Los resultados de la Encuesta Intercensal publicados recientemente por el INEGI encendieron las alertas entre economistas y demógrafos. La tasa global de fecundidad (TGF) de México habría caído en apenas seis años de 1.9 a 1.2 hijos por mujer, una reducción mucho más acelerada de lo previsto por las proyecciones demográficas de los últimos años.
El tsunami demográfico se acerca más rápido de lo esperado. Y sus implicaciones económicas, sociales y políticas serán enormes.
Primero hay que entender qué puede explicar una caída de esta magnitud. Los jóvenes están posponiendo temporal o definitivamente la decisión de tener hijos por una combinación de factores: menor embarazo adolescente —una excelente noticia, asociada a un mayor acceso y conocimiento de métodos anticonceptivos—, menos matrimonios, incertidumbre económica, elevado costo de la vivienda y, en general, mayores dudas sobre la posibilidad y conveniencia de asumir la responsabilidad de tener hijos.
Pero más allá de las causas, la experiencia internacional deja una advertencia: cuando una sociedad comienza a tener menos hijos, la tendencia suele profundizarse antes que revertirse. El economista del Tec de Monterrey, Héctor Villarreal, ha advertido desde hace años sobre la insuficiente preparación de México frente al cambio demográfico. A partir de los resultados del INEGI, reestimó sus proyecciones: si se mantuviera la tasa de fecundidad reportada por la Encuesta Intercensal, la población en 2050 sería de 129 millones de habitantes, ligeramente menor a la actual. Pero si la tendencia continúa acentuándose —un escenario plausible—, México tendría 121 millones.
Las consecuencias serán profundas. El envejecimiento de la población implicará mayores presiones sobre las finanzas públicas por pensiones, salud y cuidados, precisamente cuando habrá menos población en edad de trabajar para sostenerlas. Pero el problema va más allá. Los países que envejecen rápidamente suelen enfrentar mayores dificultades para elevar su productividad y, por tanto, para mantener tasas elevadas de crecimiento.
México ya arrastra desde hace décadas un problema de baja productividad y crecimiento. Una transición demográfica más acelerada hará todavía más difícil resolverlo.
El peor escenario para México y América Latina sería convertirse en sociedades envejecidas sin haber alcanzado niveles suficientes de prosperidad para financiar esa transición. No hay, desde luego, un destino inexorable. Una población que eventualmente se estabilice también puede generar beneficios. Pero con una economía que ha crecido menos de 1% en promedio durante la última década, 55% de informalidad laboral y finanzas públicas presionadas, el desafío es enorme.
La respuesta de la política pública debería ser evidente: elevar la productividad, impulsar el crecimiento, aumentar la formalidad y preparar desde ahora las finanzas públicas para el envejecimiento.
El problema es que el tsunami demográfico no espera a la política. Avanza silenciosamente. Y mientras más tardemos en reaccionar, menor será el margen de maniobra.
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