1. La versión del testigo colaborador ‘Juan’.
En la atención del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), detuvo y/o consignó a 33 personas en calidad de sujetos activos de la desaparición de 43 normalistas. Entre los imputados por el Ministerio Público Estatal, se encuentran los mandos de la Policía Municipal de Iguala, de nombres Alejandro Tenescalco Mejía, Francisco Ignacio Salgado Valladares, Felipe Flores Velázquez y el presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, destacando que este último es actualmente considerado el autor intelectual de los hechos.
Lo anterior, resulta contrario a lo que declaró Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, en calidad de testigo colaborador identificado como ‘Juan’, en la época en que Omar Gómez Trejo encabezó la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), en el sentido de que la PGJEG buscó imputar o responsabilizar a policías de “bajo nivel”.
Todos los consignados por la Representación Social Local están sujetos a proceso y privados de su libertad, sin que en ninguno de esos casos se haya alegado que se incurrió en abusos de autoridad o actos de tortura, tal como lo observaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
Es dable destacar que al rendir su declaración primigenia, López Astudillo aportó datos que sirvieron como sustento de la denominada “Verdad Histórica” que dio a conocer la PGR en tiempos del licenciado Jesús Murillo Karam y que, recientemente, le fue revocada la calidad de testigo colaborador, por lo que fue reaprehendido.
Por lo tanto, se colige que el enunciado sujeto, al igual que otros integrantes de la organización delictiva ‘Guerreros Unidos’ que fueron reconocidos como “colaboradores” en la época en que Omar Gómez Trejo estuvo al frente de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), poco o nada aportaron para el esclarecimiento de los hechos en cuestión.
En efecto, las declaraciones de ‘Juan’, están plagadas de yerros e inconsistencias, datos insuficientes, vagos o ambiguos, no idóneos o falsos.
'Juan' sostiene que los estudiantes fueron asesinados y desaparecidos mediante el usos de ácidos y químicos, y que algunos de esos restos fueron llevados a un crematorio para su posterior diseminación en zonas cercanas a Iguala, entre ellas una mina y lugares situados por un vertedero de basura de Cocula, siendo posteriormente encontrados por la PGR. En el desarrollo de los hechos en comento, a decir del testigo colaborador, participaron integrantes de los ‘Guerreros Unidos´, la Policía Estatal, la Policías Ministerial del Estado de Guerrero, la Policía Federal Ministerial, la Policía Federal (PF) y el Ejército.
Al respecto, es dable acotar que se trata del testimonio de un sujeto suspicaz, fantasioso, vil y cobarde que se esconde bajo un nombre o figura de supuesto testigo colaborador de quien se sabe, con absoluta certeza, que no solo participó en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sino también en múltiples delitos (narcotráfico, homicidios y secuestros), lo cual, conforme a la legislación de la materia, debió hacer nugatorio o inválido el reconocerlo con tal calidad.
Su dicho es una apología de rencor y venganza hacia quien o quienes lo persiguieron, detuvieron y encarcelaron, y aun cuando en algún momento fue puesto en libertad, no es porque lo hubiesen encontrado inocente de los cargos que se le imputaron, sino por supuestas violaciones al debido proceso, particularmente el hecho de haber sido torturado, respecto de lo cual, a la fecha, se desconoce el estado o el sentido de la determinación de la carpeta de investigación ministerial correspondiente. Se trata de un testimonio plagado de contradicciones e inconsistencias, entre las cuales destacan las siguientes:
- La intromisión o llegada de los jóvenes normalistas a Iguala fue fortuita y ello está plenamente demostrado por el análisis llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
- No existen testimonios o evidencias para acreditar que los estudiantes fueron infiltrados o que se mezclaron con delincuentes en su trayecto a Iguala o durante su estancia en esa población, tal como ha sido observado por uno de los asesores jurídicos de los padres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
- Ignora o desconoce, a conveniencia, los antecedentes del caso, entre ellos que la Fiscalía Guerrerense investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes a lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, y que, por lo mismo, fue una instancia generadora de información y de permanente intercambio de datos con distintas autoridades o instancias del gobierno federal, ya sea en reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero o con los enlaces y titulares del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la PF.
- Nada menciona sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público Estatal, entre ellas el operativo de búsqueda de estudiantes que durante las primeras horas del 27 de septiembre se encontraban esparcidos o escondidos en Iguala, lo cual trajo como resultado el resguardo de 68 jóvenes en las instalaciones de la Fiscalía Regional, tal como consta en un reporte policial de incidencias. También es omiso en señalar que como resultado de la intervención de dicha institución local, en un primer momento se concentró a casi la totalidad de los elementos de la Policía Municipal de Iguala en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y que como resultado de los trabajos de investigación ministerial y apoyo pericial se logró establecer la probable responsabilidad de 22 elementos de la aludida corporación municipal, la mayoría de los cuales fue identificada por parte de un grupo de normalistas como sus agresores. Finalmente, soslaya que posteriormente se consignó a otras 11 personas, entre ellas a José Luis Abarca Velázquez y Felipe Flores Velázquez, lo que dio un total de 33 implicados, casi todos los cuales actualmente continúan en prisión sujetos a proceso.
Al respecto, es de destacar que horas después del aseguramiento de los elementos policiales se suscitó una manifestación de apoyo y exigencia de liberación de los mismos en la que participaron personas de distintos sectores sociales (transportistas, integrantes de grupos de autodefensa y mineros), lo cual guarda correspondencia con parte de las instrucciones que dieron los hermanos Salgado Casarrubias (Adán Zenén, José Ángel y Sidronio), líderes de los Guerreros Unidos a Gildardo López Astudillo, según se desprende de los citados Chats de Chicago.
- Miente en lo concerniente a la ejecución de indigentes (hasta 80 personas) en los días posteriores a la desaparición de los normalistas para hacer pasar sus cuerpos por los de las víctimas. El hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo se dio a partir de la detención de 4 integrantes de los Guerreros Unidos, de nombres Marco Antonio Ríos Berber, Luis Alberto José Gaspar, Honorio Antúnez Osorio y Martín Alejandro Macedo Barrera, llevada a cabo por la Fiscalía de Guerrero. En el procesamiento de dichas fosas hubo presencia de personal de la CNDH en carácter de observadores. Posteriormente, la institución ministerial dio a conocer el citado hecho en conferencia de prensa y generó un desglose a la PGR para que investigara aspectos de su exclusiva competencia (delincuencia organizada).
Consecuentemente, la PGR anunció que atraería el caso. En los trabajos de identificación de los cuerpos participaron peritos de la PGR, la División Científica de la PF y la Fiscalía Estatal, en presencia de visitadores adjuntos de la CNDH y de las peritas forenses de nacionalidad argentina acreditadas como coadyuvantes. Eran cuerpos completos, expuestos al fuego pero con presencia de tejidos blandos y que conforme al cronotanatodiagnóstico perdieron la vida entre 15 y 30 días antes de su hallazgo, por lo que no existe correspondencia con lo narrado por el testigo “Juan”.
Para efectos de analizar el ADN, se recabaron muestras de material genético que fueron confrontadas con las obtenidas de los padres de los normalistas, por lo que resulta absurdo, inverosímil, ilógico y demencial que se hubiese pretendido hacer pasar unos cuerpos por otros cuando a la fecha existen sofisticadas técnicas en materia de identidad de personas propias de los trabajos de genética forense.
A partir de ese momento, el control de la investigación quedó a cargo de la PGR. Tiempo después, peritos de esta última institución y las peritas argentinas dieron a conocer, en distintos momentos, que se logró identificar a varios de los cuerpos. Se dijo que algunos correspondían a integrantes de una familia procedente del Estado de México que fueron secuestrados por los Guerreros Unidos y otros a personas que desaparecieron en los meses de julio y agosto de 2014.
Finalmente, cabe señalar que la versión de la desaparición de indigentes es una versión propalada en su momento por los Guerreros Unidos a través de las redes sociales y una serie de mantas que aparecieron en Iguala, tal como lo documentó el GIEI en el primero de sus informes sobre el caso, sin que existan a la fecha denuncias sobre la muerte de un número considerable de personas el día 26 de septiembre o en los días posteriores.
- ‘Juan’ alude a un supuesto enfrentamiento entre bandas u organizaciones antagónicas, lo cual fue descartado por la CNDH en su recomendación, y una vez más incurre en contradicción con lo que obra en la averiguación previa, específicamente en lo relativo a la hora en que llegaron los estudiantes a Iguala.
- Por lo que hace al hallazgo de restos en el vertedero de Cocula y lugares aledaños al mismo, el hoy extestigo colaborador soslayó la cronología de los hechos o línea de tiempo de la investigación, dado que para entonces, se reitera, el control de la misma estaba en la PGR. En este rubro, debe tenerse presente que los restos de referencia fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, es decir a un fuego no controlado como es el de un horno crematorio. Los restos presentaron distintos grados de afectación por exposición al fuego (ahumamiento, calcinación y carbonización). Eso está debidamente dictaminado.
Así también, existen sendos dictámenes en los que se concluyó que entre los sedimentos o tierra del basurero de Cocula y el contenido de las bolsas encontradas en el Río San Juan existen coincidencias y rastros propios de incineración en el primero de dichos sitios.
- ´Juan´ no señala o admite su participación directa o activa en carácter de perpetrador, autor material e intelectual de la desaparición de los normalistas, tal como se desprende de los testimonios de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, los cuales se entienden “limpios” o espontáneos, esto es no afectados de nulidad o por haber sido obtenidos mediante tortura, pues, por el contrario, se desahogaron en presencia de personal de la Defensoría de Oficio, representantes del GIEI y asesores jurídicos de las víctimas; así como de la investigación de la CNDH y de los Chats de Chicago, obtenidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos de América.
Las escuchas legales de la DEA son reveladoras, dado que dan cuenta de las instrucciones que los hermanos Salgado Casarrubias, identificados como “Silver”, “Soldado del Amor” y “Aníbal”, dieron a Gildardo López Astudillo, identificado como “Romeo”, pretendiendo culpar a distintas personas e instituciones de gobierno de lo ocurrido.
Asimismo, por lo que hace a la pertenencia de “El Gil” o “Juan” a los Guerreros Unidos, existen las denominadas pruebas preexistentes a lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre, entre ellas diversos testimonios, así como el resultado de los cateos efectuados a varias de sus propiedades, donde se encontraron un número considerable de armas de fuego y 50 mil cartuchos.
- “Juan” culpa y exculpa a conveniencia, en un primer momento dijo que un comandante de la PF de apellido “Dorantes” nunca estuvo coludido con los Guerreros Unidos y en su más reciente comparecencia ante un Juez, afirmó o sostuvo lo contrario. De igual manera, en principio involucró en los hechos a otros funcionarios federales y más tarde, en una de sus ampliaciones de declaración, omitió tal referencia. En cualquier caso, es oportuno acotar que no basta con mencionar o aportar nombres para sostener una acusación. El Ministerio Público, en el caso la PGR, debe sustentar los resultados de su investigación en cúmulos probatorios y no en meras conjeturas o sospechas, mucho menos en el dicho de un delincuente, el cual debe ser valorado con absoluta reserva y contrastado con el resto de los datos de prueba a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión, esto es, cómo, cuándo, dónde y por qué.
- Acorde al propio dicho, el testimonio de “Juan” es de oídas, toda vez que se enteró de los hechos en reuniones, a través de un radio o mediante mensajes de BlackBerry. Asimismo, se entiende singular o aislado, carente de valor hasta en tanto no se adminicule con otro medio de prueba o convicción.
Hoy también cabe preguntar a cuál de sus declaraciones debe darse crédito, a las que rindió en 2015, inmediatamente después de haber sido detenido, o a las más recientes, destacando que en su oportunidad se adujo que fue víctima de tortura y que a la fecha ese aspecto no está debidamente probado, dado que se desconoce el estado que guarda la indagatoria en ese sentido.
Un aspecto a destacar es que existe jurisprudencia que establece que al momento de valorar los testimonios deberán privilegiarse los primigenios si no están afectados de nulidad y que respecto de los posteriores deberá actuarse con absoluta cautela ya que suelen resultar extemporáneos, contradictorios, inconsistentes y muy probablemente inducidos, las más de las veces por la defensa.
Las filtraciones son acciones irresponsables y condenables que enturbian las investigaciones, por lo que deben ser ejemplarmente sancionadas. Contrario a ello, lo que a la fecha se requiere es actuar con absoluta seriedad en el análisis del caso, actuando en forma sensata y privilegiando en todo momento los derechos humanos de las víctimas, particularmente el derecho a la verdad, previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), al igual que en los numerales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 20 y 22 de la Ley General de Víctimas.
Consecuentemente, es claro que debe investigarse el proceder del extitular de la UEILCA Omar Gómez Trejo, quien, a pesar de lo anterior, utilizó el falaz testimonio de López Astudillo para formular imputaciones contra personas diversas, buscando imponer una nueva versión de lo ocurrido que terminó por enrarecer aún más la indagatoria. Asimismo, dicho exfuncionario incurrió en otras irregularidades y ello debe generar que se le finque responsabilidad penal y administrativa, tal como se precisa más adelante.
2. La intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.
En este apartado son de resaltar los datos que surgen si revisamos a detalle la línea de tiempo en la investigación del caso, toda vez que conforme a lo que indagó la Fiscalía General del Estado de Guerrero y en buena parte la PGR ha quedado establecido que fueron elementos de distintas policías municipales, particularmente las de Iguala, Cocula y Huitzuco quienes intervinieron de inicio en la agresión de que fueron víctimas los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y otras personas, y que fueron quienes se coordinaron o coludieron integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos para tal efecto, siendo ese aspecto corroborado con parte de los datos o información que se desprende de la intervención legal de comunicaciones llevada a cabo por autoridades de los Estados Unidos de América, específicamente por la DEA.
En las primeras horas del 27 de septiembre de 2014, derivado de un operativo de búsqueda y/o resguardo implementado por la PGEG, se localizó a 68 estudiantes, los cuales fueron conducidos a las instalaciones de la Fiscalía Regional con sede en Iguala, siendo algunos de los mismos quienes aportaron la primer versión sobre lo ocurrido al rendir declaración ministerial en presencia de defensores de oficio y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto es que habían sido agredidos por integrantes de la Policía Municipal de la enunciada localidad.
Como consecuencia de lo expuesto, se procedió a concentrar a aproximadamente 250 elementos de la señalada corporación policial en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y una vez que se contó con los datos de prueba necesarios (Resultados positivos a las pruebas de rodizonato de sodio y Lunge
-efectuada a las armas de cargo-. Periciales en materia de balística de efectos permitieron establecer correspondencia entre elementos balísticos recolectados
-ojivas y cartuchos- en los distintos lugares de los hechos y armas de cargo. Confesiones calificadas divisibles de los imputados, quienes se ubicaron en modo, tiempo y lugar respecto de los hechos en que perdieron la vida 6 personas, 25 resultaron lesionadas y 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Identificación de 19 individuos en carácter de agresores, llevada a cabo por parte de algunos normalistas) se consignó a 22 de los mismos, ampliándose días después el ejercicio de la acción penal contra 11 sujetos más, entre ellos José Luis Abarca.
De igual modo, la Fiscalía Estatal de referencia identificó por nombres y apellidos a la mayoría de los integrantes del grupo denominado “Los Bélicos” (más de 60), a quienes, en su momento, Alejandro Encinas Rodríguez; atribuyó un grado de participación importante en los hechos. Hoy se sabe que 12 de los primeros 22 policías consignados, eran miembros de la enunciada agrupación. El listado o registro correspondiente fue entregado a la PGR en cuanto atrajo el asunto de mérito, el 4 de octubre de 2014.
En efecto, en los más recientes reportes o informes oficiales se ha resaltado el papel que jugó el referido grupo en la desaparición de los estudiantes, especialmente cuando acudieron a las instalaciones de la Policía Municipal de Iguala, donde el entonces Oficial de Barandilla, Ulises Bernabé García (hoy sujeto a proceso de extradición), les entregó, al igual que a policías de Cocula, entre ellos César Nava González) y a elementos de Protección Civil (entre ellos David Cruz Hernández), entre 17 y 20 normalistas, tal como fue declarado por dos integrantes de la organización delictiva “Guerreros Unidos” que detuvo la PGJEG, el 3 de octubre de 2014, de nombres Marco Antonio Ríos Berber y Honorio Antúnez Osorio. Otro elemento policial, llamado Hugo Hernández Arias, sostuvo haber visto a 10 detenidos en el patio de la Comandancia, de donde fueron sustraídos por elementos de la Policía Municipal de Iguala a bordo de dos patrullas.
En la citada acción, también se logró establecer que participó el subdirector de la Policía Municipal de Iguala -Salgado Valladares- quien tiempo después se supo que interactuó con Gildardo López Astudillo a efecto de determinar qué hacer con los jóvenes detenidos, hoy desaparecidos.
Sobre el particular, destaca que al emitir la Recomendación 15VG/2018, la CNDH demostró que Ulises Bernabé tuvo a su disposición a de 23 a 28 normalistas, a la postre desaparecidos, previamente detenidos en el cruce de las calles de Juan N. Álvarez y Periférico de Iguala cuando iban a bordo del autobús 1568 en aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, y que indebida e ilegalmente -junto con Francisco Salgado Valladares, Subdirector de la Policía de Iguala- entregó a esos normalistas detenidos a César Nava, Subdirector de la Policía de Cocula, quien por orden de “El Patrón”, Autor Intelectual de los hechos y líder no visible de la Organización Criminal de los “Guerreros Unidos”, acudió esa noche a la Comandancia de Iguala y, sin jurisdicción alguna, exigió la entrega de los estudiantes argumentando “órdenes superiores”, por lo que procedió a llevárselos y los trasladó al paraje Loma de Coyotes, donde los entregó a sicarios del grupo criminal de los “Guerreros Unidos” al mando de Gildardo López Astudillo (a) “El Gil”, con nombre clave de “Juan” en su faceta de Testigo Protegido de la UEILCA, promovido por el GIEI.
Los detalles de estos pasajes están consignados en la Recomendación de la CNDH en el “Caso Iguala” del 28 de noviembre de 2018, particularmente en el Apartado 11 relativo a la “Persecución y Agresión a los Normalistas que Viajaban en la Caravana de Autobuses Interceptada en la Calle Juan N. Álvarez y Periférico. Desaparición de los Normalistas que iban a Bordo del Autobús ‘Estrella de Oro’ 1568”; en el Apartado 18 relativo al “Traslado y Entrega de un Grupo de Normalistas a la Organización Criminal ‘Guerreros Unidos’ por Elementos de Corporaciones Policiales”; en el Apartado 22 relativo a la Georreferenciación de Líneas Telefónicas; en el Apartado 26 que trata “Sobre la Transmisión de Órdenes para Ejecutar Actos de Desaparición de los Normalistas de Ayotzinapa” (Autoría Intelectual); y en el Apartado 27 que trata “Acerca de las Motivaciones que Originaron las Agresiones Contra los Normalistas de Ayotzinapa” (Móvil).
Lo anterior, guarda correspondencia con lo se desprende de un chat aparentemente obtenido por la SEDENA que encontró y dio a conocer la COVAJ en la época de Alejandro Encinas Rodríguez, en el que se advierte el diálogo que sostuvieron los sujetos identificados como Francisco Ignacio Salgado Valladares, alias “El Valla” y Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, ambos integrantes de los Guerreros Unidos, con relación a la privación de la libertad de varios normalistas y su posterior desaparición.
Por lo tanto, se advierte que lo que dio a conocer el GIEI como un hallazgo propio cuando difundió el reporte militar en cuestión es falso, dado que la mencionada información es parte de la averiguación previa iniciada a nivel estatal que fue entregada a la PGR.
El más reciente Informe del Gobierno Mexicano sobre el caso Ayotzinapa, contiene, al menos, 14 menciones a diligencias llevadas a cabo por la PGJEG. A guisa de ejemplo, cuando se aborda lo relativo al intercambio de comunicaciones telefónicas o red técnica de vínculos entre policías municipales, se menciona a 5 de los primeros 22 agentes que detuvo o consignó el Ministerio Público Estatal, todos miembros del grupo conocido como “Los Bélicos”, de nombres Miguel Ángel Hernández Morales, Iván Armando Hurtado Hernández, Fausto Bruno Heredia, Francisco Salgado Valladares, Zulaid Marino Rodríguez y quienes tripulaban la patrulla 302 de Cocula (César Nava).
De igual modo, en el documento en mención se retoman aspectos derivados de las diligencias primarias, tales como que los GU operaron por células, que existieron distintas rutas de desaparición, que un grupo de normalistas fue llevado a la Comandancia, que en los hechos tuvieron una participación importante el grupo de reacción inmediata conocido como “Los Bélicos”, elementos de Protección Civil de Iguala y policías de Cocula.
A lo expuesto, se suma la investigación previa de los Guerreros Unidos, con especial referencia a José Luis Abarca Velázquez, iniciada por la Fiscalía Estatal varios meses antes del 26 y 27 de septiembre de 2014, de donde se desprendieron datos sobre la estructura organizacional, modus operandi y zonas de influencia de tal agrupación criminal, todo lo cual fue compartido durante 2013 y 2014 con autoridades del Gobierno Federal (PGR, SEDENA, CISEN, SEMAR y PF). En el desarrollo de la indagatoria, se desmanteló un narco-laboratorio ubicado en la colonia San Miguelito; Iguala, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, se efectuaron consignaciones contra miembros de los GU y se encontraron fosas clandestinas y osamentas, por lo que se efectuaron los desgloses correspondientes a la SEIDO para que se efectuaran consignaciones por delincuencia organizada.
Así las cosas, con relación a la averiguación previa HD/SC/01/0758/2013, radicada por la FGEG en la atención del secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otros, misma que motivó el inicio de la diversa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, es oportuno precisar que la judicialización de esta última propició que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas, impusiera una sanción privativa de libertad de 92 años a José Luis Abarca Velázquez. El 90% de las diligencias practicadas en el desarrollo de la indagatoria fueron realizadas por el Ministerio Público Estatal, siendo reconocido ese trabajo recientemente por la señora María Soledad Hernández Mena, hija de la citada víctima.
2.1. Acciones de Combate a la Delincuencia llevadas a cabo por la PGJEG.
A la fecha hay quien sostiene que entre 2013 y 2014, el Gobierno del Estado de Guerrero toleró o no combatió a la delincuencia, por lo que en ese sentido es oportuno acotar las acciones que llevó a cabo en ese rubro la PGJEG, las cuales se hicieron públicas en diversas conferencias de prensa, se reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública y obran dentro de las averiguaciones previas afectas al caso Ayotzinapa.
En colaboración con la Policía Federal se detuvo a casi 100 integrantes de la organización criminal denominada Los Rojos, entre ellos a varios de sus líderes o cabezas visibles; algunos familiares del hoy prófugo Omar Cuenca Marino, de quien se sabe, existen alusiones o referencias en el caso Iguala; a Carmen Nava Romero La Doña; a Lizbeth Cantorán Guerrero La Güera Guerrillera, y al oficial mayor de Chilapa, Vicente Jiménez Aranda. Al respecto, la Fiscalía General dio a conocer información oficial en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional región centro, celebrada a principios de septiembre de 2014, en la Ciudad de México.
Son de destacar los casos del secuestro del diputado local Olaguer Hernández Flores, ordenado por Jorge Higashi Chávez, alias El Chino o El Japonés, a quien en su momento se consideró segundo en la estructura de mando del grupo criminal y que fue detenido en cumplimiento a la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público del estado de Guerrero, así como el atentado que sufriera el empresario miembro de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) del estado, Pioquinto Damián Huato, en la ciudad de Chilpancingo, donde como resultado de la intervención de la Fiscalía General se detuvo a más de 30 integrantes de Los Rojos, tal como se hizo público en su oportunidad.
De igual manera, debe tenerse presente que durante el enunciado periodo se alcanzaron resultados relevantes en lo concerniente a los homicidios de personas identificadas como “luchadores sociales”, Juventina Villa Mojica y su hijo, Reynaldo Santana Villa; Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo; Raymundo Velázquez Flores; Samuel Vargas Ramírez; Miguel Ángel Solano Barrera —integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ)— y el de María Edy Fabiola Osorio Bernáldez y Layby Esther García Ruiz, integrantes de la organización ecologista Guerreros Verdes, en todos los cuales hubo detenidos e incluso hay sentenciados. Asimismo, en coordinación con la Procuraduría General de la República, se hizo del conocimiento público el estado que guardaba el caso (secuestro agravado) de los ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz.
También se logró la obtención de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en agravio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y su chofer Erick Estrada Vázquez, y el esclarecimiento del homicidio del señor Arturo Rivera Olivera, coordinador municipal del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en Metlatónoc, Guerrero.
En poco más de un año, la Fiscalía General detuvo a 403 secuestradores, siendo esta la cifra más alta alcanzada en ese entonces a nivel nacional y en la historia del estado de Guerrero. Como consecuencia se desmantelaron 70 bandas dedicadas a la comisión de dicho ilícito, conformadas por integrantes de distintas organizaciones delictivas, entre estas “Los Rojos”, “Guerreros Unidos” y “Los Ardillos”, y se liberó a 270 víctimas. No es de soslayar que el desmantelamiento de todas esas organizaciones trajo consigo una disminución significativa en la comisión del ilícito de secuestro en los años más recientes en el estado de Guerrero.
Lo anterior, es relevante si se toma en cuenta que actualmente hay quien dice que en el periodo de referencia se toleró a la delincuencia organizada.
Conforme a información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 2013 y el 2014, los trabajos llevados a cabo por la Fiscalía General del Estado de Guerrero permitieron alcanzar una disminución significativa en la incidencia delictiva. Para el caso del secuestro hubo una disminución del 48%, de un 35% tratándose de homicidios dolosos, de un 8.6% en la comisión del delito de extorsión y de un 16.7% en el robo de vehículos.
3. La intervención de Omar Gómez Trejo en la investigación del caso.
La falta de ética y profesionalismo para brindar adecuados apoyos en lo jurídico, psicológico y social en favor de las personas afectadas por los delitos cometidos en el caso Iguala, ha sido una constante en el proceder de un número indeterminado de oportunistas que han aprovechado las circunstancias para lucrar con el dolor de las víctimas, a quienes no les han informado con total transparencia, sinceridad y sensatez qué datos de prueba debidamente consolidados obran en la indagatoria oficial, qué líneas de investigación deben ser desestimadas por no contar con evidencias o hallazgos mínimos y qué vertientes de la indagatoria son útiles para hacer efectivo el Derecho a la Verdad, todo lo cual se traduce en severas omisiones a las tareas de coadyuvancia que debieran realizar en estrecha coordinación con el Ministerio Público de la Federación, aportando ideas o datos reveladores, útiles e idóneos para construir una certera teoría del caso.
Lo anterior, guarda relación con las líneas de investigación que hoy mismo se impulsan o manejan como pendientes, las cuales, si bien es cierto deben ser agotadas, no menos lo es que se exponen parcialmente o en forma sesgada, dado que entre dichos asesores hay quienes han encubierto, ocultado o soslayado el desvío, daño u obstrucción ocasionado al aparato de procuración de justicia derivado del desaseo que, contrario a lo que muchos sostienen, caracterizó a la gestión de Omar Gómez Trejo en carácter de titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, siendo todo ello tolerado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana (GIEI).
Las omisiones o actos llevados a cabo por el personaje en cuestión son tanto o más graves que aquellos que se imputan a Tomás Zerón de Lucio, extitular de Agencia de Investigación Criminal (AIC), dado que, mediante un uso faccioso y doloso del aparato que, de buena fe, se puso a su disposición, incurrió en responsabilidad penal y administrativa que está siendo investigada.
En principio, Gómez Trejo no subsanó los errores de algunas de las consignaciones que llevó a cabo la anterior administración la PGR, toda vez que al obtener o contar pruebas supervenientes (testimonios, análisis forenses de telefonía, transcripciones de escuchas legales y documentales diversas) debió ofrecerlas, en tiempo y forma, a fin de evitar la liberación de decenas de procesados, todos integrantes de los Guerreros Unidos.
De igual manera, pudo “reparar” las injusticias propias del caso (liberaciones en cuestión), allegándose de elementos probatorios para proceder penalmente en contra de los sujetos imputados y liberados, acusándolos por otros hechos de carácter delictivo, dado que, en razón de su pertenencia a una agrupación criminal, se sabe de su participación en múltiples secuestros, homicidios, extorsiones y acciones propias de narcotráfico, empero, no lo hizo.
A lo expuesto, se suma el hecho de que a pesar de haber sido conminado por la autoridad jurisdiccional (Samuel Ventura Ramos) a fin de que instancias independientes realizaran los Protocolos de Estambul de todos los indiciados que alegaron haber sido torturados, éstos no se llevaron a cabo y/o presentaron en el término de ley, lo que propició que el juez requirente tuviera por ciertos los señalamientos de tortura y determinara la liberación de decenas de los responsables de la desaparición de los normalistas. Lo anterior, derivó de parte del contenido de la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con residencia en Tamaulipas en 2018, por lo que no puede alegarse que Gómez Trejo no tuvo tiempo para allegarse de los protocolos y evitar que decenas de integrantes de los Guerreros Unidos recuperaran su libertad, entre ellos Gildardo López Astudillo (a quien más tarde hizo testigo colaborador), dado que desde que asumió el cargo de fiscal especial, debió imponerse del contenido de la mencionada resolución y llevar a cabo las acciones legales correspondientes.
En este sentido, pudo haber hecho propios los de la anterior administración de la CNDH, pero sabía que no le eran útiles para acreditar la hipótesis relativa al uso permanente o sistemático de la tortura que impulsaban él y el GIEI, dado que dicho organismo nacional solo acreditó 9 de 72 casos denunciados. La omisión fue consciente, dado que al hacerlos de nuevo se corría el riesgo de que muchos resultaran negativos.
Por otra parte, no obstante que existe una acusación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra José Luis Abarca, Gómez Trejo omitió impulsar el aseguramiento de los bienes del citado imputado, entre los cuales destaca la Plaza Tamarindos y la mayoría de los locales del Centro Joyero de la enunciada localidad guerrerense.
También existen casos de individuos a los que no imputó, entre los cuales resalta el de Zenén Casarrubias Salgado, conocido como 'El Tomate' o 'El Tomatito', quien fue detenido en 2015 y extraditado en 2022 a la Unión Americana.
Como se advierte, el exfiscal consintió y toleró la liberación de diversos integrantes de los Guerreros Unidos, por lo que válidamente puede presumirse que se alió con varios de los mismos, particularmente con Gildardo López Astudillo, a pesar de su probada participación en los lamentables acontecimientos de Iguala, reconociéndolos como testigos colaboradores, quienes, en un claro contubernio, le ayudaron a construir una verdad a modo o conveniencia de los grupos u organismos que lo respaldaron para ocupar el cargo en cuestión. Verdad que está plagada de interrogantes.
Hoy incluso se sabe que en el mes de septiembre de 2022, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR practicó una visita de supervisión a la UEILCA y que, como resultado se advirtió, entre otras cosas, que existió un uso excesivo o ilegal de la declaración del testigo colaborador “Juan” (Gildardo López Astudillo), dado que no se practicaron mayores diligencias para corroborar o desestimar los “datos” que éste aportó, siendo un testimonio singular, aislado y de oídas.
Mención especial para los denominados "pantallazos" (467 capturas y 37 mensajes de WhatsApp), dados a conocer en 2022, que no soportaron el más mínimo análisis pericial y que incluso fueron descalificados por el GIEI.
Así las cosas, es de suma importancia que alguien les precise o detalle a los padres de los normalistas todos los claroscuros, omisiones, irregularidades e ilegalidades en que incurrió Omar Gómez Trejo, a quien, por el contrario, erróneamente se le reconoce haber aportado avances importantes, cuando lo cierto es que su intervención resultó en extremo desaseada.
4. Las referencias hacia mi persona, derivadas de la imputación que formuló Omar Gómez Trejo.
La principal diferencia entre el trabajo de Omar Gómez Trejo y el de la Procuraduría General de Justicia que encabecé entre 2013 y 2014, es que esta última institución ministerial estaba investigando a los Guerreros Unidos desde antes de los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre, y que, en distintos momentos, se solicitó a la Procuraduría General de la República que detuviera al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez por sus vínculos con la delincuencia organizada. Así también, cabe recordar que, en ese entonces, el Ministerio Público estatal compartió la información obtenida sobre el modus operandi, zonas de influencia y estructura de dicha agrupación criminal con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Policía Federal, dando origen a un documento intitulado 'Objetivos de Atención Especial' que fue dado conocer a principios del mes de agosto de 2014 a los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por los Delegados de la PF, el CISEN y la PGR, además de los comandantes de la SEDENA y la SEMAR, en el que quedaron al descubierto los vínculos de varios ediles con la delincuencia organizada.
A su vez, por lo que hace a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, como ya se mencionó, se detuvo y consignó a 33 personas que continúan en prisión sujetas a proceso, sin que a la fecha se haya documentado un solo caso de tortura imputable a personal de la institución ministerial guerrerense, tal como consta en el informe titulado "Doble Injusticia", elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y en la recomendación que emitió la CNDH.
A mayor abundamiento, dos días antes del 26 de septiembre, el suscrito solicitó la detención de Abarca al titular de Secuestros de la SEIDO, quien respondió que estaban por hacerlo (sólo faltaba la declaración de un “TP” –testigo protegido-, tal como consta en un mensaje de WhatsApp del que dio fe el personal ministerial que tomó mi declaración en el mes de octubre de 2014.
En tanto, Omar Gómez Trejo, al ser omiso, facilitó la salida de la cárcel de un número considerable de miembros de los Guerreros Unidos y a varios de ellos los hizo testigos colaboradores, mismos que se prestaron a declarar lo que él quería oír, sin contar, las más de las veces, con otros medios de prueba para respaldar sus dichos, entre los que destaca el de Gildardo López Astudillo, identificado en el expediente del caso como ‘Juan’, quien fue su principal aliado para proceder contra varias personas a pesar de tratarse de un testimonio plagado de yerros e inconsistencias que lo vuelven inverosímil.
Un último aspecto a considerar, se reitera, es que derivado de las diligencias practicadas por la PGJEG, en la atención del secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otros, misma que motivó el inicio de la diversa PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Tamaulipas, le impuso una sanción privativa de libertad de 92 años a José Luis Abarca Velázquez. El 90% de las diligencias practicadas en el desarrollo de la indagatoria fueron realizadas por el Ministerio Público Estatal. Ese trabajo fue reconocido públicamente en fechas recientes por la señora María Soledad Hernández Mena, hija de la citada víctima.
5. Extradición e investigación de otros partícipes en la investigación oficial.
Hoy en día, se insiste, con justificada razón, en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, más no así en la de Abraham Eslava Arvizu, extitular de la Unidad de Robo de Vehículos de la SEIDO, quien está plenamente probado que participó en acciones que ensuciaron, enturbiaron y desviaron la investigación ministerial, entre ellas la tortura infligida a varias personas. Asimismo, nadie exige la detención o al menos la comparecencia del superior inmediato de este último sujeto y del extitular de la Unidad Antisecuestros Gualberto Ramírez Gutiérrez (detenido por la comisión de diversos delitos), quien, por obvias razones, estuvo al tanto de las acciones o conductas llevadas a cabo por sus subordinados y estructuralmente hablando, fue quien dirigió, encabezó y coordinó la indagatoria, en estrecho contacto con su par y auxiliar policial, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.
Es válido y justificado insistir en las extradiciones de Zerón de Lucio, Eslava Arvizu y Bernabé García, pero también debe ubicarse a quienes, acorde a las líneas o cadenas de mando, conocieron e incidieron en los resultados de las diligencias ministeriales que se sabe están afectadas de nulidad (detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, falsificación y alteración de documentos, inadecuados procesamientos de los lugares de los hechos, abusos de autoridad y actos de tortura).
Bajo tal escenario, se colige que el entones titular de la SEIDO fue un actor importante o de especial relevancia en la toma de decisiones y en el desarrollo de la investigación, por lo que la obtención de su testimonio debe ser prioritaria para conocer y llenar varios de los vacíos de las indagatorias.
6. El escenario del “Puente El Chipote”.
Del análisis de lo actuado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero puede advertirse en lo referente a lo ocurrido en el escenario conocido como “el Puente El Chipote”, recientemente retomado por la UEILCA como un tema central del caso, que la noche en que fueron desaparecidos los normalistas de Ayotzinapa, participaron diversas autoridades (municipales, estatales y federales), entre ellas la patrulla con número económico 028 de la Policía Municipal de Iguala, tripulada por Nicolás Delgado Arellano (bélico), Alejandro Andrade Cruz y Hugo Salgado Wences (bélico), todos los cuales dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, esto es que realizaron dispararos con armas de fuego, y al mismo tiempo sus armas de cargo arrojaron un resultado positivo en la prueba de Lunge, es decir que habían sido accionadas recientemente, por lo que fueron consignados. A su vez, Fausto Bruno Heredia (también acusado a nivel estatal), quien de igual modo dio positivo en la prueba de rodizonato, al día de hoy está identificado como uno de los policías municipales de Iguala que coordinaron la intercepción inicial del autobús número 1531. En tanto, otro policía municipal de Iguala, de nombre Emilio Torres Quezada (bélico), igualmente detenido e imputado en Guerrero, dio datos sobre lo ocurrido en El Chipote, tal como consta en su declaración del 28 de septiembre de 2014. Finalmente, al declarar ante el Ministerio Público Estatal, Honorio Antúnez Osorio (miembro de los Guerreros Unidos) aportó nombres y/o apodos de quienes tripulaban o tenían asignada la patrulla 024 de Iguala.
Los municipales Alejandro Andrade Cruz y Nicolás Delgado Arellano fueron contestes en corroborar la llegada y presencia de dos agentes y dos patrullas de la Policía Federal en el lugar en cuestión, respecto de lo cual hoy se sabe que estos últimos fueron acusados por la PGR y responden a los nombres de Emmanuel del Cruz Pérez Arizpe y Víctor Manuel Colmenares Campos.
La CNDH de la anterior administración, descubrió buena parte de lo que ocurrió en el escenario criminal del “Puente del Chipote”, específicamente la desaparición de 15 a 20 normalistas a manos de las Policías Municipales de Iguala y Huitzuco con la participación de la Policía Federal y elementos de la Policía Ministerial de Guerrero.
Las evidencias recabadas por la Oficina Especial Para el “Caso Iguala”, entre ellas lo expuesto por un testigo de identidad reservada (chofer del autobús), tal como se explica en el Reporte Preliminar y en la Recomendación 15VG/2018, permitieron reconstruir o recrear el acontecimiento de referencia, incluso los diálogos y las actitudes de los perpetradores. Dicho Organismo Nacional produjo una recreación con imágenes reales y animadas en tercera dimensión a efecto de reconstruir la desaparición de un grupo de normalistas. El video tiene millones de reproducciones en la red y es el material videográfico al que han recurrido distintos medios de comunicación para ilustrar sus reportajes con relación al hecho delictivo que hoy se continúa investigando.
7. Algunas preguntas que requieren respuesta.
El que esto suscribe, estima que con relación a la investigación que impulsan algunas personas sobre mi intervención en el caso Iguala, cabe hacer las siguientes preguntas:
- ¿Cómo es posible que se planteé una supuesta colusión entre mi persona y la delincuencia organizada que intervino en la desaparición de los normalistas, si existe un número importante de datos de prueba (acuses de recibo de documentación diversa, relacionada con la investigación que radicó la PGJEG en contra de los ‘Guerreros Unidos’, con especial referencia a José Luis Abarca; averiguaciones previas y carpetas de investigación del caso Iguala y vinculadas al mismo; correos electrónicos; chats de WhatsApp; escuchas legales de la DEA; informes o reportes oficiales del caso Iguala y de acciones emprendidas contra la delincuencia entre 2013 y 2014, y múltiples testimonios de exfuncionarios de la representación social estatal) para acreditar que en periodo de mérito se investigó, detuvo y consignó a un número importante de miembros de la delincuencia organizada, entre ellos 33 sujetos que participaron en la desaparición de los normalistas; que en ese entonces, desde muchos mese antes al 26 de septiembre, se entregó información sensible sobre la enunciada agrupación criminal a distintas instancias del Gobierno Federal, y que al día de hoy, las bases de la indagatoria ministerial que encabecé están inalteradas?
- ¿Dónde está la organización que supuestamente encabecé y, de manera permanente y reiterada, llevó a cabo conductas ilícitas, dado que no soy omnipresente o poseo el don de la ubicuidad para haber realizado tareas ministeriales, policiales y periciales con la finalidad de colaborar y brindar protección a la delincuencia organizada por años y alterar las diligencias llevadas a cabo en la atención del caso Iguala, respecto de lo cual, debí dar instrucciones a un número importante de servidores públicos o contar con su apoyo para lograr tal objetivo?
- ¿Por qué razón, si existía el señalado contubernio, la PGJEG investigaba a los Guerreros Unidos, detuvo y consignó a varios de sus miembros, entre ellos a Abarca, si se corría el riesgo de que éstos delataran tal relación ante las autoridades federales?
- ¿Existe algún antecedente, debidamente comprobado por peritos en materia de análisis de telefonía y de voz, para establecer que interactué vía llamada o mensaje con algún miembro de la delincuencia organizada antes o después de la noche de Iguala?
- ¿Por qué razón si existía contubernio, un exintegrante del Grupo de Coordinación Guerrero y exmiembro del Gabinete Federal del exPresidente
- Andrés Manuel López Obrador, me entregó información y puso sobre aviso de que José Luis Abarca ordenó ejecutarme?
Omar Gómez Trejo, al igual que Tomás Zerón, Abraham Eslava y Ulises Bernabé García, se encuentran en el exilio; otros responsables de los hechos están escondidos o resguardados a pesar de sus evidentes y condenables acciones, entre ellos el extitular de la SEIDO cuando ocurrieron los lamentables hechos de Iguala; en tanto, yo, aquí sigo y seguiré. Ojalá que más pronto que tarde, aquellos rindan cuentas.
8. El Derecho a la Verdad.
El derecho a la verdad consiste en que las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones a los derechos humanos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero, o bien el de sus restos. El derecho a la verdad acarrea la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
En ese sentido, los miembros de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) y los responsables de la UEILCA de la FGR, deben ser capaces de evaluar y ponderar las pruebas y de actuar con sano juicio o buen criterio. Su tarea es de carácter legal y mora. De nada servirá la creación de la Comisión para la Verdad si no se tienen presentes cuatro objetivos fundamentales: 1. El conocimiento de la verdad. 2. Impulsar las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la justicia, esto es el castigo a los responsables de los hechos. 3. Promover la efectiva la reparación del daño en favor de las víctimas y 4. Establecer medidas de no repetición.
La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, nos colocó ante la oportunidad histórica de generar un precedente que ayude a recuperar la credibilidad y confianza en nuestras autoridades, y es por ello que no podemos dilapidarla. El esclarecimiento puntual de los hechos no debe generar mayores dudas, por el contrario, debe sustentarse sobre bases firmes que den lugar a una “verdad a secas” o una consistente y fehaciente “teoría del caso”, en la que no ha lugar a narrativas a modo de delincuentes.
El tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre, la verdad, tarde o temprano, se abre camino.
Recomendar Nota
