En México hay quienes parecen contar los días para las elecciones estadounidenses como si el 3 de noviembre venciera el contrato de Donald Trump. Tengo malas noticias. Se renueva el Congreso, no se jubila al presidente. Tampoco se archivan los expedientes sobre nuestro país.
He sostenido que el narcotráfico y la corrupción mexicana tienen valor electoral en Estados Unidos. Lo vimos hace diez años con el famoso “build that wall”. México servía para explicar problemas, alimentar agravios y ofrecer una solución de concreto. El muro cabía perfectamente en un mitin, aunque la realidad nunca cupiera en el muro.
Hoy el estadounidense encuentra el precio de la gasolina anunciado en cada esquina. No necesita un analista para explicarle cuánto le está costando la guerra con Irán. Le basta llenar el tanque. Hablar de México puede arrancar aplausos; explicar por qué alcanza menos el sueldo exige bastante más que señalar hacia el sur.
Aunque México pese menos en la campaña electoral estadounidense, la presión sigue. Los tribunales avanzan con sus casos y el Departamento del Tesoro impone sanciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. Un anuncio de la OFAC basta para poner en crisis a un gobierno estatal y exhibir relaciones que las autoridades mexicanas prefirieron no investigar porque proteger al partido les importa más que hacer justicia.
Lo vemos en Baja California. El escándalo alcanza dimensión nacional, pero el golpe político se concentra en una región. El grupo gobernante recibe el impacto, cierra filas y continúa. Acaban más indignados con quienes exigen explicaciones que con los señalamientos contra sus compañeros. Qué curiosa manera de combatir la corrupción.
Después aparece otro pleito. Una academia para capacitar policías en Querétaro ocupa días de confrontación. Conozco lo que cuesta preparar buenos policías y lo que cuesta perderlos. Conseguir capacitación provoca reclamos presidenciales; tener corporaciones abandonadas, mal pagadas y mal equipadas parece un asunto menos urgente. Para eso hay paciencia.
Ahora la discusión está en Guadalajara, con la manifestación por el agua. Otro conflicto, otras acusaciones y los asuntos anteriores siguen sin respuestas. El escándalo de esta semana desplaza al de la pasada. Los responsables deben agradecer que nunca falte un nuevo incendio para dejar de hablar del suyo.
Nunca había escuchado tantos casos de cancelación de visas a mexicanos de perfiles tan distintos. Hablo de lo que estoy escuchando, no de una estadística que no tengo. Pero cuando empresarios, profesionistas y familias empiezan a compartir esa preocupación, el problema ya salió de los círculos políticos.
Para quienes vivimos en la frontera, una visa forma parte de la vida cotidiana. Trabajo, negocios, compras, visitas familiares. Su cancelación puede alterar de golpe una organización construida durante décadas. No se resuelve con una conferencia de prensa ni con un discurso sobre la dignidad nacional.
No conozco las razones de cada cancelación. Sí veo la preocupación que generan. Tener gobernantes con una imagen desaseada empieza a inquietar también a quienes nunca han tenido relación con ellos. La pregunta es concreta. ¿Hasta dónde puede alcanzarnos la desconfianza que ellos provocan? Mientras lo averiguamos, los políticos siguen dando discursos y las familias reorganizan su vida.
Faltan tres semanas. Después no esperaría descanso. Una derrota republicana no garantiza un Trump complaciente; una victoria, mucho menos. He lidiado con suficientes conflictos para saber que nadie deja de exigir resultados solamente porque terminó una elección.
México necesita gobernantes capaces de defender al país sin utilizarlo como escondite personal. Esperar que el votante estadounidense nos resuelva el problema resulta comodísimo para quienes lo provocaron.
Allá elegirán legisladores. Aquí necesitamos autoridades que entiendan algo elemental. La soberanía también se defiende dejando de ensuciar al país.
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