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ENSAYO: La falsa imparcialidad de la autonomía política

Armando Luna Franco

Una de las discusiones recurrentes sobre el oficialismo tiene que ver con la pérdida de los organismos autónomos y la abierta militancia o afiliación de funcionarios públicos en estas instituciones a Morena. Ya sea Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República, o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejemplos hay de lo que llaman, de manera melodramática, la captura de las instituciones por parte del régimen. El supuesto de estos reclamos es un principio ético que considero bastante endeble, cuando no espurio: que la autonomía política presupone imparcialidad.

Concuerdo en que uno de los principales logros de la alternancia electoral fue la creación de instituciones políticas que podían actuar y tomar decisiones sin interferencia de los Poderes de la Unión. Los dos ejemplos son el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, productos del reclamo por una competencia electoral más justa y la protección de la población frente a los abusos de poder. El difunto Instituto Nacional de Acceso a la Información, encargado de la transparencia y la rendición de cuentas, también fue un ejemplo útil de la autonomía política.

La labor de estas instituciones, más allá de sus críticas y limitaciones, sirvió para transformar la práctica política en nuestro país. Garantizaron tres cosas: abrir, con sus restricciones y manipulaciones leguleyas, el ejercicio del poder al escrutinio público; sentar las condiciones para que el voto fuera libre y secreto hasta cierto punto; y contar con respaldo institucional para denunciar las autoridades que ejercían de manera arbitraria su poder. Su principal función fue normalizar la expectativa de que era posible controlar el poder político, no necesariamente participar en su ejercicio.

En ello reside la principal crítica a la autonomía política: presupuesta como un instrumento democrático, el control no se tradujo en ejercicio efectivo del poder. No amplió la participación de la ciudadanía organizada, ni resolvió los problemas más inmediatos como la provisión de servicios públicos o el ejercicio efectivo de derechos sociales y económicos. En cambio, dio lugar a una casta de funcionarios que, provenientes de la academia y las organizaciones de la sociedad civil, encontró una manera de acceder al régimen y sus recursos sin un compromiso partidista formal.

Por eso no fue difícil para el morenismo desacreditar la autonomía política, antes que fortalecerla y corregir los vicios que había fomentado. En lugar de entender que su principal función era reforzar el pacto de legitimidad entre gobernantes y gobernados mediante el control del poder y la ampliación de la participación en la toma de decisiones, decidieron erradicarla a rajatabla. También hubo otro elemento importante que facilitó el ataque a este arreglo institucional y que es el que me interesa discutir: la falsa pretensión de imparcialidad.

Los principios teóricos y políticos de la autonomía derivan de una concepción técnica de la política, propia del paradigma liberal del gobierno mínimo. Grosso modo, esta idea considera que gobernar es sobre todo una función administrativa, de disposición e implementación de los recursos disponibles de manera eficiente. Desde esta perspectiva, no existe una disputa por medios o fines, sino simplemente una evaluación binaria y simple: eficiente o ineficiente. La imparcialidad es un principio ético que deriva de esta perspectiva porque considera que no existen intereses ni posiciones confrontadas al momento de implementar un programa de gobierno, sólo la racionalidad técnica. Así, además de eficiencia e ineficiencia, únicamente existe lo correcto y lo incorrecto.

De manera implícita, también queda claro que esta idea de gobierno considera que opera en un vacío social donde no existen divergencias ni oposiciones, sólo existe un todo social pasivo sujeto a las decisiones de gobierno. Por eso la parcialidad inherente a la política le parece ajena y hasta aberrante: presupone que ya existe un acuerdo estático y rígido sobre lo que es el bien común y, por ello, no tiene sentido incluir y considerar las discusiones o disputas que se presentan en la vida comunitaria. Pero la realidad se escurre entre las grietas de esta concepción fría e impersonal; se impone.

Para bien y para mal, la política se trata de oposiciones, disputas y conflictos. Como dice el dicho: vivimos juntos, pero no revueltos. Hay intereses contrarios, necesidades diferenciadas y problemas contingentes que desbordan sin reserva la monotonía fría de la concepción técnica de la política y sus instituciones. Por eso la imparcialidad como principio ético de la autonomía política no se sostiene: al final, la política trata de personas concretas, no de instituciones o principios abstractos y etéreos.

Aunque la vieja casta de funcionarios académicos y del tercer sector presumieron imparcialidad, también eran parte de la clase política y tenían intereses y posiciones en juego. Más que ayudarles, fingir o renegar públicamente de ellos perjudicó su defensa de los organismos autónomos. En lugar de exponer la importancia de estos espacios en el manejo de los intereses políticos y los conflictos derivados, prefirieron hacer un acto de fe en nombre de una falsa imparcialidad pura. Ante un movimiento que presume politizar al pueblo poniendo al centro las oposiciones, era una batalla perdida.

También por eso los reclamos actuales contra el gobierno caen en oídos sordos. Denunciar una obviedad no la erradica: nada se gana con llorarle a una autonomía ficticia, a una imparcialidad supuesta que no regresará. En su lugar, bien valdría repensar la autonomía como un espacio de conflicto donde es posible llegar a acuerdos y resoluciones que concilien los intereses en disputa y ofrezcan salidas que resuelvan los problemas que las convocan. Nada se obtiene con denunciar la captura de las instituciones, la polarización política o la parcialidad del gobierno al nombrar perfiles afines, mientras no se admita que la autonomía se debe pensar de otra forma.

La autonomía política significa, normativamente, que ninguno de los Poderes de la Unión puede intervenir en las decisiones y actos de autoridad que realicen esas instituciones. No quiere decir que se coloque por fuera de la política, sino al centro de ella como el espacio donde se renueva el pacto de legitimidad entre gobernantes y gobernados. Y lo hace al admitir el conflicto en su seno, al ofrecer un lugar donde los actores políticos pueden dirimir sus diferencias con garantía de que las resoluciones reflejen las dinámicas e intereses sin perjuicio de ninguna de las partes.

Para ello es importante que renunciemos a la ficción de la imparcialidad. Es mejor tener claros las posiciones, intereses y principios que ponen sus integrantes en la mesa, porque también son parte de la disputa política. En este momento donde el oficialismo avanza libremente en la consolidación del poder político, es importante saber defender los espacios que sirven para participar del poder. Y esta defensa sólo es posible si admitimos la parcialidad, en lugar de maquillarla: presuponer la imparcialidad como principio ético condena a quien lo hace a una derrota en la disputa por el poder.

*Armando Luna Franco. Ensayista y articulista especializado en política mexicana y pensamiento político contemporáneo. Escribe para Animal Político y Revista Común.
@alunaf_89

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