Aunque a los parientes y compinches de López Obrador los encuentren dando brincos en una bóveda con dinero, el gobierno dirá que no hay investigación contra ellos porque no existen pruebas.
¿Qué más pruebas necesitan para investigar?
La veracidad o falsedad de lo que conocemos como pruebas, debe definirla una investigación.
Así es que pruebas no faltan, lo que no hay son investigaciones.
Eso no se debe a falta de elementos, sino a la indecisión de la presidenta que no puede o no quiere actuar.
Leo que es la presidenta más popular del mundo, pero sin fuerza para hacer lo que quisiera y debiera, que es limpiar los peldaños más altos de la escalera en que se encuentra.
Cierto, López Obrador ha perdido el control absoluto que ostentaba, pero conserva lo fundamental: las correas que sujetan al tigre.
En la selección de candidaturas a gobiernos estatales los López retrocedieron. Querían Quintana Roo y la perdieron. Tenían Nayarit y lo perdieron. Perdieron Baja California Sur. Querían San Luís y no pudieron.
Contra lo que pueda decirse, el avance del Verde dentro de la coalición gobernante es una buena noticia rumbo a la batalla de 2030.
Pero AMLO conserva las correas del tigre: la CNTE, el IEPO (Oaxaca), gobiernos del norte del país cuyas estructuras políticas se funden con el poder criminal.
Para la plana mayor del gobierno federal, no hay ni habrá prueba que amerite una investigación contra el círculo delictivo del expresidente.
Ahora vemos que Pío López Obrador se inscribió para ser candidato a diputado federal por Morena en Tabasco.
¿No hay indicios ni pruebas contra Pío?
Andy López Beltrán también se inscribió para ser candidato a diputado federal de Morena.
Ambos tendrán fuero, en caso de ganar.
Intocables, a pesar de que sobre Andy hay una colmena de señalamientos, videos, audios y declaraciones ministeriales que lo ligan con delitos de todo tipo.
El gobierno no va a atender la solicitud de Estados Unidos para extraditar a una decena de funcionarios de Sinaloa, empezando por el gobernador, porque ellos tienen un defensor que se llama AMLO.
Sheinbaum se quitaría un peso de encima si manda a Rocha Moya y otros delincuentes a Estados Unidos, pero no puede o no quiere.
Las acusaciones contra los diez de Sinaloa, dice AMLO en su reciente libro, son “expedientes fabricados y pruebas hechizas”.
Todos sabemos que las acusaciones están fundamentadas: hay testigos y denuncias.
Cargos federales: conspiración para importar y distribuir narcóticos como fentanilo y cocaína, uso de armas de grado militar y cohecho institucional.
Corrupción electoral: un pacto desde las elecciones de 2021, donde el Cártel de Sinaloa apoyó campañas mediante intimidación y secuestro de rivales a cambio de cogobierno.
Sobornos: el expediente detalla pagos mensuales a mandos policiales y funcionarios a cambio de información táctica, inacción y protección de operaciones,
¿Pruebas hechizas? Por favor.
El caso de Baja California es de terror.
La gobernadora morenista se ofreció como informante del FBI ante el temor de una solicitud de extradición.
Y la Federación la defiende a pesar de que sabe la gravedad del tema. Eso es debilidad presidencial.
Su popularidad sólo le alcanza para reprender al gobernador de Querétaro. Además, erró el tiro. Dentro de Palacio la engañan.
Carlos Alberto Torres, exmarido de la gobernadora que buscó revelar secretos al FBI, ejerció sus influencias políticas cuando era esposo de la mandataria de BC, para proteger actividades criminales del Cártel de Sinaloa, señala el Departamento del Tesoro.
Luis Alfonso Torres, hermano del exesposo de la gobernadora, está acusado por EU de coordinar el lavado de dinero de narcotraficantes a través de empresas y campañas políticas.
¿A qué campañas irían esos recursos del crimen?
Nadie investiga, porque donde se apriete al obradorismo brotan delitos graves.
Al fin cayó El Tanque, donde está el cable que podría conectar a Amílcar Olán, su hermano, y a dos hijos de AMLO con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Veremos si lo detuvieron para que hable o para que calle.
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