que habría sido la encargada de firmar y presentar los documentos de constitución ante la Secretaría de Estado de la entidad.
Las leyes texanas permiten la creación de compañías sin la presencia física de los accionistas, por lo que Amílcar Olán pudo haber realizado su registro de manera remota por medio del portal SOSDirect con la ayuda de su abogada.
La investigación de Alamilli apunta que MCCI consultó plataformas de comercio exterior para verificar si las empresas del amigo de "Andy" López Beltrán han realizado importaciones o exportaciones de materiales pétreos o cualquier otro tipo de mercancía, sin encontrar, por ahora, registro alguno.
Un mes antes del retiro de la visa a "Andy", su amigo Amílcar Olán había terminado de establecer una red de empresas en Texas.
La expansión de ese entramado empresarial Olán a Texas se dio luego de cambios realizados por el Departamento del Tesoro al reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), la cual obligaba a la mayoría de las empresas constituidas en territorio estadounidense a reportar sus beneficiarios finales ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
Dicho reporte, señala MCCI, debía incluir los nombres, domicilios, fechas de nacimiento y documentos de identificación vigentes –como el pasaporte o licencia de conducir– de los beneficiarios finales de las compañías sin importar que fueran ciudadanos estadounidenses o extranjeros. Un beneficiario final era definido como aquel accionista que posee el 25 por ciento o más de una empresa o como cualquier persona que ejerza un control sustancial sobre las decisiones de la compañía.
Con esto, el Departamento del Tesoro buscaba tener una supervisión más estricta y detallada de sociedades que pudieran ser usadas como fachada por lavadores de dinero, narcotraficantes, cibercriminales o hasta terroristas.
En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro anunció una regla interina que suspendía la obligación de presentar esta información a FinCEN, lo que generó críticas de expertos en materia antilavado y congresistas demócratas, apunta la investigación.
Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Banca del Senado, señaló que la medida “es un regalo para los cárteles, los delincuentes y los adversarios de Estados Unidos que se aprovechan de las empresas fachada para mover millones a través de nuestro sistema financiero”.
Incluso, la Oficina de la Contraloría General (GAO) advirtió que la regla interina que entró en vigor en marzo de 2025 eliminó la responsabilidad del 99 por ciento de las entidades que antes estaban obligadas a reportar y podría perpetuar los riesgo de delitos financieros.
Bajo el antiguo reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa, las sociedades constituidas por Amílcar Olán habrían tenido 30 días naturales para reportar a sus beneficiarios finales, es decir, a inicios del mes de agosto de 2026.
Por ejemplo, Basalt Group LLC –que tiene como accionistas a Stone Basaltico LLC y a Quincar LLC– habría tenido que identificar a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien aparece como socio único de Stone Basaltico, y a Silvia Gabriela Cárdenas Arias y José Andrés Quintero Martínez de Escobar, socios de Quincar.
El pasado 11 de agosto, el Departamento del Tesoro emitió la regla final que elimina permanentemente la obligación de reportar los beneficiarios finales de las corporaciones constituidas en Estados Unidos y anunció que eliminará la base de datos con la información previamente reportada por millones de compañías.
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