Ante las objeciones que en su momento se formularon a la candidatura de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE por su cercanía con el partido en el poder, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trataba de una mujer honesta, incapaz de actuar como lo había hecho Lorenzo Córdova.
En algo tenía razón el mandatario: es evidente que Taddei hubiera sido incapaz de una gestión como la de Córdova, que se distinguió por la independencia, el profesionalismo, la valentía y la honestidad con que presidió al organismo electoral.
El escándalo de los días recientes es la noticia del vínculo personal de la dimitente con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, a quien permitió operar con amplio control dentro del INE para obtener contratos millonarios de manera irregular.
El acto de mayor corrupción de la expresidenta del órgano electoral, sin embargo, es de una índole muy diversa: su mayor corruptela es la intervención decisiva para que se otorgara en la Cámara de Diputados mayoría calificada no conseguida en las urnas a la coalición oficialista.
Ese burdo fraude a la Constitución fue el acto germinal de la destrucción de nuestra democracia. Los más prestigiados constitucionalistas explicaron con argumentos nunca refutados que la interpretación correcta de la ley suprema no permitía concederle a Morena y sus partidos satélites esa cantidad de escaños.
Taddei y sus secuaces no tenían la razón, pero tenían la mayoría. En una resolución que no resistía un análisis jurídico serio, simplemente con el poder de ser el bloque mayoritario, aumentaron el número de diputaciones que en rigor jurídico debía corresponder a esos partidos. Su móvil no fue la defensa de la Constitución y el voto ciudadano. Los movió el afán lacayuno de congraciarse con un gobierno de vocación dictatorial.
La coalición oficialista, con esa mayoría calificada espuria, ha podido desnaturalizar la Constitución para terminar con la auténtica división de poderes, tener una Suprema Corte y jueces federales sometidos al gobierno o perseguidos por un tribunal inquisitorial y exterminar a los órganos constitucionales autónomos.
Todo acto de corrupción es execrable, pero hay grados de abyección. El asesinato de nuestra democracia es una de las peores felonías que la infamia puede soportar. Taddei no actuó sola. Fueron sus cómplices la mayoría de los consejeros del INE y la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral. Pero esa complicidad no atenúa la bajeza de su actuación.
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