Los jóvenes están cada vez más descontentos y desencantados con la democracia en distintas partes del mundo. Los acontecimientos de este fin de semana en Francia son una nueva manifestación de un malestar que parece intensificarse y cuyas causas son múltiples: desigualdad, falta de oportunidades laborales, encarecimiento de la vivienda, migración sin integración, polarización creciente por las redes sociales y cambio tecnológico, entre otras. Hay, sin embargo, un factor menos visible que podría estar agravando el problema: la creciente inequidad intergeneracional en el gasto público.
En numerosos países, el presupuesto se inclina cada vez más hacia las generaciones mayores, en detrimento de las más jóvenes. Ello ocurre como resultado del envejecimiento poblacional que obliga a los gobiernos a destinar recursos crecientes a pensiones, salud y cuidados (tan sólo en pensiones, Italia, Francia y España destinan -en promedio- 14% del PIB), mientras se estrecha el margen para financiar bienes públicos fundamentales para los jóvenes: educación, infraestructura, vivienda, capacitación y políticas de empleo.
El problema no hará sino agravarse conforme avance el inexorable tsunami demográfico que se avizora en las próximas décadas. La pregunta es cuánto tiempo podrán los gobiernos sostener este desequilibrio sin provocar una reacción social y política.
En países desarrollados como Francia y Alemania, la combinación de presiones fiscales por sistemas de protección social costosos y expectativas insatisfechas constituye una bomba de tiempo económica, social y política. Este malestar puede conducir en un futuro ya no muy lejano a liderazgos populistas que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos y que, lejos de resolverlos, tenderán a profundizarlos.
En países en desarrollo como México, la paradoja es distinta: el desequilibrio intergeneracional ya es considerable, pero sus consecuencias políticas todavía no parecen plenamente visibles. Cuando los jóvenes adviertan la inequidad intergeneracional del gasto público -crece el gasto en los adultos mayores mientras se rezagan las inversiones que determinarán sus oportunidades futuras- el descontento podría adquirir una nueva dimensión.
México —junto con Brasil— ofrece un caso paradigmático. En 2026, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas rondará los 2.5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 6.5% del PIB. Se trata del mayor componente del presupuesto público, por encima de lo que el país destina individualmente a rubros esenciales como educación, salud, seguridad o infraestructura. El contraste es profundamente injusto: mientras crecen las obligaciones asociadas al envejecimiento, los recursos para formar capital humano y construir las condiciones de productividad y bienestar de las nuevas generaciones se estancan o retroceden.
El problema ya está incubado. Es cuestión de tiempo para que sus consecuencias políticas se hagan visibles. Por eso, México debería comenzar a discutir desde ahora las batallas intergeneracionales que se avecinan y, sobre todo, buscar soluciones de cómo paliarlas. Los países desarrollados -con niveles de prosperidad muy superiores al de México- están descubriendo el costo de postergar esta conversación. Será muy costoso económica y socialmente que México espere a que el conflicto estalle para empezar a buscar soluciones.
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