Desde hace más de quince años he sostenido que, particularmente en nuestro país, el uso de efectivo genera más desventajas que beneficios para nuestro desarrollo. La criminalidad, la corrupción y la informalidad se nutren, en buena medida, de esa forma de moneda. Con ella operan sus actividades, resguardan sus utilidades y, después, las integran a diversos sectores económicos mediante el lavado de dinero.
Por eso aplaudo la intención del Ejecutivo al proponer la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que esta semana discutirá el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, considero un error que su artículo 13 faculte a la Secretaría de Hacienda para determinar, de forma discrecional, los sectores y actividades en los que el pago digital podrá ser la única forma de pago. Por dos razones.
La primera es de competencia. La Ley Monetaria, vigente desde 1931, establece en su artículo 4o. que los billetes del Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado. En su artículo 7o. señala que las obligaciones en pesos se solventan con billetes y monedas. Es decir, el curso legal del efectivo lo fija el Congreso, y su emisión corresponde a un banco central al que el artículo 28 constitucional otorga autonomía. La iniciativa no reforma esa ley ni le da a Banxico papel alguno en la decisión. Hacienda decide y los reguladores de cada sector ejecutan.
La segunda es de eficacia. La prohibición recaerá sobre gasolineras, casetas y otros sectores formales, donde paga quien cumple. ¿Dejará de circular el billete con el que se compra un voto? ¿Con el que se paga un soborno o un rescate? ¿Con el que se cobran apoyos sociales mediante identidades usurpadas? En otras palabras, la ley restringe el efectivo de quienes cumplen y deja intacto el de quienes no. Reducir el circulante es una decisión que corresponde al Banco de México.
Se dirá que millones de mexicanos carecen de conectividad o de una cuenta bancaria. Es cierto. Pero cerrar esa brecha cuesta mucho menos que lo que hoy nos cuestan la inseguridad, la informalidad y la corrupción. Ya no hay pretexto real para no reducir el efectivo circulante a su mínima expresión.
Las personas honradas y trabajadoras, la economía formal y el cumplimiento de la ley, incluida la electoral, serían los más beneficiados por esa política pública. De una u otra forma, llegará.
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