La decisión se tomó al determinar que la CONATRIB incumplió los requisitos de independencia y apoliticidad exigidos a las asociaciones integrantes
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La decisión se tomó al determinar que la CONATRIB incumplió los requisitos de independencia y apoliticidad exigidos a las asociaciones integrantes
Por apoyar la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador, la más importante organización de magistrados y jueces mexicanos fue expulsada del máximo organismo internacional de impartidores de justicia.
Ante la pérdida de independencia y la politización del sistema de justicia, se determinó que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) dejó de cumplir con las condiciones necesarias para seguir siendo parte de la Asociación Internacional de Jueces (AIJ, por sus siglas en inglés).
En un hecho inédito, con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, la AIJ, también conocida como Unión Internacional de Magistrados (UIM), consideró que dicha comisión no puede seguir como miembro activo. Actualmente, el organismo reúne a 93 asociaciones nacionales de jueces de los cinco continentes, del cual México fue socio hasta este sábado.
La CONATRIB es la asociación que agrupa a los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas del país; actualmente es presidida por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Desde el anuncio de la Reforma Judicial, la AIJ alertó sobre los riesgos de la elección de jueces por voto popular, sustituyendo la designación de los mismos con base en méritos y carrera judicial.
Con motivo de su 68 reunión anual, el consejo central votó este 17 de octubre la expulsión de la CONATRIB al considerar que dejó de cumplir sus condiciones de membresía al no defender la independencia judicial.
La decisión se basó en la conclusión de que había dejado de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes.
La AIJ se fundó en 1953; reúne a las asociaciones nacionales de jueces de distintos países, no a gobiernos ni a tribunales. Según su estatuto, su objetivo principal es proteger la independencia judicial, que entiende como condición esencial de la función de juzgar y como garantía de los derechos humanos.
Para pertenecer a la UIM, una asociación debe cumplir dos condiciones: debe ser apolítica e independiente de los poderes ejecutivo y legislativo de su país.
Rafael Guerra Álvarez, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Chiapas, representaron a la CONATRIB en esta asamblea internacional.
El 28 de junio de 2024, la CONATRIB emitió un pronunciamiento oficial de apoyo a la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por AMLO, la cual se aprobó en septiembre de ese mismo año.
La AIJ abrió después un procedimiento de revisión y pidió a la CONATRIB un informe que entregó el 30 de junio de 2025. En él, la asociación mexicana argumentó lo siguiente:
Los dos relatores de Argentina y España, designados por la AIJ o UIM concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no desvirtuó la preocupación central. En su informe, afirmaron que al respaldar la elección popular de jueces, la asociación avaló un mecanismo contrario a la independencia y a la apoliticidad que exige el estatuto para las asociaciones miembro. Por ello, a su consideración, ya no reunía las condiciones que permitieron su admisión.
Con base en ese informe, recomendaron al Consejo Central que sometiera la exclusión a votación.
La votación estuvo precedida por un debate en el que la delegación de la CONATRIB defendió su actuación durante la reforma y representantes de otras asociaciones cuestionaron si esa actuación había sido compatible con la defensa de la independencia judicial.
Este 17 de octubre se convocó a los miembros que abarcan integrantes de asociaciones judiciales de todo el mundo para que votaran sobre si expulsar o no a la asociación mexicana en virtud de haber dejado de cumplir los requisitos reglamentarios para formar parte.
Durante la discusión, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica, entre otros países, preguntaron al presidente de la CONATRIB, qué acciones había emprendido su organización durante la aprobación de la reforma para defender la independencia judicial, principio que se había comprometido a promover como miembro de la AIJ.
El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, quien presidía la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) cuando se aprobó la reforma judicial en México, afirmó durante su intervención que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.
Sostuvo que la CONATRIB debió rechazar la destitución de los jueces y actuar de manera enérgica, en lugar de emitir un comunicado que “acompañaba” la modificación constitucional y presentar después ese respaldo como parte de una negociación. Concluyó que “no hay posibilidades intermedias” y que “la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”.
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