El proceso electoral de 2027 ya comenzó. Por respeto a la sociedad, quienes tienen a su cargo organizarlo deben estar presentes cuando toman decisiones. Sin embargo, el jueves pasado representantes de SOMOS y del PRI acudieron a la sede del INE para pedir que el Consejo General sesionara y discutiera frente a frente. La herradura de la democracia estaba vacía: la presidenta convocó a una sesión ordinaria por videoconferencia. La petición no prosperó.
Guadalupe Taddei respondió que el Reglamento permite sesiones presenciales, virtuales e híbridas. Es cierto. Pero permitir tres modalidades no significa que deban usarse indistintamente. Terminó la pandemia y ya no hay motivo para convertir la distancia en rutina, ni en el Consejo ni en sus comisiones. La sesión pública presencial debe ser la regla; cualquier excepción, justificarse ante la ciudadanía.
Esa exigencia pesa más cuando lo que permea es la desconfianza. La autoridad electoral pide que creamos en sus decisiones. Tiene entonces que mostrar cómo llega a ellas, abrir el debate y asumir públicamente sus desacuerdos. La máxima publicidad no consiste sólo en encender una cámara y subir una versión estenográfica. Es una garantía para observar a quienes deciden, conocer sus argumentos y exigirles cuentas.
No olvidemos de dónde venimos. Durante años, asuntos políticos fundamentales se negociaban en lo oscurito y el público conocía únicamente el resultado. La herradura representó una ruptura con esa práctica: sentar a la autoridad y a los partidos en una mesa visible, donde las diferencias pudieran expresarse ante todas y todos. Dejarla vacía sin una razón convincente empobrece esa conquista.
En una reunión presencial se debate cara a cara. Una consejera puede acercarse a una representación para aclarar una objeción; quienes negocian pueden buscar una salida durante un receso; cada integrante puede consultar a su equipo y volver a la mesa para defender su posición. Sí, parte de eso también puede hacerse por medios digitales. Pero las decisiones y los acuerdos del proceso electoral exigen un debate presencial de altura. Aquella sesión abordó la integración de los consejos locales y reglas sobre precampañas y coaliciones, cuya aplicación incide en discusiones tan delicadas como la sobrerrepresentación legislativa. No son asuntos para despachar entre otras actividades.
Los organismos multilaterales siguen dando valor a reunirse. El Consejo Permanente de la OSCE convoca semanalmente a las delegaciones en Viena para consultar, negociar y decidir sobre asuntos estratégicos. No porque desconozcan las videollamadas, sino porque sentarse a deliberar expresa la responsabilidad de hacerse cargo de posiciones encontradas. ¿Por qué habría de importar menos en la autoridad que organiza nuestras elecciones?.
El 24 de septiembre dejó, además, una pregunta concreta. El consejero Jorge Montaño no respondió al pase inicial de lista, aunque después participó y votó a distancia. Ese mismo día intervino en la inauguración de un encuentro electoral en Chiapa de Corzo, junto con el presidente de la Sala Superior del TEPJF. La versión estenográfica registra otros llamados de votación sin respuesta y momentos en que reportó problemas de conexión. No sabemos si se empalmaron los horarios de ambos actos; sí sabemos que es indispensable explicar desde dónde participó y cómo atendió íntegramente la sesión. El Consejo no puede quedar subordinado a otras agendas.
La práctica también merece atención en el Tribunal Electoral: este mes, la Sala Superior cambió una sesión convocada como presencial a videoconferencia y celebró otra por esa vía. Cada institución debe poder explicar por qué elige la distancia para cumplir funciones que exigen deliberación pública.
La participación remota puede resolver una causa excepcional y justificada. La regla debe ser otra: acudir a sesionar, dedicar atención completa al debate y explicar cualquier ausencia. En medio de la desconfianza rumbo a 2027, ocupar sus asientos y mirarse a la cara es lo mínimo que las autoridades electorales le deben a la sociedad.
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