Guadalajara, Jal.- Guadalajara está llena de socavones. Unos aparecen después de una lluvia, otros porque una tubería ya no aguantó y otros justo cuando nadie estaba viendo. Socavajara, le dicen los llevados, pero resulta que los hundimientos no solamente aparecen en las calles, también los hay en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Ese último hundimiento no se puede acordonar con cinta amarilla, pero sí se puede exhibir. Está en un cheque por 493 mil pesos que el exsecretario ejecutivo, Christian Flores Garza, recibió como parte de un finiquito que incluyó conceptos de indemnización que, de acuerdo con la revisión de documentos oficiales, no le correspondían porque era funcionario de confianza. El monto bruto del pago, el que le costó a las y los jaliscienses, fue de 684 mil 517 pesos.
Y como en Tapatilandia la tantita madre abandonó la sala hace bastantes ayeres, siempre habrá un datito coctelero que corone el cinismo. Este caso, por supuesto, no es excepción: el propio exfuncionario firmó su cheque horas antes de dejar el cargo, el 30 de junio. Un autogol que le alegró el alma.
En cuanto el asunto salió a la luz, también lo hizo la receta clásica de la burocracia dorada: el IEPC señaló que “serán las instancias correspondientes” las que determinen si el pago fue correcto, o no. Lo que eso signifique.
Por lo pronto, el dinero ya salió. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más incómoda.
¿Por qué? Pues porque el Instituto Electoral acaba de solicitar 766 millones 203 mil pesos para organizar las elecciones locales de 2027 en las que se renovarán el Congreso y los 125 ayuntamientos. A eso se suma un presupuesto ordinario de 140.7 millones y más de 732 millones destinados al financiamiento público de partidos y candidaturas independientes.
Claro que acá nadie dice que la elección se organice gratis. Lo que indigna es que pidan más dinero sin que demuestren que saben cuidar el que ya tienen.
En una muestra más del cinismo institucional, el IEPC pide una bolsa millonaria para el proceso electoral en puerta, y al mismo tiempo nos enteremos que ahí se autorizó un pago irregular durante los últimos días de la ex presidenta Paula Ramirez Höhne. La analogía con los socavones es la misma: solicitar más fondos para llenar bolsas que comenzaron a vaciarse.
En agosto pasado, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, se reunió con la presidenta interina del IEPC, Claudia Alejandra Vargas, para garantizarle los recursos necesarios para la elección intermedia. A cambio, solicitó que el Ejecutivo eligiera el perfil que dejó vacante Christian Flores Garza. Al final, el acuerdo no prosperó porque la prensa filtró ese diálogo.
El puesto no es menor. La Secretaría Ejecutiva del IEPC participa en la coordinación de su estructura, en la ejecución de acuerdos y en la conducción administrativa de buena parte del aparato que hace posible una elección. Por eso, en la teoría, debe estar completamente desapegada de la agenda de partidos. En la práctica… bueno, en la práctica esto es Jalisco.
La cereza del pastel en este galimatías electoral es que el bienaventurado exfuncionario electoral buscó un espacio como vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nayarit. El 18 de septiembre, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional discutió su designación en la Junta Distrital Ejecutiva 1, en Santiago Ixcuintla.
Sin embargo, ante los cuestionamientos públicos por haberse autoavalado una indemnización irregular, su nombramiento fue retirado de la orden del día.
Por esas muestras de cinismo y despilfarro es que surgen 684 mil 517 preguntas de cara a los comicios del año entrante: ¿Cuánto cuesta la elección si descontamos los hoyos que seguro existen, pero nadie vio?
Antes de pedir más recursos para pregonar democracia, el IEPC debe demostrar que puede cuidar los que tiene. Y, ya aventurados, asumir responsabilidades, castigar a responsables y no dejar en manos de “instancias correspondientes” un acto que a todas luces es irregular y que se cometió en sus propias oficinas.
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