La súbita huida de Amílcar Olán de Lugano, Suiza, una vez descubierto por el reportero Irving Pineda, nos muestra a la caja negra de la corrupción obradorista a salto de mata por el mundo.
No es la única caja negra, desde luego, pero es la del momento y bien haría el joven tabasqueño en refugiarse en lugar seguro, decir lo que sabe ante autoridades confiables, pues hay algo más peligroso que enfrentar a la justicia: la mafia que engendró el sexenio 2018-2024.
Su biografía como empresario comenzó el 25 de mayo de 2018, cuando recibió un modesto contrato del gobierno federal, por 27 mil 642 pesos para proveer un par de refacciones para baños.
La vida le cambió al pequeño empresario tabasqueño cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, padre de sus amigos López Beltrán, y se vio favorecido con negocios de cientos y de miles de millones de pesos.
En enero de 2020 el joven Olán creó Romedic. Cuatro meses después comenzaron a caer contratos del gobierno de Tabasco, encabezado por Adán Augusto López Hernández.
Su debut en las grandes ligas de los negocios con el gobierno se dio con nueve contratos por 216 millones de pesos.
Entre Tabasco y Quintana Roo, Romedic acumuló después más de 490 millones en contratos para medicamentos e insumos médicos, que se pagaron con recursos federales del Insabi.
Por esas fechas apareció un personaje que se repetirá en distintos negocios: Juan Carlos de la Cruz Murillo, el contador de Amílcar Olán.
De la Cruz figura como comisario de Romedic. También, accionista mayoritario de Poyago. Administrador de Portacelis Gas and Oil. Y encargado de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, compañía en que Olán es dueño de 90 por ciento de las acciones.
Poyago era una ferretera, y con la abundancia de la cuarta transformación modificó su objeto social para entrar al negocio farmacéutico y recibir contratos del IMSS.
Entre 2023 y 2024 obtuvo cientos de millones de pesos en contratos en su nuevo giro.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó compras de sitagliptina-metformina a Poyago por hasta dos mil 300 pesos el envase, cuando en una compra consolidada el sector salud había pagado sólo 210 pesos por cada envase con los medicamentos.
Luego apareció Pemex en la afortunada racha de Amílcar.
Grabaciones dadas a conocer por Latinus señalan que Olán dice haber invertido cerca de 90 millones de pesos en Wessco, una empresa de servicios petroleros.
Wessco obtuvo alrededor de mil 200 millones de pesos en contratos con Pemex durante el obradorismo, según las investigaciones periodísticas.
Formalmente esa compañía estaba a nombre de otras personas, y el vínculo con Olán viene de sus propias conversaciones grabadas y difundidas por Latinus.
Después llegó el trenecito de López Obrador.
En los audios que todos pudimos oír, Amílcar Olán habla directamente de Gonzalo Bobby López Beltrán, hijo del entonces presidente.
Ahí dijo que Gonzalo López Beltrán le encargó 500 mil metros cúbicos de balasto y habló de la intervención del hijo del presidente ante los jefes militares en asuntos relacionados con la obra.
Olán presumió una utilidad de 250 millones de pesos en sólo seis meses con el balasto.
Los López Beltrán han negado haber utilizado su influencia para beneficiar a sus amigos. Pero los audios son una evidencia periodística que el gobierno federal desechó investigar.
Del negocio del balasto con el Tren Maya se avanzó al Tren Interoceánico, cuya obra fue supervisada por Gonzalo López Beltrán, nombrado por su papá, el presidente de la República.
Está documentada una operación por 47.6 millones de pesos para suministrar piedra a la Línea K. “Y ya si se descarrila, es otro pedo”. No fue un contrato directo del gobierno con Olán, sino una operación dentro de la cadena de proveedores.
Después llegaron los combustibles.
En agosto de 2024 nació Portacelis Gas and Oil. Su primer administrador fue De la Cruz Murillo, el contador que aparece desde Romedic.
Tres días antes de terminar el gobierno de López Obrador, la Secretaría de Energía le concedió autorización para importar hasta 52 millones de litros de diésel.
Después, el SAT pidió a la FGR investigar a Portacelis por una presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos relacionada con importaciones de combustible. Huachicol fiscal, pues.
El recorrido empresarial de Amílcar Olán en el sexenio de AMLO fue tan vertiginoso como lucrativo: medicinas, Pemex, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, combustibles.
Y en todo ese camino de dinero y favoritismos aparecen los mismos nombres. Los López Beltrán (salvo el mayor de ellos).
No todo ese dinero puede atribuirse a Olán. Hay empresas que son suyas, otras son de sus socios, colaboradores o personajes de su entorno.
Lo obvio que tendría que hacer la Fiscalía General de la República es investigar esa fortuna hecha al amparo de los estrafalarios y costosos caprichos de López Obrador, que todos pagamos.
Y lo expuesto aquí es sólo una parte de los negocios hechos con el gobierno, ya que otro tanto está clasificado como “de seguridad nacional” y no tenemos derecho a saberlo.
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