En la marcha, ciudadanos expulsaron a un grupo de encapuchados que atacaron comercios y hoteles, y saquearon tiendas
En la marcha, ciudadanos expulsaron a un grupo de encapuchados que atacaron comercios y hoteles, y saquearon tiendas

Una manifestación multitudinaria para exigir agua limpia en Guadalajara terminó este domingo con hechos violentos frente al Congreso de Jalisco, donde fueron reportadas detonaciones de presuntos artefactos explosivos y un incendio en el interior del edificio legislativo.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran llamas dentro del inmueble, mientras agentes de la Policía Estatal formaron un cerco de seguridad para evitar que los manifestantes ingresaran a las instalaciones.
Hasta la tarde de este día, las autoridades no habían determinado quiénes provocaron las explosiones, si hubo personas lesionadas ni la magnitud de los daños materiales.
Durante la marcha, ciudadanos expulsaron a un grupo de encapuchados que presuntamente robaba establecimientos, lanzaba cohetones y portaba bates.
No obstante, antes de ser retirados de la movilización, los encapuchados ya habían atacado comercios y hoteles, donde rompieron cristales y saquearon tiendas.
Los incidentes ocurrieron durante la Segunda Marcha por el Agua, que reunió a miles de habitantes inconformes con la calidad del suministro y con la actuación de las autoridades estatales frente a la crisis hídrica.
La movilización comenzó en el Parque Revolución y avanzó hacia el Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara, donde también se registraron actos vandálicos.
Un individuo vestido de negro, que llevaba un casco de ciclista, escaló hasta un balcón de la sede del Ejecutivo estatal y desprendió una cámara de vigilancia.
En las paredes del Palacio de Gobierno aparecieron diversas pintas de protesta, entre ellas una que acusaba a las autoridades de mantener vínculos con el crimen organizado mediante la expresión "Narco Gobierno".
La jornada estuvo marcada por denuncias de los propios manifestantes sobre la presencia de personas ajenas al movimiento que, según señalaron, pretendían provocar enfrentamientos.
Ante esa situación, los organizadores anunciaron inicialmente la suspensión de la marcha. Sin embargo, numerosos participantes decidieron continuar hasta llegar a las inmediaciones del Palacio de Gobierno.
Integrantes del contingente acusaron a las autoridades de permitir la actuación de presuntos grupos de choque y cuestionaron la ausencia de policías que garantizaran la seguridad de quienes participaban en la protesta.
Una de las manifestantes propuso permanecer brevemente frente al edificio gubernamental para expresar sus demandas y posteriormente abandonar la zona en grupos reducidos, con el propósito de evitar agresiones.
Los participantes insistieron en que sus exigencias de acceso a agua limpia no podían quedar relegadas por los incidentes violentos.
También responsabilizaron al gobierno estatal de cualquier agresión que pudieran sufrir durante la movilización.
La protesta, convocada para reclamar soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua, quedó así ensombrecida por los ataques contra edificios públicos y las denuncias de posibles provocadores.
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