Las normas buscan ampliar la protección de los inquilinos, contener los precios y aumentar la oferta de vivienda
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Las normas buscan ampliar la protección de los inquilinos, contener los precios y aumentar la oferta de vivienda
El gobierno de España aprobó este martes dos decretos con 21 medidas para hacer frente a la crisis de vivienda, después de que una primera versión fuera rechazada por el Congreso la semana pasada y provocara una nueva ola de protestas en distintas ciudades del país.
Las normas buscan ampliar la protección de los inquilinos, contener los precios y aumentar la oferta de vivienda.
Entre las principales medidas se encuentra la protección frente a desahucios de personas vulnerables sin una alternativa habitacional, así como la prórroga de determinados contratos de alquiler y límites a la actualización de las rentas. El paquete también contempla restricciones a la compra especulativa de viviendas por parte de grandes fondos y propietarios.
El Ejecutivo incorporó además una línea de financiación de 10 mil millones de euros administrada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permitirá conceder préstamos sin intereses de hasta 50 mil euros para facilitar la compra de una primera vivienda.
También se destinarán 280 millones de euros en avales para impulsar la construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social.
La aprobación ocurre después de semanas de creciente malestar social por el encarecimiento de la vivienda. Las movilizaciones cobraron especial fuerza tras el desahucio, el 23 de septiembre, de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años de Madrid cuya expulsión de su vivienda se convirtió en un símbolo de la crisis y detonó nuevas protestas de organizaciones de inquilinos.
La tensión aumentó después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los anteriores decretos con los votos del Partido Popular, Vox y Junts. Una de las normas obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra e incluía la prórroga de alquileres, límites a las rentas, restricciones a los llamados fondos buitre y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos.
El rechazo parlamentario impulsó manifestaciones en más de 50 ciudades durante el fin de semana. En Madrid, decenas de miles de personas marcharon para exigir medidas frente al encarecimiento de los alquileres y la falta de vivienda asequible.
El conflicto por la vivienda también precipitó una decisión política. El lunes, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, después de que su Gobierno no lograra sacar adelante los decretos en el Congreso.
El presidente justificó la convocatoria al considerar que, ante la falta de respaldo parlamentario para atender uno de los principales problemas ciudadanos, corresponde a los españoles elegir un nuevo Parlamento.
Sánchez defendió este martes que su Gobierno seguirá actuando hasta los comicios y aseguró que las nuevas medidas no responden a una cuestión ideológica, sino a la necesidad de proteger a los ciudadanos ante una emergencia habitacional.
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