El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 debería ser un instrumento para impulsar el crecimiento, generar bienestar y atender las necesidades de los mexicanos. Sin embargo, el proyecto presentado por Hacienda parece responder a una lógica distinta: administrar los pesados e inútiles compromisos del pasado.
El pasado lunes, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, presenté una moción suspensiva para detener su discusión. No se trata de obstaculizar el trabajo legislativo, sino de abrir un espacio para corregir errores, escuchar a las instituciones y construir acuerdos. México necesita un presupuesto responsable, no una votación apresurada y menos polarizada.
El proyecto elaborado desde un escritorio en el ala norte de Palacio Nacional reproduce las malas prácticas del sexenio anterior: ausencia de planeación, compromisos financieros derivados de obras faraónicas y prioridades alejadas de las necesidades ciudadanas. No se prioriza el crecimiento del país y menos el bienestar de las personas. Mientras eso sucede, crecen las obligaciones del gobierno y disminuyen los recursos destinados a sectores fundamentales como: justicia, salud, energía, cultura, infraestructura, producción de alimentos, seguridad y educación de calidad.
Hay, además, una contradicción inaceptable en la votación que se está efectuando. Hace dos años, el Congreso aprobó una reforma al artículo 123 constitucional para mejorar las condiciones salariales de diversos trabajadores de los tres órdenes de gobierno, entre ellos policías, médicos y profesores, pero el proyecto de presupuesto no contempla los recursos necesarios para hacer realidad el cambio legislativo. Aprobar derechos sin garantizar su financiamiento equivale a convertir las conquistas laborales en promesas vacías. Morena, al no asignar presupuesto, deja sin un aumento digno a una base trabajadora que lo demanda y se burla de ella.
Tampoco podemos ignorar las dificultades de los trabajadores del INE, la crisis presupuestal de la Universidad Autónoma Metropolitana, las carencias del sistema de salud, el abandono de las carreteras o la debacle del sistema de agua potable del área metropolitana de Guadalajara. Son problemas concretos que afectan a millones de mexicanos y que requieren respuestas en el presupuesto. En lo que se vota en estos días, el gobierno y Morena se olvidan de esos rubros.
Por lo anterior, propuse suspender el debate para convocar a funcionarios federales, revisar las asignaciones y alcanzar un gran acuerdo nacional en materia presupuestal. Necesitamos, de manera urgente, medicamentos, infraestructura carretera, seguridad, agua y apoyos para producir maíz y frijol. También se impone la necesidad de atender la contaminación de la presa Endhó, en el estado de Hidalgo, y respaldar programas sociales de emergencia. En relación con lo último, y en tribuna, propuse que el gobierno pagué, en un plazo no mayor a cinco días, las medicinas que no se surtan por el sector público de salud. Los diputados de Morena rechazaron de inmediato la iniciativa que beneficiaría a miles de personas.
La mayoría oficialista tiene la oportunidad de mostrar que el Congreso no es una oficina donde se ratifican las decisiones de Hacienda. Los diputados representamos a los ciudadanos, no a los intereses del gobierno y menos a uno tan poco eficaz como el que tenemos a nivel federal.
Morena decidió mantener intacto un proyecto que sacrifica inversión, crecimiento, salud y bienestar. Un presupuesto revela las prioridades de un gobierno. Y cuando se privilegia el pasado sobre las necesidades del presente, se termina hipotecando el futuro de México. En el PRI votamos en contra de la farsa armada por el régimen.
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