En 2013-2014 se llevó a cabo la reforma energética más ambiciosa en la historia moderna de México. Después de décadas de resistencias políticas, el gobierno logró reunir los votos necesarios para abrir el sector energético a la participación privada. La razón era clara: Pemex y CFE, además de sus problemas operativos, requerían urgentemente recursos para invertir, frente a enormes restricciones fiscales (que sólo se han agravado).
La reforma no era perfecta, pero tenía un objetivo inequívoco: atraer masivamente inversión privada sin excluir a Pemex y CFE de las actividades estratégicas. En contra de lo que sostuvo (y sostiene) la retórica oficial, no se buscaba “abandonar” a las empresas del Estado, sino fortalecerlas, concentrarlas en áreas prioritarias, al tiempo que se incorporaba inversión privada para complementar los recursos públicos.
Decenas de empresas llegaron al país con expectativas de invertir. Pero en 2018 todo cambió. Sin necesidad de modificar formalmente la Constitución, López Obrador congeló la reforma energética y cerró espacios a los privados.
La presidenta Sheinbaum ha seguido un camino distinto, a medias. Aunque la reforma constitucional de 2024-2025 introdujo cambios relevantes, su gobierno ha mostrado mayor pragmatismo y recuperado algunos espacios para la participación privada, particularmente en electricidad.
El problema es que el nuevo modelo sigue dependiendo en buena medida de la inversión pública, precisamente cuando el gobierno no tiene recursos suficientes para realizarla. De acuerdo con cifras recientes de la SHCP, 2026 apunta a ser el año de menor inversión pública en dos décadas.
En otras palabras, el gobierno restringe los espacios para la inversión privada al mismo tiempo que carece de capacidad fiscal para sustituirla. Mientras tanto, los cuellos de botella se acumulan: México necesita ampliar urgentemente su infraestructura eléctrica y revertir la caída de la producción petrolera. En agosto, la producción de crudo alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas.
Esta esquizofrenia difícilmente puede terminar bien.
Es cierto que el gobierno de Sheinbaum ha mostrado recientemente mayor pragmatismo. La urgencia de recuperar el crecimiento parece haber abierto la puerta a una mayor participación privada. Los concursos anunciados en generación eléctrica han despertado interés entre inversionistas. No obstante, el avance parece demasiado lento frente a la magnitud de las necesidades.
En petróleo el gobierno luce paralizado. Los esquemas de contratos mixtos resultan poco atractivos, mientras Pemex enfrenta restricciones para aumentar su inversión ante la estrechez de las finanzas públicas.
Estamos ya en el tercer año de gobierno y la indecisión persiste: no termina de abrir sin ambigüedades el sector, pero tampoco tiene los recursos para invertir lo que el país necesita. La ideología —desafortunadamente— sigue pesando más que la urgencia de encontrar mecanismos eficaces para atraer capital y tecnología.
El gobierno, en resumen, no picha, ni cacha y ni deja batear. Mientras tanto, México pierde tiempo, inversión y oportunidades.
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