Su fallecimiento ocurrió 14 días después de que fuera expulsada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas
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Su fallecimiento ocurrió 14 días después de que fuera expulsada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas
Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio convirtió la crisis de vivienda en el principal foco de movilización social en España durante las últimas semanas, murió este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el 23 de septiembre.
Su fallecimiento ocurrió 14 días después de que fuera expulsada de la vivienda en la que había vivido durante siete décadas. Hasta el momento no se ha informado oficialmente de una causa concreta de muerte.
Maricarmen fue trasladada al hospital el mismo 23 de septiembre, después de que la comisión judicial ejecutara el desahucio de la vivienda. La mujer salió del inmueble en camilla y fue llevada en una ambulancia del Samur, mientras decenas de personas que se habían concentrado para intentar impedir el desalojo la despedían entre gritos de apoyo.
La imagen de la anciana abandonando el hogar donde había vivido desde 1956 se convirtió en el detonante de una ola de protestas que rápidamente trascendió Madrid.
La expulsión provocó una respuesta inmediata. El Sindicato de Inquilinas convocó movilizaciones bajo el lema “Por todas las Maricarmen” y las protestas se extendieron a al menos 16 ciudades españolas.
Los manifestantes reclamaron el fin de los desahucios, medidas contra los fondos de inversión y una legislación que tratara la vivienda como un derecho y no como un activo de inversión.
La movilización alcanzó su punto más visible el 26 de septiembre, cuando una manifestación recorrió Madrid bajo el lema “Ni una Maricarmen más”. Tras la marcha, cientos de personas instalaron una acampada en la Puerta del Sol, que se convirtió en el centro de las protestas y en un punto de encuentro para personas que enfrentaban problemas similares de alquiler y desahucio.
Mientras la movilización crecía, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó medidas para responder a la crisis habitacional, entre ellas una moratoria para determinados desahucios y mecanismos para ampliar la duración de los contratos de alquiler.
Los sindicatos de inquilinos reclamaron además renovaciones automáticas y mayor protección para los hogares vulnerables, en lo que comenzó a conocerse como el “decreto Maricarmen”.
Sin embargo, los dos decretos de vivienda fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre, después de que Junts, PP y Vox votaran en contra. La derrota parlamentaria profundizó la crisis política y las protestas continuaron en la Puerta del Sol, mientras los manifestantes exigían al Gobierno nuevas medidas para proteger a los inquilinos
La movilización terminó teniendo consecuencias políticas que fueron mucho más allá del caso de una sola mujer. El rechazo de las medidas de vivienda, sumado a la presión social generada desde el desahucio, contribuyó al adelanto de las elecciones generales españolas para el 29 de noviembre, según la cronología publicada por Cadena SER.
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