Fernando García Ramírez ha expuesto un disruptivo planteamiento que, por su articulada argumentación, merece ser debatido.
“Quizá lo que debe anunciarse es un ultimátum: si para el 15 de febrero no se cumplen reglas básicas de equidad, transparencia y nombramientos en consenso la oposición en su conjunto no participará en las elecciones de 2027”, escribió.
El articulista de La Aurora dibuja el propósito de una estrategia abstencionista para 027: “…dar un mensaje al mundo, a los organismos internacionales y a los gobiernos extranjeros. En México desapareció la democracia. En las próximas elecciones solo van a participar el partido oficial y sus satélites. Nos negamos a convalidar unas elecciones corruptas”.
Permítanme anotar algunos apuntes como reacción a esta postura.
Coincido que es estimable que el desgaste del morenismo ante la opinión pública internacional sería fuerte.
También creo que la legitimidad interna del movimiento de López Obrador se podría reducir si la abstención fuera junto con un trabajo de explicación bien hecho.
La propuesta, para ser exitosa, requeriría de una acción unitaria. Si una parte de la oposición sí participara, ello le quitaría peso al impacto deseado. Aquí tenemos una de las debilidades opositoras: la falta de unidad. Una dificultad para llevar a cabo eficazmente la abstención.
Por su lado, la sociedad civil no es capaz de forzar a los partidos a trabajar coordinadamente. En 2024 el Frente Cívico Nacional articuló a muchas organizaciones ciudadanas para conformar un actor político de contrapeso a las dirigencias partidarias. La dirección del FCN decidió desaparecerlo y fundar un partido. Ya no hay un buen eje de articulación social, se hizo rala la fuerza cívica.
El sistema de partidos actual es absolutamente incapaz para procesar la compleja problemática local y nacional y, mucho menos, para resolver el déficit de representación. Para enfrentar el retroceso democrático implementado por Morena es imprescindible que la fuerza cívica tenga capacidad de acción y agenda clara.
Las élites políticas de este momento no van a romper tajantemente con el proceso de degradación democrática, ello les significaría perder prerrogativas, diputaciones, regidurías, canonjías, etc. Validarán el fraude, con gritos, escenificaciones e, incluso, con insultos, pero dentro del presupuesto público.
Existen muchas razones estratégicas para mantenerse en el terreno electoral y es válido orientarse por ellas; sin embargo, no lo es si son razones de economía personal de la partidocracia de hoy.
La propuesta de García Ramírez debería complementarse con posturas que vinculen la debacle democrática con las condiciones de vida del electorado. La sola demanda política no empata con el enojo social. El éxito de las experiencias de Serbia, Hungría y EU es que la ciudadanía encontró, en la defensa de sus derechos políticos, un canal de defensa de sus derechos sociales y económicos.
No creo que sea totalmente descartable la abstención. Podemos pensar en posiciones intermedias de esta postura: no participar en algunas de las elecciones de 2027. Quizás en algunos municipios o distritos o, hasta, estados, donde sea más grave la implementación del fraude. No renunciar donde se puede ganar.
También pensemos en acciones que puedan ser unificadoras por no tener costos y sí tener valor simbólico. Por ejemplo, participar bajo protesta con las mismas formas. El otro espacio es la exigencia posterior al proceso.
Concluyo: es una propuesta que puede dañar la imagen y la legitimidad del autoritarismo mexicano, pero los partidos mexicanos no tienen vocación disruptiva y la sociedad civil no está articulada como para impulsar cortes tajantes en la inercia política.
Continuemos la brega ciudadana para desarrollar la sociedad civil y recurramos a propuestas gradualistas.
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