Pocas veces se ve con tanta claridad el choque entre el derecho, la economía y la política como está ocurriendo en España en estos días. El trasfondo del asunto es la vivienda. La Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, pero lo hace como un mandato dirigido a los poderes públicos, que deben promover las condiciones para hacerlo efectivo. Dicho de otro modo, es un derecho cuyo alcance depende de lo que el Estado pueda y decida hacer con sus recursos.
El problema es dramático y multifacético. En ciudades como Madrid o Barcelona hay poco espacio para crecer, sobre todo en el centro, aunado a que muchos de los espacios ahí situados se dedican a las rentas de corta estancia, y a ello se suma que muchas personas con capacidad económica compraron inmuebles para rentarlos, lo que ha presionado aún más a quienes buscan dónde vivir. Todo ello ha provocado el encarecimiento de departamentos y casas, aunado a este fenómeno, es importante considerar que, de acuerdo con datos oficial del Defensor del Pueblo, tres de cada diez inquilinos españoles destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler, frente a dos de cada diez en promedio en la Unión Europea.
Las medidas que propone el gobierno son amplias. Incluyen una prórroga de dos años para contratos de arrendamiento al corriente de pago, límites al aumento de rentas, restricciones a la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión, protección frente a los lanzamientos de familias vulnerables y el pago de más impuestos a los departamentos destinados a estancias cortas. Cada uno de estos elementos toca algo que el derecho protege (o debiera proteger) con la misma seriedad: la propiedad privada, la libertad contractual y la libertad de trabajo de quien decidió invertir sus ahorros en una vivienda para rentar.
Ahí está la tensión más interesante. Un derecho social de enorme importancia como lo es la vivienda está en ruta de colisión con derechos de las personas propietarias, y no basta con decir cuál pesa más. Hace falta una solución jurídicamente pertinente y oportuna, porque cuando las reglas cambian por decreto y en medio de la vorágine política, la seguridad jurídica es la primera que sufre.
¿Puede replicarse algo así en México? Difícilmente en el corto plazo, pues los mercados son muy distintos y las condiciones normativas, e incluso socio económicas también, así que extrapolar el caso sin más sería un error. Pero nuestra Constitución también reconoce, en el artículo 4, el derecho de toda familia a una vivienda digna y decorosa, y protege la propiedad y la seguridad jurídica en otros artículos. Nuestras ciudades, con el fenómeno de la gentrificación y el auge de las plataformas de renta temporal, ya comienzan a mostrar síntomas parecidos.
La lección es que conviene discutir estos temas antes de que escalen. La propiedad y la seguridad jurídica son pilares del derecho, pero deben convivir con el derecho a una vivienda digna. El equilibrio se construye con diálogo, con mayor oferta de vivienda y con reglas claras y proporcionales, no con improvisaciones que a nadie convienen.
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