Christine Lagarde, la abogada que gestionó las finanzas de Europa

Christine Lagarde construyó una carrera que se forjó en los círculos más altos del poder económico internacional. Abogada de formación, directiva de un despacho multinacional, ministra de Finanzas de Francia, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

Desde los principales cargos desde donde se toman las decisiones que impactan a millones de ciudadanos, ha tenido que defender políticas de austeridad, gestionar crisis financieras y responder a críticas sobre las consecuencias de las decisiones de política económica.

El pasado jueves 29 de octubre, Lagarde anunció que dejará la presidencia del BCE el siete de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que concluya su mandato, previsto para octubre de ese año.

La decisión puso fin a meses de especulaciones sobre su futuro y abrió anticipadamente la disputa por la sucesión al frente de una de las instituciones más importantes de la Unión Europea (UE).

Lagarde justificó su salida anticipada por el deseo de recuperar la libertad para intervenir en asuntos que exceden la política monetaria.

Sin embargo, la fecha también tiene una dimensión diferente ya que permitirá que los actuales dirigentes europeos, principalmente Emmanuel Macron de Francia y Friedrich Merz de Alemania, participen en la elección de su sucesor antes de que haya cambios en sus gobiernos.

Nacida en París el primero de enero de 1956, Lagarde estudió Derecho en la Universidad París y obtuvo una formación de posgrado en economía y finanzas en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence. Su trayectoria académica combinó esas disciplinas con estudios de literatura estadounidense.

Antes de entrar en la política, desarrolló su carrera profesional en el despacho internacional Baker McKenzie, donde se especializó en derecho laboral, competencia económica, fusiones y adquisiciones, y arbitraje.

Ingresó en la firma en 1981 y ascendió hasta ocupar puestos de dirección internacional. En 1999 se convirtió en presidenta de su comité ejecutivo mundial, y posteriormente encabezó su comité estratégico global.

Se puede decir que Lagarde no construyó su carrera inicial mediante modelos económicos, sino a través del derecho, la negociación y la gestión empresarial.

En junio de 2005 dio el salto a la política cuando ingresó en el Gobierno francés como ministra de Comercio Exterior. Después ocupó brevemente la cartera de Agricultura y Pesca, antes de asumir, en junio de 2007, el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fue la primera mujer en ocupar ese puesto en un país del Grupo de los Siete (G7), el foro que reúne a las principales economías del mundo. Su nombramiento la situó en el centro de la política económica francesa durante los años previos y posteriores al estallido de la crisis financiera internacional de 2008.

El contexto era extraordinariamente complicado. La crisis originada en el sistema financiero estadounidense se extendía por Europa, amenazaba la estabilidad de los bancos y obligaba a los gobiernos a tomar decisiones sobre rescates, liquidez y regulación.

En 2011, durante la presidencia francesa del G20, participó en los esfuerzos para reformar el sistema monetario internacional y fortalecer la cooperación económica entre las principales potencias.

Su trayectoria, sin embargo, no estuvo exenta de problemas. Uno de los episodios más delicados ocurrió precisamente durante su etapa como ministra de Finanzas.

En 2008, el Gobierno francés recurrió a un arbitraje privado para resolver una disputa entre el empresario Bernard Tapie y el banco Crédit Lyonnais, en relación con una operación vinculada con la venta de Adidas.

El procedimiento desembocó en una indemnización de alrededor de 400 millones de euros a favor de Tapie, pagada con fondos públicos.

Lagarde autorizó recurrir al arbitraje cuando encabezaba el Ministerio de Economía y Finanzas. La decisión fue posteriormente cuestionada por la forma en que se gestionó el procedimiento y por la falta de impugnación oportuna del resultado.

En diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la República, la instancia francesa encargada de juzgar a ministros por actos cometidos durante el ejercicio de sus funciones, la declaró culpable de negligencia. El tribunal consideró que su actuación al no recurrir la indemnización había contribuido al uso indebido de fondos públicos.

No obstante, decidió eximirla de pena, entre otros motivos por su reputación internacional. Lagarde negó haber cometido irregularidades y decidió no apelar el fallo.

Después, en julio de 2011, Lagarde se convirtió en directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la primera mujer en dirigir la institución desde su creación en 1944.

Su llegada coincidió con la crisis de deuda soberana europea, cuando Grecia, Irlanda y Portugal, entre otros países, enfrentaban dificultades para financiarse y sostener sus compromisos fiscales.

El FMI participó en programas de asistencia financiera que exigían ajustes presupuestarios, reformas estructurales y condiciones económicas a los países receptores.

En julio de 2019, los dirigentes de la UE acordaron proponer a Lagarde para presidir el BCE, y asumió el cargo en noviembre de ese año, después de dejar el FMI.

Su nombramiento no surgió de la dirección de un banco central ni era conocida principalmente por una trayectoria académica en política monetaria. Llegó con experiencia de gobierno, conocimiento de las instituciones financieras internacionales y una carrera dedicada a la negociación política y económica.

La presidencia de Lagarde estuvo atravesada por acontecimientos extraordinarios: la pandemia de covid-19, la guerra de Rusia contra Ucrania, el encarecimiento de la energía, la crisis inflacionaria y las tensiones comerciales internacionales.

Uno de sus primeros grandes desafíos llegó en 2020. Ante el desplome de la actividad económica provocado por la pandemia, el BCE puso en marcha un programa de compras de emergencia de activos para preservar las condiciones de financiación y evitar que la crisis sanitaria se convirtiera en una crisis financiera de mayor alcance.

La institución compró deuda pública y privada para mantener la liquidez y facilitar que los gobiernos y las empresas pudieran financiarse en condiciones menos adversas. La intervención contribuyó a estabilizar los mercados, aunque también amplió el papel del banco central en la economía y alimentó debates sobre los límites de su actuación.

Tras la pandemia, la inflación aumentó en Europa, impulsada por una combinación de desequilibrios entre oferta y demanda, problemas en las cadenas de suministro y, posteriormente, el encarecimiento de la energía tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

El BCE pasó de una política monetaria extraordinariamente expansiva a una estrategia de endurecimiento. A partir de julio de 2022, comenzó a elevar las tasas de interés, poniendo fin a un prolongado periodo de tipos negativos o cercanos a cero.

La inflación de la zona euro llegó a niveles muy superiores al objetivo del BCE, fijado en el 2 por ciento a medio plazo. El banco central sostuvo que era necesario evitar que los aumentos iniciales de los precios se trasladaran de forma persistente a los salarios y a otros componentes de la economía.

La responsabilidad de Lagarde fue conducir ese cambio y mantener la credibilidad del BCE ante los mercados, los gobiernos y los ciudadanos.

Su experiencia al frente del BCE también ha estado marcada por una cuestión institucional: cómo dirigir una entidad independiente de los gobiernos sin perder capacidad de interlocución con ellos.

El BCE no es un ministerio de Finanzas. Su mandato y sus reglas de gobernanza limitan las intervenciones de sus responsables en debates políticos que exceden la política monetaria.

Esa neutralidad es parte del diseño de una institución que necesita tomar decisiones sin quedar subordinada a los intereses electorales de los gobiernos.

Pero Lagarde tiene una trayectoria política y una perspectiva internacional que van más allá de los tipos de interés.

Durante su presidencia ha participado en debates sobre competitividad europea, productividad, fragmentación geopolítica, comercio y el papel internacional del euro. La tensión entre esos dos planos ayuda a explicar sus declaraciones del jueves.

Lagarde sostuvo que desea tener libertad para expresarse y participar en cuestiones que no sean estrictamente monetarias. También reconoció que los responsables del BCE están sujetos a una obligación de neutralidad que forma parte del precio que la institución paga por su independencia.

El anuncio del 29 de octubre confirmó una noticia que ya había circulado meses antes. En febrero de 2026, el Financial Times publicó que Lagarde planeaba abandonar el BCE antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

El diario británico, según la información difundida entonces, citó a una fuente conocedora de la decisión que explicó que la presidenta quería facilitar que Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz participaran en la elección de su reemplazo. La confirmación llegó ocho meses después.

La elección corresponde al Consejo Europeo, siguiendo el procedimiento establecido en los tratados de la UE. Por eso, aunque el deseo de Lagarde de hablar con mayor libertad es la explicación pública de su salida, la decisión también permite adelantar la negociación entre los gobiernos europeos sobre el futuro de la institución. Francia y Alemania.

Mientras esas se desarrollan, a sus 70 años, la francesa deja el BCE después de más de siete años al frente de una de las instituciones más influyentes del mundo.

Mientras se puede decir mucho de su legado, lo que está claro es que Lagarde no ha sido una figura exclusivamente técnica ni una política convencional. Su carrera se ha desarrollado en la frontera entre ambas esferas.

Y su decisión de abandonar el BCE antes de tiempo vuelve a colocar esa relación, entre el poder económico, la independencia institucional y la política, en el centro de la discusión europea.