La renuncia de Guadalupe Taddei no cierra la crisis del Instituto Nacional Electoral. La prueba será el procedimiento para sustituirla: quién evaluará las candidaturas, con qué criterios y bajo qué condiciones de transparencia. De esas decisiones dependerá que el relevo contribuya a recuperar confianza o profundice el deterioro institucional. Debemos elevar el estándar desde el comienzo.
Presidenta Claudia Sheinbaum: como jefa del Estado mexicano, le corresponde actuar con altura de miras. La designación pertenece constitucionalmente a la Cámara de Diputados. Su responsabilidad política es exigir a las fuerzas que sostienen a su gobierno que construyan un consenso amplio, con participación efectiva de la oposición y apertura al escrutinio ciudadano. La presidenta debe exigir ese esfuerzo a su coalición y respaldarlo con hechos, respetando la autonomía de la autoridad electoral.
Ese compromiso debe expresarse desde la integración del Comité Técnico de Evaluación hasta la elección de quien presidirá el INE.
Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo deben asumir que su mayoría, cuya legitimidad democrática está cuestionada por la sobrerrepresentación, resulta insuficiente para reconstruir la confianza en la autoridad electoral. Imponer una designación con los votos propios reproduciría el problema que debemos corregir. La exigencia es construir un acuerdo plural alrededor de una persona cuya capacidad, independencia y honorabilidad sean reconocidas más allá del bloque gobernante.
El consenso debe abarcar las reglas y los nombramientos. Comienza con cinco integrantes del comité que merezcan reconocimiento transversal, y culmina con una presidencia capaz de ofrecer garantías a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía.
Si quienes deben valorar la idoneidad de las personas aspirantes responden a compromisos partidistas, el procedimiento quedará viciado de origen. Ninguna entrevista pública ni ceremonia de votación podrá corregir después una selección previamente condicionada.
A mí nadie me lo contó. Participé en el pasado proceso de selección de consejerías del INE y no tengo temor de decirlo: hubo trampa. Lo sostengo desde mi experiencia como aspirante y con la responsabilidad de quien conoce las exigencias de la función electoral. Por eso insisto en que cada evaluación debe poder revisarse y cada decisión debe explicarse. Los méritos deben contar y el resultado debe construirse durante el procedimiento.
Se requieren cinco personalidades de reconocido prestigio, con trayectorias acreditadas en los ámbitos electoral, técnico y ético. La Junta de Coordinación Política y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deben justificar públicamente cada nombramiento. Deben conocerse sus vínculos profesionales y políticos y sus posibles conflictos de interés. La independencia se demuestra en decisiones que pueden incomodar a quienes hicieron la designación.
La convocatoria debe permitir una auditoría ciudadana desde el primer día: criterios y ponderaciones, publicados antes de evaluar; instrumentos protegidos contra filtraciones; entrevistas accesibles; calificaciones desglosadas; decisiones motivadas, y mecanismos oportunos para revisar irregularidades. Con protección de los datos personales, cada etapa debe dejar constancia verificable de lo actuado.
La transparencia tardía sirve poco. Conocer las razones de una exclusión cuando la quinteta ya está integrada impide corregir oportunamente el procedimiento. La información debe publicarse conforme se toman las decisiones.
Quien llegue a la presidencia del INE debe reunir experiencia, capacidad técnica, independencia y una trayectoria ética intachable. Debe saber administrar recursos públicos, conducir deliberaciones plurales y resistir presiones. Necesita autoridad moral para exigir integridad dentro del Instituto y garantizar imparcialidad frente a todos los partidos, incluido el gobernante. Las objeciones sobre su trayectoria deben documentarse y esclarecerse antes de votar.
La ciudadanía tiene derecho a exigir una designación impecable. El deterioro de la confianza y las elecciones de 2027 obligan a elevar el estándar. Presidenta, legisladoras y legisladores: actúen con responsabilidad de Estado.
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