Una de las familias reconoció el avance judicial tras 12 años de espera, pero calificó la sentencia como incompleta por excluir el delito de tortura
Una de las familias reconoció el avance judicial tras 12 años de espera, pero calificó la sentencia como incompleta por excluir el delito de tortura

José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, fue sentenciado a 60 años de prisión por el homicidio calificado de seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, así como víctimas del ataque contra el equipo de fútbol “Los Avispones” y una civil.
La resolución corresponde a los hechos de septiembre de 2014 que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque omitió el delito de tortura en el caso de Julio César Mondragón Fontes.
El 10 de noviembre de 2026, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dictó la condena dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018.
Con la misma pena de 60 años fueron sancionados Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, y otras 24 personas, por los hechos registrados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, así como por tentativa de homicidio contra sobrevivientes.
De acuerdo con la resolución judicial, se acreditó el homicidio calificado en agravio de los normalistas Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Asimismo, la sentencia sanciona los asesinatos de David Josué García Evangelista, jugador del equipo de tercera división “Los Avispones de Chilpancingo”; Víctor Manuel Lugo Ortiz, chofer del autobús en el que viajaba el club deportivo, y Blanca Montiel Sánchez, ama de casa que transitaba en un taxi.
En la resolución, el juez estableció que Abarca Velázquez actuó como inductor y Flores Velázquez como autor mediato, lo que reconoce judicialmente la participación de autoridades municipales en el origen de estos crímenes.
Tras conocerse el fallo, la familia de Julio César Mondragón Fontes, acompañada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. (RSDCIAC), señaló que, aunque la sentencia representa un avance después de doce años de espera, resulta incompleta al dejar fuera el delito de tortura.
Mondragón Fontes, de 22 años, fue localizado sin vida la mañana del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego, en Iguala.
La RSDCIAC, organización con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y estatus consultivo especial por el Consejo Económico y Social de la ONU, indicó en su pronunciamiento que el joven no murió por disparos, sino a consecuencia de los golpes recibidos.
Recordó que, en julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fue torturado y asesinado por integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala, documentando 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, rostro, tórax y columna, incluidos 13 de los 14 huesos faciales.
“Nada de esto aparece en la sentencia. En sus puntos resolutivos, el juez califica el homicidio de Julio César Mondragón Fontes únicamente por ventaja y alevosía: las mismas agravantes que aplica a sus compañeros Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, asesinados a balazos.
“La ley penal de Guerrero prevé agravantes específicas para el homicidio cometido con crueldad o tormento. La sentencia no las aplica. En este proceso, nadie fue juzgado por el delito de tortura”, afirmó la organización.
Ante esta omisión, los familiares y la Red Solidaria exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso específicamente como tortura a partir de los dictámenes forenses existentes y llevar a juicio a quienes la ejecutaron, ordenaron o permitieron.
Además, pidieron que el Ministerio Público apele en segunda instancia los puntos no resueltos, que se garantice una reparación integral del daño que reconozca la tortura y que no se dé el caso por cerrado.
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